Del aborto a la reforma militar: el riesgo de encimar debates medulares

En su afán por salir de la parálisis que le provocó la “tormenta” económica de los últimos meses, el Gobierno arremetió con una batería de medidas destinadas a recuperar la iniciativa política: avanzó con una reforma de las Fuerzas Armadas, recortó las asignaciones familiares, anunció un nuevo aumento de las tarifas del transporte público y regresó ayer, pese a la lluvia, a los timbreos que impuso Cambiemos como una modalidad identitaria con lógica de campaña permanente.
En el discurso de los funcionarios, con el presidente Mauricio Macri a la cabeza, aparece siempre la idea de “hacer”, aún cuando se pueda incurrir en el error. Pero eso parece concebido como un mal menor frente al fantasma de los gobiernos que no gobiernan.
Para que esa mirada colectiva no se cristalice, los estrategas de la coalición gubernamental no dudan en encimar un tema detrás del otro: en ese tren, no resulta un obstáculo que el Congreso aún no haya saldado el debate de la legalización del aborto –que moviliza transversalmente a la sociedad-, para introducir en la conversación pública la reforma militar, con lo que eso implica en un país con el pasado de la Argentina. Todo esto, mientras que instrumenta un fuerte ajuste fiscal.
El propio Macri convalidó esta ofensiva al deslizar un comentario que bien le pudieron haber hecho en privado el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el asesor Jaime Durán Barba. “Le cayó bien a la mayoría de los argentinos”, afirmó el Presidente sobre el decreto que cambió las directivas de las FF.AA. Y que apunta a modernizar una estructura pensada para otras épocas en las que no aparecían en el radar militar amenazas del siglo XXI como son el narcotráfico y el terrorismo.
En el apresuramiento oficial por avanzar con la reforma existen otros motivos de orden político y económico. Por caso, la necesidad del Gobierno de reconectarse con una porción de su propio electorado que se puso crítico con Cambiemos por haber habilitado el debate del aborto. También hay una razón presupuestaria que no debe ser soslayada: el ministro de Defensa, Oscar Aguad, admitió que la reforma incluirá la venta de cuarteles del Ejército que ya no son funcionales.
La oposición política al Gobierno de Cambiemos está dividida, no sólo en términos de proyección electoral de cara a 2019 sino fundamentalmente a raíz de visiones contradictorias o directamente enfrentadas sobre el rumbo que debería adoptar el país. Pero la avanzada del Gobierno con medidas como la reforma de las Fuerzas Armadas puede unificar a los distintos sectores de oposición, que ya pidieron una sesión especial de la Cámara de Diputados para el 8 de agosto.
No sólo el kirchnerismo y la izquierda, que son los opositores más radicales a la administración de Cambiemos, expresarán su rechazo al decreto presidencial 683/18. También lo harán los peronistas federales –que se referencian en los gobernadores del PJ- y los massistas, que integran las bancadas a las que el oficialismo tiene en la mira para negociar el Presupuesto de 2019. Mal predisponer a esos bloques podría terminar siendo perjudicial para la política del Gobierno.

Luces amarillas
Las luces amarillas se encendieron también a raíz de otra medida adoptada por decreto: el recorte de las asignaciones familiares con beneficios por “zona desfavorable” en la Patagonia y el Norte argentino. Sólo basta hacer un repaso de los opositores que cuestionaron la decisión para comprender la delgada línea por la que transita Cambiemos: dos de ellos fueron el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el senador Miguel Angel Pichetto. Un norteño y un patagónico.
Urtubey es el gobernador peronista que mejor sintonía tiene con la Casa Rosada. Pichetto, el jefe del bloque del PJ que aísla a Cristina Kirchner en el Senado. No puede considerarse, entonces, que hacen una oposición obstruccionista a la gestión del presidente Macri. Incluso, están dispuestos a negociar el ajuste que la Nación demanda a las Provincias tras el acuerdo con el FMI, en nombre de la gobernabilidad. Pero sospechan que los recortes serán más importantes que lo pensado.

Recorte y presupuesto
Entre los economistas que asesoran a los gobernadores se habla mucho en las últimas semanas del concepto de “locación del gasto”. Así aluden al impacto del presupuesto sobre el territorio. El recorte de las asignaciones familiares es un ejemplo de lo que temen que suceda masivamente el año que viene. Esto es, que el Gobierno nacional reduzca el financiamiento de beneficios que, en definitiva, son percibidos en las Provincias. La obra pública está en esa lista de preocupaciones.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, encuentra un problema adicional a la hora de negociar con los gobernadores, ya que les reclama un entendimiento político y desde el propio Gobierno no pierden oportunidad de rechazar “un gran acuerdo” con la oposición.
El último que lo hizo fue el filósofo Alejandro Rozichtner, asesor discursivo de la Jefatura de Gabinete. Esto tiene su lógica: el “marcospeñismo” siente que superó la crisis y que vuelve a influir decisivamente sobre Macri.
Una prueba de ello es la agudización de la pelea del Gobierno con Hugo Moyano. En esa lógica de contrastes –que también se observa aquí en la Provincia con la gobernadora Vidal y el sindicalista docente Baradel-, el manual político del PRO se desarrolla en toda su dimensión. Mañana mismo el Ministerio de Trabajo pedirá el embargo de las cuentas de Camioneros para cobrar la multa de $810 millones por no acatar una conciliación obligatoria, que Moyano dijo que no piensa pagar.
“Son ellos mismos los que aceleran los tiempos”, advirtió el jerarca sindical días atrás, en tono amenazante. Más allá fue Luis D´Elía, en un exabrupto propio de quien no cree en el sistema democrático. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que algunos sectores intentan crear un clima de incertidumbre en la última parte del año. Señaló al dirigente Juan Grabois, cercano al Papa Francisco. No contribuyó así, precisamente, a calmar ánimos que se avecinan exaltados.