El caso de María Fernanda Inza, ahora ex contadora general de la Provincia, podría ser equiparado con el de Ricardo López Murphy, que durante el gobierno de la Alianza, allá por marzo de 2001, duró apenas dos semanas en el cargo de ministro de Economía de Fernando de la Rúa. Inza sumó apenas unos días. Fueron tan pocos que ni siquiera llegó a firmar un expediente.
La denuncia y posterior investigación judicial sobre supuestos aportantes “truchos” a la campaña electoral de Cambiemos para las elecciones de medio término del año pasado, fue un misil que pegó de lleno en la administración de María Eugenia Vidal. Tanto que la gobernadora, sorpresivamente, eligió un encuentro con la prensa convocado para explicar las mejoras en la ayuda social bonaerense, para anunciar que Inza había sido eyectada del cargo, antes de tener que lamentar males mayores.
La decisión, al menos en la intimidad, se conoció a media mañana cuando la ahora ex funcionaria ya tenía armada su agenda de trabajo con reuniones convocadas en su despacho. Sin dar mayores detalles desde su oficina, lógicamente, suspendieron todos esos encuentros.
Inza fue la tesorera de Cambiemos en la Provincia y como tal, la auditora de los fondos de aquella campaña, pero además, antes de ser nombrada contadora general de la Provincia (seriamente cuestionada por la oposición, vale aclararlo) había estado a cargo de la Secretaría de Legal y Técnica de la gobernación.
Por esos tiempos, el contador provincial era Gastón Messineo, quien se vio obligado a dejar el cargo tras ser responsabilizado por el fracaso del sistema de modernización aplicado en la provincia. Su reemplazante fue Inza, una contadora de 46 años y PRO de pura cepa. Duró poco. El martes apareció su nombramiento en el Boletín Oficial. Y ayer dejó el cargo.
Al anunciar que Inza dejaba de ser la contadora general, Vidal volvió a plantarse en uno de los postulados sobre los que Cambiemos supone que construyó su relación con los vecinos. La lucha contra la corrupción.
Los números de las encuestas que miden el nivel de aprobación de Vidal no vienen arrojando buenas noticias en los últimos meses y por eso, cerca de la mandataria, dicen que ante la bola de nieve en la que amenazaba transformarse la investigación judicial, había que cortar por lo sano, o al menos intentarlo. “Podríamos haber ordenado sólo una auditoría, pero creemos que con eso no alcanzaba. A nosotros nos votaron para otra cosa”, se repetía ayer en los pasillos de la gobernación.
“Obvio que no estamos exentos de quedar en medio de un caso de corrupción; a toda gestión le puede pasar”, se sinceraba ayer un estrecho colaborador de la mandataria, “y aunque esto no lo leemos como una cuestión personal en contra de Vidal, sino que apunta al frente Cambiemos en su conjunto, rápidamente había que demostrar que le vamos a poner la cara a cada denuncia”, explicaban.
En el seno del gobierno de la Provincia creen que detrás del caso Inza se esconde una trama político-judicial que algunos tildan de “operación berreta”. Y aunque no lo dicen creen ver detrás la mano del kirchnerismo.
Un integrante de la mesa chica de la gestión Vidal decía luego de conocida la decisión de la Gobernadora que ninguna fuerza política de la Provincia ni siquiera tenía aprobada la declaración de aportes para la campaña electoral de 2015. “A nosotros nos cuestionan la de 2017, sin embargo”, relataba lacónico.
Primero Vidal y luego el presidente Macri hablaron ayer de la necesidad de avanzar, por ley, hacia la bancarización de los aportes de campaña para transparentar las zonas grises (tal vez negras) de los financimientos partidarios. El proyecto lo está redactando el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, el ex “Lilito” Adrián Pérez. En honor a la verdad, al menos en el territorio bonaerense, no le dan muchas chances de aprobación. Vidal se comprometió, sin embargo, a bancarizar los aportes que reciba Cambiemos para las cruciales elecciones de 2019.
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