Dos de los impuestos que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se comprometió a eliminar de las facturas de electricidad no estaban vigentes por un litigio judicial pero empezaron a ser cobrados en enero de este año por un pedido de la propia mandataria a la Justicia.
Se trata de los fondos especiales de Desarrollo Eléctrico y de Grandes Obras que estaban en litigio judicial y por pedido de Vidal encarecieron un 15,5% las facturas desde enero, uno de los meses del año en los que más se consume electricidad por las altas temperaturas del verano.
El primero de los impuestos había sido creado durante el gobierno del interventor de facto de Francisco Antonio Imaz en 1967 con la promesa de que esos recursos específicos iban a ser utilizados exclusivamente para mejorar la red eléctrica en la provincia.
El segundo tributo, denominado de Grandes Obras, fue impuesto por el también interventor de facto Ibérico Manuel Saint Jean en 1978 y tenía el mismo objetivo que el primero, aunque más apuntado al transporte de la electricidad que a la distribución.
Ahora, ante una fuerte presión social por el impacto del aumento de tarifas y mientras la oposición intenta legislar sobre este tema en el Congreso para establecer límites a los incrementos, Vidal decidió eliminar los fondos para oxigenar las facturas.
Consultado sobre estos impuestos, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, dijo este martes que fueron sancionados en "una Argentina anárquica desde el punto de vista tributario" y que estaban destinados a "obras que nunca se hicieron".
A principios de 2016, los concejales radicales Carlos Elizalde y Ramiro Llan de Rosos de la localidad bonaerense de Pergamino -ubicada a 280 kilómetros al noroeste de La Plata- fueron a la Justicia para pedir la suspensión de los dos tributos.
Elizalde y Llan habían advertido en su presentación que "si bien la recaudación obtenida por esas disposiciones debía asignarse a obras, estudios y proyectos relacionados con la infraestructura eléctrica, los fondos iban a parar a rentas generales".
El aumento de tarifas -determinado por la administración Cambiemos a nivel nacional y respaldado por Vidal- se había comenzado a sentir con fuerza en las facturas y los concejales buscaban alivianar el esfuerzo de los contribuyentes.
El juez en lo Contencioso Administrativo Luciano Savignano hizo lugar al planteo de los concejales en mayo de ese mismo año y suspendió el cobro en principio sólo beneficiando a los dos demandantes.
Pero tras el fallo de Savignano, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que por entonces era conducida por Marcelo Honores hizo una presentación para que se suspendiera el cobro en todo el territorio bonaerense.
Luego de un año de no poder cobrar los impuestos, en noviembre de 2017, la gestión de Vidal hizo una presentación ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás para poder volver a embolsar el 15,5% de cada factura.
La Cámara hizo lugar al pedido de Vidal y en diciembre la Defensoría del Pueblo -ya en la gestión de Guido Lorenzino- fue a la Suprema Corte bonaerense para solicitar la inconstitucionalidad de los tributos, pero el alto tribunal avaló el fallo precedente y el gobierno provincial volvió a cobrar el 15,5%.
Ahora, ante una fuerte presión social por el impacto del aumento de tarifas y mientras la oposición intenta legislar sobre este tema en el Congreso para establecer límites a los incrementos, Vidal decidió eliminar los fondos para oxigenar las facturas.
Por ese motivo, por cada 1.000 pesos de factura de electricidad que los bonaerenses paguen desde que se oficialice la medida verán una rebaja de 155 pesos respecto de lo que pagaron en las boletas de enero, febrero y marzo.
(*) Columnista de NA.
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