En la Argentina no hay un Lava Jato, ni nada que se le parezca. Tampoco hay un Lula, ni un juez Moro. Sin embargo, tanto en sectores oficialistas como opositores se empeñan por estas horas en establecer comparaciones forzadas, en algunos casos atribuibles al voluntarismo político y en otros simplemente a la pereza intelectual. La realidad, no obstante, persiste en desmentirlos.
La primera comparación es la más evidente y se formula a modo de pregunta: ¿Si Lula fue preso en Brasil, Cristina Kirchner seguirá el mismo camino aquí? Se trata de dos ex presidentes en cuyos mandatos acontecieron actos de corrupción, ambos exponentes de una oleada de centroizquierda que se expandió por América Latina y que luego entró en una fase de decadencia.
Pero dentro del escenario regional, los procesos políticos de cada país tuvieron sus propias características. En Brasil, el Partido de los Trabajadores (PT) no perdió el poder en las urnas, sino a través de un “impeachment” a la ex presidenta Dilma Rousseff, mientras que en la Argentina el kirchnerismo cayó derrotado en elecciones legítimas, con un peronismo dividido ante Cambiemos.
Hasta que fue privado de su libertad, Lula era el dirigente brasileño con mayor intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo, en tanto que Cristina Kirchner viene de perder los comicios de medio término en esta provincia y las encuestas no pronostican que tenga chances de volver a la Casa Rosada en 2019. Hay, por ende, un liderazgo vigente y otro en declive.
Incluso encarcelado, Lula podría incidir en el proceso electoral de su país, mientras que Cristina Kirchner ya no consigue encolumnar al peronismo, lo que la aleja de las grandes mayorías. Otra diferencia notable: la ex presidenta cuenta con la protección del PJ en el Senado, que no levantará la mano para quitarle los fueros parlamentarios, lo mismo que ocurre con Carlos Menem.
El rearmado peronista
El máximo responsable de esa situación es Miguel Pichetto, el jefe del bloque de senadores del PJ, que curiosamente encabeza al mismo tiempo una corriente de renovación peronista cuyo punto de partida tuvo lugar el último viernes en Gualeguaychú, donde se aclaró de movida que no habrá espacio para Cristina Kirchner ni La Cámpora, lo cual jaquea los intentos de “unidad”.
Las diferencias entre el PJ dialoguista y el kirchnerismo son claras: los primeros creen que se debe negociar y tratar de influir en la agenda del Gobierno de Cambiemos, mientras que los seguidores de la ex presidenta tienen una línea rupturista. Ese cuadro quedó patentizado en el Congreso cuando la comparecencia del ministro de Finanzas, Luis Caputo, terminó en escándalo.
Por un lado, el senador José Mayans –del peronismo federal y alfil del gobernador formoseño Gildo Insfrán- le brindó a Caputo las garantías para que hiciera su descargo e incluso le permitió dar por terminado el encuentro por cansancio, aprovechando que la diputada kirchnerista Gabriela Cerrutti se descontroló por un insólito mensaje que le envió el propio ministro.
Como consecuencia, varios legisladores se quedaron sin la posibilidad de indagar a Caputo sobre su relación con un fondo offshore, del cual el funcionario afirmó ser un tenedor fiduciario –ya que estaría a nombre de un pariente-, pero los papeles que llegaron de Estados Unidos no lo ratificaron. El ministro le dijo luego al presidente Mauricio Macri que se quedara “tranquilo”.
Caputo quedó en el ojo de la tormenta porque a juzgar de un sector de la oposición, es el ministro clave del Gabinete presidencial: nada menos que el que consigue los fondos para financiar el “gradualismo” macrista. Y además de una razonable preocupación por el ritmo que lleva el endeudamiento externo, hay una fuerte especulación con que al Gobierno se le cierre ese grifo.
“Hasta que fue privado de su libertad, Lula era el dirigente con mayor intención de voto en Brasil”.
Apuesta por el fracaso
Así lo expresó con todas las letras Cristina Kirchner, cuando en una entrevista con el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó que la administración de Cambiemos “va a fracasar”, proyectando el mismo destino que al Gobierno de Fernando de la Rúa cuando se le cortó el financiamiento internacional. Pero en la Casa Rosada ni se les ocurre pensar en esa situación.
Por el contrario, destacaron que la Argentina podría dejar de ser “economía de frontera” y pasar a ser considerada “emergente”, de acuerdo a una previsión de Morgan Stanley, una entidad de referencia en Wall Street que además estimó como altamente probable que el presidente Macri obtenga su reelección en 2019. En la misma línea, el oficialismo discute en torno a esa situación.
De hecho, el radicalismo blanqueó su pretensión de integrar la fórmula para el próximo mandato presidencial, con una frase elocuente del titular del partido, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo: “Creemos que una fórmula que representa al jefe y el vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ambos del mismo partido, no es una fórmula equilibrada”, argumentó.
El propio Cornejo y otros dirigentes radicales como Ernesto Sanz, el gobernador jujeño Gerardo Morales y el senador Luis Naidenoff cenarán esta noche en un encuentro para unificar posturas en la previa de una reunión que mantendrán mañana con el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro Rogelio Frigerio y el jefe de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en la Casa Rosada.
En ese cónclave se abordarán las demandas del radicalismo dentro de Cambiemos, en momentos en que vuelven a escucharse ruidos entre el macrismo y Elisa Carrió, quien se consideró expuesta por el Presidente cuando éste cuestionó el canje de pasajes por dinero en efectivo que hacen los diputados y senadores. Igualmente “Lilita” ya dijo que apoyará la reelección.
“Además de una razonable preocupación por el ritmo que lleva el endeudamiento externo, hay una fuerte especulación con que al Gobierno se le cierre ese grifo”.
La interna de Cambiemos
Previamente, Carrió tuvo una conversación telefónica con Marcos Peña para limar asperezas. Y el “lilito” Toty Flores defendió a capa y espada a Caputo en el Congreso, lo cual comprobó que el alineamiento de la Coalición Cívica sigue inalterable. Esta sucesión de hechos refleja que la coalición gobernante tiene algunas tensiones propias de una fuerza en plena expansión política.
A tal punto, que en Cambiemos no sólo se mira hacia 2019 sino también a 2023, en una incipiente discusión interna por la sucesión de Macri. Ninguno de los protagonistas lo admitirá en público, pero en el PRO ya hay dos líneas marcadas: por un lado Peña –de quien Durán Barba dijo que será presidente en el futuro- y por el otro la dupla María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta.
Peña viene de representar a Macri en Chile –y lo seguirá haciendo en otros viajes al exterior-, mientras que Vidal tiene la mejor imagen entre la dirigencia nacional, incluyendo oficialistas y opositores. Larreta también construye a futuro y se puso a la cabeza de un entramado político de intendentes oficialistas a nivel nacional. Por cierto que eso incluye al territorio bonaerense.
Aquí avanzan las conversaciones entre Sergio Massa y Florencio Randazzo, en la vereda opositora. Ambos enviaron representantes a Gualeguaychú para el lanzamiento del peronismo federal y serían los referentes de ese armado en la Provincia. Mientras que en el Congreso se perfila una integración del Frente Renovador con el bloque alineado con los gobernadores del PJ.
El kirchnerismo, por su parte, acusa al peronismo dialoguista de ser funcional al Gobierno y de fomentar la división que posibilitaría la reelección de Macri. Al tiempo que insiste en comparar la situación de Lula con la de Cristina Kirchner, instando a una “resistencia” que el propio líder brasileño descartó cuando afirmó, antes de entregarse, que no está “por encima de la Justicia”.
Una comparación forzada que también hacen sectores oficialistas cuando le reclaman a la Justicia que vaya a fondo, imitando al juez Sergio Moro, algo sobre lo que ahora tienen serias dudas por la secuencia de excarcelaciones de ex funcionarios y dirigentes kirchneristas, pero sobre todo por el llamativo cambio de carátula en la causa que involucra a Cristóbal López. Por eso la crisis de Brasil no tiene puntos de contacto con la realidad política ni judicial de nuestro país.
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