En la República Argentina, 1.181.872 personas perciben ingresos como docentes, según el último censo respectivo que corresponde al año 2014.
Del total, el 79,2 por ciento percibe ingresos del sector público, en tanto que el 27,3 por ciento recibe remuneración desde el sector privado. Ambos guarismos incluyen a docentes que desempeñan funciones en uno y otro sector.
De dicho total, algo más de 375.000 personas perciben ingresos como docentes en la provincia de Buenos Aires.
Hasta allí, todo claro. Pero, matiz. Los 375.000 docentes incluyen 117 mil suplentes. Porcentajes correctos entonces: 68 de docentes titulares y 32 de docentes “suplentes”.
En otras palabras, un tercio de los docentes falta a su trabajo, amparado en un estatuto permisivo que hasta autoriza tres ausencias anuales sin justificativo de ninguna especie.
El promedio de solicitud de licencias médicas mensual totaliza 105 mil y abarca causas tan incomprobables como “estres”, “fatiga” y la fantástica “largo tratamiento” que posibilita cobrar durante años, sin jubilarse por invalidez como en cualquier otra profesión u oficio.
Para los sindicatos, obvio, el mantenimiento de un sistema anti productivo como el apenas descripto, implica un enorme aluvión de afiliados aportantes a sus respectivas cajas. De allí cualquier tipo de intransigencia a considerar el “presentismo” como un componente del salario.
Es que si todo el mundo va a trabajar, la masa de los más de 100 mil suplentes se queda sin trabajo. Es decir, sin aportes para el sindicato.
Y todo esto no es neutro. Las provincias, en particular, la de Buenos Aires donde rige dicho estatuto –en la mayoría de las otras, rigen normas similares- deben recurrir a recursos extraordinarios como mantener altos porcentajes para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que atenta contra las intenciones de invertir y, por ende, contra la creación de nuevos puestos de trabajo. O postergar obras necesarias.
El todo para mantener a un montón de irresponsables que, o se quedan en sus casas, o dedican su tiempo a atender sus cátedras en las escuelas privadas donde las ausencias no son toleradas.
Pero, no todo es malo. Porque están los otros. Los que no faltan, los que se preocupan, los que movilizan su vocación, los que cumplen. En otras palabras, los productivos. A esos, los sindicatos no los defienden.
Por el contrario, achican su salario al igualarlo con los de los faltadores. Lo reducen al tener que repartir la masa salarial entre una población innecesariamente ampliada.
¿Si esas 117 mil suplencias no fuesen necesarias o si quedasen reducidas a un 2 ó 3 por ciento -10 mil- como en cualquier actividad, cuanto más estaría en condiciones de percibir un docente que cumple acabadamente con su tarea? Claro, al sindicato no le importa. No es su problema.
Pero si además –como en cualquier actividad- el salario quedase vinculado a los resultados alcanzados, mejoraría –con certeza- la destruida calidad educativa que impera hoy en las escuelas públicas.
Datos: más del 60 por ciento de los alumnos de 15 años que concurren a escuelas secundarias de gestión pública no puede resolver sencillas operaciones matemáticas. Más del 55 por ciento, no está en condiciones de interpretar sus lecturas. Más del 50 por ciento, no supera cuestiones elementales de ciencia.
Este es el contexto sobre el que los sindicatos demandan y negocian aumentos salariales. Un contexto donde lo menos tenido en cuenta son los alumnos.
El Estado provincial de Buenos Aires ofreció un incremento del 15 por ciento y un único pago por presentismo de 4.500 pesos a quienes no faltaron nunca durante el 2017.
Lo del 15 por ciento es una oferta inicial. A primera vista, parece poco frente a una conducción económica nacional que modifica pautas inflacionarias con resultados particularmente altos para el primer trimestre del año.
Claro que es como escaso para quien cumple con su trabajo, dicta clases y no falta. Para el “estresado”, el “fatigado” o el amparado en un “largo tratamiento”, es muchísimo. No hace nada y cobra.
De allí que la introducción del concepto por presentismo parece adecuada. Debería hacerse con vista a futuro y no a pasado.
En otras palabras ¿Por qué no incluir un presentismo importante a liquidar mensualmente? Su financiamiento estaría a cargo de la consecuente reducción de suplencias y licencias.
Un primer paso que luego debería ser complementado con una “lectura salarial” de los resultados, escuela por escuela, aula por aula.
Un cambio drástico en la cultura populista que nos invade y nos carcome.
Un párrafo más para la decisión del gobierno porteño de responsabilizar a directores y padres por las tomas de las escuelas y los eventuales daños sobre las instalaciones. Los directores deben llamar a los padres para que retiren a sus hijos y quienes no lo hagan serán responsables pecuniariamente por los daños ocasionados.
Por supuesto, el populismo imperante salió a vociferar que se trata de una “estigmatización” –cuando no- del alumnado y de la “confraternidad” entre padres e hijos. Total, para todos los cómplices en la destrucción, a los daños los paga el Estado, es decir todo el resto de la sociedad.
Moyano
De los cinco gremios docentes que negocian en la provincia de Buenos Aires, solo uno, SUTEBA –que conduce Roberto Baradel- estará presente en la protesta que el líder camionero, Hugo Moyano, pergeñó como respuesta política a las investigaciones judiciales de las que es objeto.
El sindicalismo, como tal, se abrió de la propuesta de los Moyano –porque de la familia se trata-, para dejar paso solo a los grandes “caminantes” de la política argentina: el SUTEBA, parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el kirchnerismo, algunos sectores de izquierda y las denominadas organizaciones sociales ¿Algún día trabajan?
En rigor, con la excepción de los camioneros, nadie es solidario con la familia Moyano. Quienes concurren lo hacen bajo consignas que poco y nada tienen que ver con el hombre fuerte de camioneros.
De mandamás del movimiento sindical argentino, el camionero pasó luego a jefe de un sector para quedar ahora prisionero de organizaciones que en nada coinciden con él y que lo repudiaron siempre.
Es tal la mezcla inaudita que hasta el socio habitual de Moyano, el gastronómico Luis Barrionuevo, decidió no concurrir a la protesta y dejar bien en claro sus diferencias.
Barrionuevo recordó aquel acto de la CGT cuyo escenario fue copado por los K y donde los jerarcas sindicales debieron escapar en una especie de sálvese quien pueda. Para él, se trata de una pelea entre Moyano y Macri “que fueron socios en la ciudad durante ocho años”.
Ni los “gordos”, ni los “independientes”, ni los aliados de Barrionuevo, concurren a la convocatoria. Moyano está solo desde lo gremial. Y mal rodeado, desde lo político.
Mientras tanto, no son pocos los sindicatos que avanzan en acuerdos de diferente tipo con el Gobierno y con las patronales.
Así, el gremio de Obras Sanitarias, que dirige José Luis Lingeri desde hace 33 años, firmó por el 15 por ciento en dos tramos sin cláusula gatillo pero con una eventual renegociación a fin de año en función de la inflación.
Así, la Unión Ferroviaria, que encabeza Sergio Sasía, firmó un acuerdo con el Gobierno que unifica diez convenios colectivos, mientras reconoce que el sindicalismo –tal como se lo ve- perdió la batalla cultural y debe formular una autocrítica que lo lleve hacia una consideración distinta por parte de la sociedad.
Como sea, el Gobierno debe alcanzar resultados en la lucha contra la inflación que, gradualismo mediante, cada día resulta más difusa.
Una doble sensación se apodera de la sociedad.
La mayoritaria que no comprende como una efectiva reducción de la inflación puede llevarse a cabo con aumentos de tarifas. Una minoritaria, conformada por especialistas, que imagina una desaceleración inflacionaria, precisamente a partir de los aumentos tarifarios que reducirán los subsidios que el Estado vuelca –y, por ende, el gasto público- y el consumo.
Por esta semana, una vez más quedó verificada aquella relación argentina por la que una disminución de la tasa de interés no genera mayor demanda de crédito, sino un salto al dólar y su consiguiente apreciación.
A tal punto esto es así, que el Banco Central debió mantener la altísima tasa del 27,5 por ciento para evitar una mayor presión sobre la divisa norteamericana.
El Gobierno navega –o, mejor dicho, surfea- por las sinuosas aguas del gradualismo. Con un crecimiento del precio de la soja que se exporta pero con una expectativa de cosecha que se reduce por la sequía.
Con un financiamiento externo por ahora barato, pero con una salida de divisas importante por turismo al exterior y por importaciones de artículos de consumo. Con una bicicleta que oscila entre pesos, tasa de interés y valor del dólar de la cual no emerge.
Problema que no es tal, por ejemplo, en Brasil con una inflación anual del 2,9 por ciento para todo el año 2017.
Fuerzas armadas
No son todos, sino algunos y bien contados, los temas por los que se interesa el Gobierno. Inflación y obra pública son los principales. Otros que no son de interés mayoritario, pero hacen al Estado, son dejados de costado hasta tiempos mejores.
Es el caso de las Fuerzas Armadas, sacudidas no hace mucho por la terrible desaparición del ARA San Juan.
Si se contabilizan las familias, el personal de las Fuerzas Armadas se acerca al medio millón de personas. Un conglomerado nada desdeñable a la hora de una elección.
Un conglomerado que, tras el kirchnerismo, resultó masivamente favorable a Cambiemos pero que hoy se encuentra inmerso en un marasmo tras la muy escasa atención prestada por el gobierno del presidente Macri.
El relevo del jefe de Estado Mayor de Ejército, teniente general Diego Suñer, conforma una muestra de dicho marasmo.
Hace ya dos meses que el citado jefe había solicitado su retiro, al igual que su par de la Fuerza Aérea, el brigadier general Enrique Amrein. Dos meses donde no hubo respuesta oficial.
La suma de dos jefes militares que solicitaron el retiro y de un jefe naval, el vicealmirante José Luis Villán, como interino, al frente de las fuerzas, refleja una consideración de escaso valor para el papel de la defensa nacional.
Cierto es que el ministro Oscar Aguad habla de un cambio sustancial para el Ejército como ser la constitución de una fuerza de despliegue rápido al modo de la ya existente como unidad del Ejército Argentino, especializada en asalto aéreo, y que totaliza 750 integrantes.
No obstante, queda aún sin definir el rol que deben asumir, con una ley de defensa que resultó apta para salir de la concepción golpista anterior a la década del 80, pero que nada tiene que ver con la realidad actual.
Sin dudas, el concepto de despliegue rápido se dirige a la lucha contra el narcotráfico tal como ocurre en Colombia, aunque por ahora limitado a tareas de apoyo y no de combate.
Luego de dos años de gobierno, es hora de definir, no solo la defensa nacional, sino la misión de cada organismo del Estado y no de administrar su mera vigencia.
Política exterior
Los ministros de Relaciones Exteriores de 17 países latino americanos, reunidos en Lima, Perú, condenaron y determinaron la ruptura del orden democrático en Venezuela. Fue el 9 de agosto pasado. Ahora, dicho grupo desconoció el valor de las amañadas elecciones que la dictadura de Nicolás Maduro convocó, unilateralmente, para el 22 de abril próximo.
Es más, el gobierno del Perú, del presidente Pedro Pablo Kuczynski declaró que la presencia del dictador Maduro en las deliberaciones de la Cumbre de las Américas a celebrarse el próximo 13 de abril, no es bienvenida.
Era hora. Los miles de venezolanos que deambulan por el mundo, una parte no menor de ellos en la Argentina, celebraron la decisión como un reconocimiento a que no están solos en la lucha por la restitución democrática del país de Simón Bolívar.
Para los populistas locales, es una derrota más que se suma a la salida del renunciante presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, cuyas prácticas corruptas lo igualaban con el actual gobierno venezolano o con el recientemente terminado gobierno de la Argentina.
A Zuma, lo sacó del poder su propio partido, el Congreso Nacional Africano, fundado y dirigido otrora por Nelson Mandela, cuyo delfín designado, Cyril Ramphosa, ocupa ahora, interinamente, la presidencia de Sudáfrica.
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