La inseguridad y el tránsito son los dos principales problemas de Junín, según el resultado del sondeo virtual de Democracia, que se publica semanalmente en el sitio web www.diariodemocracia.com.
En efecto, ante la pregunta “¿Cuál considera que es el principal problema de Junín?”, el 45 por ciento (38 votos) respondió la “inseguridad”; mientras que en segundo lugar quedó el “tránsito” con el 24 por ciento (20 votos). Tercera aparece la “calidad educativa”, con el 11 por ciento (nueve votos).
Siguen el “empleo”, con el 8 por ciento (siete votos); “obras y servicios”, con el 6 por ciento (cinco votos); “poca oferta cultural”, con el 4 por ciento (tres votos); y “otros”, con el 2 por ciento (dos votos).
En total participaron del sondeo web de Democracia 84 lectores.
Mejor educación y leyes más duras para frenar la inseguridad
La inseguridad es uno de los problemas centrales del país para la mayoría de los argentinos, pero la sociedad está dividida frente al diagnóstico y la posible solución del flagelo, revela un estudio estadístico de una consultora especialista en la temática.
Algunos de los encuestados ponen el foco en la educación, mientras que otro grupo apunta a endurecer las leyes y buscar personal idóneo para corregir errores judiciales y policiales.
Según un estudio de la consultora Opina Argentina, que entrevistó a mil personas de diversos puntos del país como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, San Juan y Neuquén, entre otros, un 56% se volcó hacia las deficiencias en lo punitivo y un 41% de los encuestados apuntó a un mix entre la situación social del país con las raíces estructurales en la falta de valores.
Con una discusión que data de al menos 26 años, y en la que apenas un 3% de los encuestados decidió no contestar, los argentinos confirmaron la existencia de posturas antagónicas.
Existe un primer grupo compuesto por un 30% que considera que se da porque las leyes son muy blandas con los delincuentes y un 26% que cree que es la culpa de jueces y policías, mientras que la segunda posición cuenta con un poco menos de adhesión y está integrada por un 23% que insiste en que la problemática se produce por la pobreza y la situación social y un 18% que lo aduce a la falta de valores culturales.
Esta especie de grieta se amplía cuando se habla sobre posibles medidas para acabar con el tema. Es que, prácticamente en igual proporción, un sector, que alcanza al 47% de consultados, insiste en endurecer las leyes y hacerlas cumplir con fuerzas de seguridad mejor preparadas, mientras que un 49% le pide al Estado que invierta en asistir y formar desde la temprana edad.
Los números de la consultora indican que un 38% cree que la mejor alternativa es aumentar las penas y aplicar mano dura, mientras que un 9% habló de tener más policías y mejor equipados.
A la vez, del lado antagónico, un 35% habló de invertir más dinero en educación pública y un 14% en hacer lo propio con ayudas sociales.
En medio de este choque de posturas entre la mejora de aspectos represivos por un lado y educativos y sociales por otro, la mayoría coincide en que la primera preocupación del Gobierno del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal es solucionar este flagelo y la sensación, más frecuente aún en los bonaerenses, de sentirse vulnerable ante la posibilidad de ser asaltado en cualquier horario, circunstancia y lugar.
El desafío para los Ejecutivos nacional y bonaerense será tomar medidas que combinen el pensamiento a corto y largo plazo, a fin de luchar contra el delito y, al mismo tiempo, tender a la construcción de una sociedad más integrada.
El debate acerca de la concepción y las posibles soluciones sobre la inseguridad en la Argentina viene de larga data, ya que hace prácticamente 26 años que los ciudadanos se debaten entre la validez de la justicia por mano propia, la defensa legítima y, en contrapartida, el peligro de caer en casos de gatillo fácil.
Desde la vuelta a la democracia, en 1983, esta creciente problemática se metió de lleno en la agenda pública y también la discusión sobre cómo combatirla.
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