La bala partió de los Estados Unidos. Ingresó en México. En la cabeza de Sergio Hernández, de 15 años de edad. Jugaba con dos amigos del otro lado de la valla que Donald Trump pretende prolongar y abaratar con paneles solares. El agente fronterizo Jesús Mesa supuso que los muchachos eran inmigrantes ilegales. Atrapó a uno y, mientras lo sujetaba, le disparó a Hernández. Lo mató. Estaban en la frontera entre Ciudad Juárez, México, y El Paso, Texas. Es un caso único, ocurrido en junio de 2010. Siete años después, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió devolverlo a un tribunal de apelaciones. Resolvió lavarse las manos, en realidad.
El caso arribó a la máxima instancia judicial de los Estados Unidos en coincidencia con los afanes de Trump de terminar la construcción del muro y de aumentar la dotación de agentes fronterizos frente a México.
La resolución coincidió, a su vez, con la decisión unánime de ese cuerpo de permitir la aplicación acotada del decreto migratorio que fijó una veda de 90 días al ingreso de ciudadanos de seis naciones de mayoría musulmana (Irán, Siria, Sudán, Yemen, Libia y Somalia) y suspendió el otorgamiento de asilo político a los refugiados. Algo que Trump interpretó como un triunfo, más allá de que la Corte aún deba evaluar si es constitucional.
El caso Hernández resultó ser una papa caliente para la Corte de EE UU. El agente fronterizo que disparó estaba en suelo norteamericano. El joven al que mató, en tierra mexicana.
El caso Hernández resultó ser una papa caliente que el máximo tribunal no quiso sostener. El agente fronterizo Mesa estaba en suelo norteamericano. Le disparó al muchacho que jugaba con sus amigos en el lecho seco del Río Grande, del lado mexicano. Los argumentos sobre la posibilidad de haber actuado en defensa propia, esquivando piedras, se derrumbaron con videos de testigos. De haber ingresado en México, Mesa habría violado la ley. De haber ingresado Hernández en los Estados Unidos, sus padres podrían exigir la condena de Mesa y una indemnización.
El apuro de Trump por cantar victoria con su veto migratorio, aunque sea parcial, tuvo más importancia para los jueces que la muerte de un menor mexicano a manos de un agente fronterizo. La ley protege a los ciudadanos de los excesos de las fuerzas de seguridad, pero no contempla el asesinato de un extranjero en su país perpetrado por un norteamericano que no abandonó el suyo. El gobierno de México y organismos de derechos humanos apoyan las demandas de los padres de Hernández. Se trata de una batalla judicial épica que, de prosperar, pondría en aprietos a Trump, más allá de que el caso se remonte al gobierno de Barack Obama.
La Universidad de Texas atesora 212 cadáveres de indocumentados no identificados. Murieron por deshidratación, insolación o hipotermia en el territorio norteamericano. También conservar 2.000 objetos que llevaban en sus alforjas. Desde una Biblia y cruces hasta un grano de arroz con nombres grabados. Desde que gobierna Trump aumentaron los arrestos en California. En Arizona detuvieron a cuatro hombres que recibían asistencia médica de los voluntarios del grupo No More Deaths (No Más Muertes). Los agentes fronterizos nunca habían ingresado en sus campamentos. Sentaron otro precedente, como la bala que cruzó la frontera sin documento de identidad.
(*) Periodista, dirige el portal de información y análisis internacional El Interin, y es columnista en la Televisión Pública Argentina.
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