Nuestra red de servicios de salud podría describirse como un conjunto de establecimientos públicos y privados, administrados por 24 jurisdicciones estatales, que se ocupan además de programas preventivos. Según registros oficiales de 2016, el país cuenta con algo más de 3.300 hospitales (excluyendo geriátricos), de los que unos 1.300 son públicos y 2.000 privados. Además se agregan 18.800 centros ambulatorios: 8.800 son públicos y proporcionan el 1er nivel de atención; 10.000 son privados y cuentan con la mayor densidad de recursos tecnológicos de atención ambulatoria.
Aunque la mayor cantidad de camas pertenece al subsector estatal, se estima que los servicios privados concentran las dos terceras partes del movimiento económico y de facturación del sistema, ya que son requeridos por los pacientes con cobertura de obras sociales (OS’s) y prepagos. Pero entre el 30 y 40% de la población es atendida por hospitales públicos y centros ambulatorios, que actúan como puerta de entrada al sistema.
Los hospitales públicos cumplen también la función de capacitar y entrenar a las ¾ partes del personal asistencial del país -aunque más tarde se dediquen a actividades privadas— y a la vez, son referencia de unos 6,7 centros ambulatorios por cada hospital.
Si la Cobertura Universal de Salud (CUS) logra una exitosa adhesión, los ministerios provinciales y los servicios públicos van a tener un papel protagónico. Su limitación principal, es que no tienen autonomía decisoria para administrar su presupuesto y su personería jurídica la retiene el ministerio del que dependen. En consecuencia, no pueden suscribir contratos, no tienen interés en incrementar su producción, hacer funcionar los servicios todo el día y captar más recursos.
En este panorama fragmentado, cabe preguntarse quién tiene las mejores condiciones para actuar como articulador o catalizador de la red de servicios. Unos 2/3 de los sanatorios privados son unidades de menos de 20 camas, propiedad de grupos de médicos, que dependen para sostenerse de los fondos que ingresan de sus dos grandes clientes: la OS provincial y el PAMI.
Los sanatorios de mayor volumen procuran capitalizarse adquiriendo tecnología y ampliando sus instalaciones. Los líderes de cada ciudad, tratan de formar parte de un grupo empresario mayor, incorporándose a la estructura de un prepago (integración vertical) o a una gerenciadora local de prestadores (integración horizontal). Una conducta similar podrá observarse en los servicios ambulatorios; es decir, están más preocupados por sí mismos, que por integrar redes que articulen el sistema, concentrándose en las zonas urbanas de mayor rentabilidad.
Los servicios públicos, pese a su incapacidad para tomar decisiones, están en mejores condiciones para cumplir esa función articuladora: los centros ambulatorios están vinculados a hospitales de referencia, tienen el papel primordial de formar recursos humanos y además son ejecutores de programas preventivos. Sería necesario dotarlos de autonomía para administrar su presupuesto, de interés por liderar la red de servicios, así como poner en valor sus plantas físicas y equiparlos.
Con una inusual sensatez política, la Gobernadora Vidal dijo recientemente que su prioridad era recuperar y modernizar los hospitales deteriorados, antes que construir otros nuevos. Esta actitud parece la estrategia adecuada: fortalecer las redes locales de servicios públicos, articulando hospitales y centros de salud, reordenar el sistema actuando desde la periferia al centro.
Un nuevo incentivo podrá constituirlo la adhesión a la CUS. Al mismo tiempo, se hace necesario tomar la decisión trascendente de descentralizar la gestión del PAMI: la concentración de un enorme presupuesto y una administración central sobredimensionada, facilitan la ineficiencia y la corrupción estructural. En esta transición, el centro de gravedad de las decisiones sanitarias se desplazaría hacia las provincias, y esto podría inducir que la red pública termine articulando a la privada, ya que no puede esperarse el proceso inverso. El Ministerio nacional recuperaría entonces instrumentos eficaces para conducir el Sistema de Salud. Una estrategia de tipo “Plan Belgrano”, pero orientada a la salud de la población.
(*) Médico sanitarista, miembro del Grupo PAIS.
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