Sin embargo, aseguró que el primero en conocerla será el presidente Mauricio Macri y que, además, como otras medidas del Gobierno estará regida por el gradualismo. “Los ritmos en los que decidimos movernos son los adecuados y son los que nos dan sustentabilidad para nuestras reformas. No podemos dejarnos llevar por la ansiedad. Nuestro norte es una economía integrada al mundo; nuestro programa fiscal y monetario es que el déficit vaya bajando. Vamos repartiendo dos necesidades: bajar el déficit y bajar impuestos”, sostiene.
También admite que las cámaras empresarias son las más interesadas en dar su opinión con respecto al tema. “Desde el año uno vamos a poder mostrar cómo se van a ir bajando impuestos en el tiempo. Lo que permitirá a una empresa conocer cómo será el esquema tributario a enfrentar, va a poder verlo. La reforma pretende ser muy intensiva, pero muy gradual, para cumplir el objetivo de también bajar el déficit” y anticipó, en ese marco, que se pretende eliminar algunos impuestos “que no nos gustan”.
Uno de esos impuestos que todos apuntan, porque le encuentran enormes distorsiones, es el Impuesto al Cheque, que llegó con la crisis de 2001 y por el cual el año pasado se recaudaron 131.000 millones de pesos. Debería vencer a fin de año pero, una vez más, se podría prorrogar aunque ahora con el objetivo formal de eliminarlo en forma gradual en un plazo no mayor a 4 años.
Otros objetivos
No es el único tributo en la mira. También Ingresos Brutos es objeto de distintas críticas y la Legislatura bonaerense acaba de aprobar una ley por la cual reduce del 8 al 1,5 por ciento el monto de este impuesto para el pago de créditos hipotecarios. También se insiste en su eliminación o reducción para el caso de los alimentos.
Es que en el sistema tributario que rige en la actualidad, se multiplican los casos en los que una empresa desarrolla todo su proceso productivo en una provincia y, a pesar de ello, a los efectos de tributar Ingresos Brutos deben asignar esa venta a la jurisdicción en la que se entrega finalmente el producto terminado.
Así, la provincia que recibe la mercadería se beneficia con parte de la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos que tiene establecido en su jurisdicción, sin haber intervenido agregándole valor. Por ejemplo, en algunas provincias se incauta la mercadería que ingresa, funcionando como una suerte de aduana interna, si no se exhibe el pago del anticipo del impuesto local que rige al pasar el límite.
De esta manera, en muchas oportunidades este impuesto se termina pagando dos veces, incrementando los costos de las empresas. Pero en realidad el impuesto se paga muchas veces, ya que cada insumo que se incorpora en el producto final tiene incluido en su costo el impuesto local pagado por cada una de las empresas que lo fabricó; lo mismo ocurre en las operaciones comerciales: lo paga el mayorista y luego también el minorista. Por este motivo la evolución del tributo se produce “en cascada”, aumentando el precio que paga el consumidor final.
No puede desaparecer
El impuesto no puede desaparecer sin reemplazo, aseguran, porque de él dependen las provincias para hacer frente a los gastos que fueron descentralizados por la Nación. Según algunos especialistas este impuesto podría reemplazarse creando un IVA provincial, en donde cada parte de la cadena de producción y de ventas agrega el impuesto por la comercialización, pero descuenta el crédito originado en sus compras o bien instalando un impuesto a las ventas que sólo pagaría el consumidor final.
El impuesto a los Ingresos Brutos resulta “políticamente muy atractivo porque la ciudadanía no percibe su incidencia y es de muy fácil recaudación ya que la mayor parte ingresa por adelantado a través de un complejo sistema de retenciones y percepciones que azota administrativamente a los contribuyentes”, argumentan.
Los pronunciamientos de la Corte contra el impuesto es una oportunidad para acordar una reforma al IVA en la que se absorba a Ingresos Brutos, destaca un reciente trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
El aumento del gasto público no solo fue desordenado y con poco sentido estratégico, opinan economistas. También estuvo asociado a un fuerte crecimiento de la presión tributaria basada en la aplicación de impuestos muy malos. El caso del Impuesto a los Ingresos Brutos es ilustrativo.
Según datos del Ministerio de Hacienda se observa que entre los años 1991 y 2000 las provincias recaudaron a través del Impuesto a los Ingresos Brutos el equivalente al 1,9% del PBI y que entre los años 2001 y 2010 se recaudaron con este impuesto el 2,5% del PBI, pero entre el 2011 y el 2016 recaudaron el 3,8% del PBI.
Estos datos muestran que el crecimiento de la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos duplicó al crecimiento del PBI en las últimas dos décadas. Como ocurrió con el gasto público, el aumento fue muy intenso a partir del año 2003 con una aceleración a partir del 2011 cuando la bonanza de los precios internacionales se debilita y las provincias apelan a aumentar sus ingresos propios como una forma de preservar la autonomía frente a la fuerte concentración de recursos fiscales en el Estado nacional.
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