Un cambio ocurrió: las sociedades no están dispuestas a tolerar la corrupción como un añadido inseparable de la política o, mejor dicho, de los gobernantes de turno.
Los acontecimientos del Brasil lo dejan en claro. Nada asegura que este repudio social que debería extenderse a lo político, lo económico, lo sindical y lo judicial vaya a continuar así.
No obstante lo de Brasil, lo de Argentina –aunque en una escala mucho menor- y lo de Venezuela, con peligro de estallido de un conflicto armado al interior del país, resultan más que el botón que hace falta para la muestra.
Es una consecuencia casi natural de una evolución en las comunicaciones, en la información y en el conocimiento, aún si queda limitado a algunos.
Y ya nadie escapa con el relato de lo nacional y lo popular, del imperialismo y la oligarquía, del capitalismo y de la derecha, excusas todas que trataron de colocar sobre el tapete los delincuentes políticos de la actualidad, para hacer creer que su enriquecimiento ilegal era hecho en nombre de los intereses del “pueblo”.
Sin duda, Brasil marcha muy por delante de la Argentina en esto de convertir a la corrupción en punible. Allá, los jueces avanzan, los arrepentidos “cantan” y los presidentes caen.
Aquí, los jueces, en su enorme mayoría, arrastran los pies, dilatan los tiempos, buscan pruebas sobreabundantes y casi que no juzgan a nadie.
Sí, claro, en Venezuela es bastante peor. Allá, el Poder Judicial, en particular el máximo tribunal del país es vasallo del “poder bolivariano” que inventó Hugo Chávez y que hereda Nicolás Maduro.
Todo ello bajo el marco de la mayor escasez de la historia venezolana, la correspondiente mayor inflación y la insoslayable mayor corrupción, de las conocidas por aquellas latitudes, que dejan a los ex dictadores Juan Vicente Gómes (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), como aprendices del desfalco.
Brasil
No son pocos los argentinos que se preguntan por qué allá las investigaciones avanzan, al punto de afectar a dos ex presidentes y al actual mandatario, mientras que por estos lares todo transcurre con una lentitud exasperante.
Es el grado de independencia del Poder Judicial en ambos países quien determina las diferencias. En Brasil, ninguno de los tres presidentes –porque no pudieron, no supieron o no quisieron- intentó colonizar el Poder Judicial.
Un Poder Judicial que no solo se mantuvo al margen de cualquier adscripción al Ejecutivo sino que, además, contó con una legislación central para avanzar en las investigaciones: la ley del arrepentido.
Un elemento legal heredado del Congreso que coincidió con la presidencia del intelectual Fernando Henrique Cardoso.
En la Argentina, como se sabe, ocurrió lo contrario. Con un Poder Judicial que fue colonizado, fundamentalmente los jueces federales, la justicia tarda en llegar y una gran parte de la ciudadanía considera que los corruptos difícilmente terminen presos.
En Brasil, no hizo falta la intervención del Poder Ejecutivo. Más vale lo contrario. Tanto con Dilma Rousseff como con Michel Temer, la gran preocupación de gran parte de la clase política es lograr que los jueces paren las investigaciones.
En la Argentina, esa preocupación es inherente a los K. No obstante, y pese a la muy declamada independencia de los poderes, el Gobierno y el Poder Legislativo hacen poco y nada para depurar la justicia.
Hoy Brasil aguarda un desenlace para la presidencia de Michel Temer. Pocos son quienes creen que el presidente que “heredó” a Rousseff pueda continuar en el cargo. De momento, y al cierre de esta columna, asevera que no renunciará, pero difícilmente le quede otro camino.
En caso de renuncia, será necesario elegir, por parte del Congreso, un ciudadano que ocupe el cargo hasta la finalización del mandato.
En paralelo de la crisis institucional brasileña, se desarrolla la consabida inestabilidad económica que acompaña los avatares políticos de un país.
Como no podía ser de otra manera, el índice Bovespa que mide las acciones de las compañías brasileñas se derrumbó, el dólar se encareció frente al real y la especulación estuvo a la orden del día.
Se trata de movimientos que, probablemente, no perdurarán en el tiempo, aunque si la situación institucional no queda aclarada de manera rápida esos movimientos bien pueden prolongarse y afectar el desenvolvimiento de la economía.
Vistos desde la Argentina, los problemas brasileños suelen repercutir de forma altisonante, al menos en un primer momento. A nadie escapa que se trata de dos economías con algún grado de complementación y que, además, Brasil es el primer cliente comercial de la Argentina.
Dato de color: si Temer renuncia será el quinto presidente del Brasil en hacerlo. El primero fue el mariscal Deodoro da Fonseca en 1891; el segundo fue Getulio Vargas en 1945; el tercero fue Janio Quadros en 1961; y el último fue Fernando Collor de Melo en 1992.
Y Brasil sigue andando. No tan bien como hace un tiempo, pero….
Por casa
Por nuestros pagos, la lentitud de la justicia se mantiene estable pero, con todo, lento no quiere decir paralizado. Y eso, hay que reconocerlo, es una muestra de los tiempos que corren.
Por más esfuerzos que los K hagan, es posible criticar a este gobierno desde la política, no así desde la corrupción.
El avance de esta semana fue trascendente. Ya no se trata de meterse con cualquiera, por más encumbrado que haya estado, sino con un símbolo de la resistencia a la dictadura, luego manoseado y corrompido por los K.
Hablamos claro, de los “sueños compartidos” de las Madres de Plaza de Mayo, sector de Hebe de Bonafini.
Después de cinco años, Bonafini quedó procesada por la enorme defraudación al Estado perpetrada con los 1.250 millones de pesos que, sin licitación mediante, recibieron las Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas.
Cuánto era evidente para todo el mundo, no lo era para la justicia. Así y todo, con Bonafini y los hermanos Schoklender procesados, el juez de la causa no encontró méritos para proceder de igual manera con el ex ministro Julio de Vido.
Increíble pero cierto. De su ministerio quedaron procesados el secretario de Obra Pública, el tirador de bolsos José López, y su subsecretario, Abel Fatala. Y De Vido, ni enterado. Por encima suyo pasaban aviones de todo tipo y él como si nada, no se daba cuenta. Al menos así lo ve el juez Martínez de Georgi que actúa en la causa y que, como se dijo, tardó cinco años en determinar aquello que era vox populi.
Un dato de por sí revelador. Por Sueños Compartidos anunciaron la construcción de 4.700 viviendas. Solo completaron 822 y cobraron por 2.500. En nombre de los desaparecidos, claro…
Las autodefensas de Bonafini van desde aseverar que su procesamiento se debe a que catalogó a Macri como su enemigo hasta mostrar tardíamente una carta del Papa Francisco enviada antes de la decisión judicial.
Lo primero forma parte de la campaña de victimización a que nos tienen acostumbrados los delincuentes políticos. Ellos no hicieron nada aunque las pruebas salten por todas partes.
Lo segundo no es precisamente un golpe bajo. Desde que el kirchnerismo debió dejar el poder por decisión mayoritaria de la sociedad, el papa Francisco hace todo lo posible por desconocer esa decisión mayoritaria.
Así, es dable comprobar que cuanto K anda suelto –y todavía son muchos los que están sueltos- peregrina al Vaticano y es bien recibido por el Sumo Pontífice. Por el contrario, si se trata de allegados al Gobierno electo por la ciudadanía o el propio presidente de la República, Bergoglio hace todo lo posible por dejar patentizado su desagrado.
Es probable que si la sentencia hubiese sido dada a conocer con antelación, tal vez el Papa no hubiese enviado la misiva a Bonafini.
No es posible determinarlo fehacientemente. Lo cierto es que Bergoglio, como toda la Argentina, estaba al tanto de las maniobras de Bonafini con los recursos del Estado, pero parece que el “no robarás” de los Diez Mandamientos no cuenta para el Papa.
Así, resulta sencillo entender el por qué de sus regalos a Milagro Sala o sus tertulias con Cristina Kirchner. En fin…
Y queda Cristóbal López. El otro de los nuevos ultra ricos del kirchnerismo. El primero fue Lázaro Báez.
No contento con andar suelto, López amenaza. Ahora, para no depositar –vieja costumbre suya- una tasa prefijada por cada vehículo que ingresa a la Autopista Ezeiza-Cañuelas, inventa como excusa que, si lo hace, no le alcanza para pagar los sueldos.
Fantástico. Que alguien le explique que la ley es pareja para todos. Que si no le sirve el negocio que lo devuelva –se trata de una concesión-. Que el kirchnerismo terminó… ¿Terminó?
En esto de hacerse el distraído con los aportes que debe hacer al Estado del cual es agente de retención, López muestra el antecedente de haber estafado al fisco en 8.000 millones de pesos como agente recaudador del Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Son los recursos de los que se apropió su petrolera Oil.
Cierto es que la tarifa de la concesión vial Ezeiza-Cañuelas es muy baja frente a cuánto es percibido en otras autopistas urbanas. No menos cierto que López compró esa concesión a un grupo español a precio casi vil en razón, precisamente, de lo exiguo de la tarifa.
¿Qué cuánto pagó López la concesión? Solo 56 millones de pesos. Entonces no se quejaba. Como siempre, lo hace cuando le exigen que cumpla.
Gira
Difícil de abrir juicio sobre los resultados del viaje del presidente Mauricio Macri por Extremo Oriente. China y Japón, para ser más precisos.
Comencemos por el final. En Japón, al presidente no le fue mal. Reiteró la integración de la Argentina al mundo y le creyeron según las palabras del propio primer ministro japonés, Shinzo Abe.
Solo que, claro, quieren garantías. Inversiones probablemente, pero con una cláusula de tribunal internacional de arbitraje, en caso de controversia.
Es el daño que hizo el kirchnerismo a la credibilidad internacional del país. Un daño del que tardará muchos años en cicatrizar. Siempre y cuando, la sociedad decida no caer nuevamente en la tentación del facilismo y en creer el canto de sirena de los nac and pop delincuenciales.
Lo de China, en cambio es mucho más complejo. Si en Japón se produce el clásico resultado de un país donde funciona la empresa privada como base de la economía, en China, más allá del sistema de acumulación capitalista, es el Estado quién decide todo.
Actualmente, el gobierno chino puso en marcha una iniciativa geopolítica, denominada “Una Franja, Una Ruta” que consiste en la creación de un espacio económico para invertir, en infraestructuras, los excedentes de capital que el país produce.
La iniciativa abarca la casi totalidad del continente asiático –con excepción de Japón y Corea-, Europa, y los estados ribereños del Océano Indico, en África, y del Pacífico Sur.
Con un simple vistazo a la división política de un globo terráqueo, resulta fácil comprender que la Argentina no entra en ninguna de las categorías geográficas antes expuestas.
No obstante, la Argentina es un proveedor clave para China en soja. Allá, la oleaginosa se utiliza para alimentar el ganado porcino, por cuyo volumen de producción el país asiático ocupa el primer lugar en el mundo.
En su nivel, la Argentina es un comprador importante de productos manufacturados de China. A tal punto que el presidente Macri pidió a su par chino, el presidente Xi, el envío de turistas para compensar la balanza de pagos.
La mentada revisión de los acuerdos con China –el caso de las represas santacruceñas fue el más importante- acordados durante el kirchnerismo, quedó de lado. Las inversiones chinas, si llegan, estarán vinculadas a las infraestructuras.
Si se verifican, es posible que las inversiones en ferrocarriles pretendan abaratar la salida de la producción sojera hacia el extremo oriente. Será un revival de la razón de ser de los ferrocarriles británicos, en la Argentina, de la primera mitad del siglo pasado.
Del resto, represas incluidas, solo es pensable en función de una rentabilidad muy importante. Tan importante que haga olvidar, para China, que la Argentina no quedó incluida en su iniciativa estratégica “Una Franja, Una Ruta”.
COMENTARIOS