Mañana -8 de mayo- se cumplen 30 años de la "Masacre de Budge". Recordemos, en 1987 suboficiales de la policía bonaerense se llevaron la vida de tres pibes: Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz, en la localidad de Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires.
Eran tres amigos que conversaban y tomaban unas cervezas en una esquina. Los asesinaron a balazos: Agustín recibió doce, Roberto, diez y Oscar, siete disparos. Esto produjo una gran movilización que visibilizó la violencia policial en democracia.
Este hecho conmocionó a la comunidad y fue considerado el episodio más aberrante del accionar de lo que se dio en llamar como la "Maldita Policía" y puso en el marco del debate político de la época la conducta deliberada de las fuerzas de seguridad de “gatillo fácil”.
Sin lugar a dudas fue un hecho bisagra, que generó una fuerte resistencia social que instaló en la agenda política sucesos de la misma naturaleza, que identificaban el modo represivo en que las fuerzas policiales intervenían en los barrios más populares.
Esta fuerte demanda motivó que el 28 de noviembre de 2012 el Congreso Nacional sancionara por unanimidad la Ley 26.811, que instituye el 8 de mayo como el Día nacional de la lucha contra la violencia institucional.
“No hay violencia policial sin burocracia judicial, sin violencia carcelaria, sin violencia hospitalaria, sin las interminables colas que nuestros adultos mayores realizan en la puerta de los bancos, sin violencia de género, etc.”
¿Qué es la violencia institucional y policial?
Entendemos que la violencia institucional es todo abuso de poder, físico o psicológico, que ejerce el Estado en cualquiera de sus niveles y dependencias sobre personas u organizaciones de la sociedad civil. Una de las formas en que esa violencia se manifiesta es precisamente a través de las fuerzas policiales que son las que concentran el poder punitivo del Estado.
Si bien debo decir que han existido avances importantes en el progreso de democratización de las fuerzas de seguridad y del trabajo de consolidación institucional de la defensa y promoción de los derechos humanos, la violencia policial sigue siendo una práctica que no ha sido definitivamente erradicada.
En los últimos años me ha tocado acompañar a muchas familias de Junín a denunciar estas prácticas violentas, siendo siempre a los más humildes, los excluidos, a quienes castiga la violencia policial y, estos sectores, muchas veces naturalizan este tipo de violencia, no pudiendo identificar el abuso de poder. Esto que las víctimas sean siempre de un mismo sector social agrava el problema, porque no pueden, en general acceder a la justicia para luchar contra la impunidad.
Claro que la violencia policial no es una violencia encapsulada, sino una violencia que hay que pensarla al lado de otras violencias. No hay violencia policial sin burocracia judicial, sin violencia carcelaria, sin violencia hospitalaria, sin las interminables colas que nuestros adultos mayores realizan en la puerta de los bancos, sin violencia de género, etc.
No hay violencia policial sin detenciones sistemáticas por averiguación de identidad, sin cacheos humillantes, sin ‘verdugueo’, sin allanamientos violentos en donde rompen todo, sin armado de causas. No hay violencia policial tampoco sin aquellas rutinas institucionales que blindan su actuación y le garantizan la impunidad a los policías, a saber, el espíritu de cuerpo, el código de silencio, la obediencia debida y la estructura cerrada y piramidal que la organiza. Tampoco hay violencia policial sin prejuicio social, detrás de todo esto están los procesos de estigmatización social y, estos estigmas no son ingenuos, habilitan y legitiman la violencia policial.
Todos estos años, en este contexto, es que vengo brindando charlas en los colegios para que nuestros jóvenes conozcan sus derechos y sepan cómo defenderlos y ejercerlos, también en las escuelas policiales explicando a las nuevas camadas de policías sobre los derechos a respetar, sintiendo la obligación como formador en la necesidad de enseñar en las diferentes aulas las asignaturas pendientes de nuestra democracia.
Decía el poeta cubano José Martí: "Los derechos se tienen cuando se los ejerce".
La violencia institucional es una causa que nos compete a todos. Nuestro desafío es erradicar toda forma de violencia institucional con el objetivo de proteger la integridad de las personas; así podremos alcanzar un mundo más justo, más inclusivo y más democrático.
(*) Abogado. Concejal de Junín y ex director de Asistencia a la Víctima.
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