La actual diputada nacional Nilda Garré ha presentado un proyecto de ley para incorporar al Código Penal, mediante un artículo, la sanción del negacionismo. “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 20.000 pesos, quien públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad”, consigna el proyecto presentado por la ex montonera, la “Comandante Teresa”, el que agrava la pena si el responsable del ilícito es un funcionario público, con penas de uno a cuatro años e inhabilitación por el doble de la condena.
A su turno, la Cámara de Diputados bonaerense sancionó recientemente una ley que obliga a “incorporar de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires el término “dictadura cívico-militar” y el número de 30.000 junto a la expresión desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”, según el proyecto iniciado por el representante kirchnerista Darío Díaz Pérez y que ya contaba con media sanción del Senado provincial. En los considerandos de la norma se afirma que el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón tuvo el propósito de “imponer un modelo de acumulación con lo financiero en el centro económico, disminuyendo el Estado Social, avanzando hacia la concentración económica”.
Es decir, concorde a tales normativas en la Argentina no se puede opinar. Ya no se trata de la autocensura que referencia el filósofo español Javier Marías: “La presión sobre la libertad de opinión se ha vuelto inaguantable: se miden tanto las palabras (no se vaya a ofender cualquier tonto ruidoso, o las legiones que de inmediato se le suman en las redes sociales), que casi nadie dice lo que piensa”. Ahora, se pretende entronizar sobre temas tan sensibles un rígido pensamiento único que no tolera cuestionamientos. Se exige que nadie pueda pensar en debatir seriamente acerca del hecho culminante de la decadencia institucional argentina. No se permiten disidencias, análisis contrarios, nuevos puntos de vista o simples desacuerdos. Se soslaya el sentido crítico que es la base de nuestra civilización y elude el hecho que las organizaciones guerrilleras, reivindicadas y aplaudidas en el faccioso 24 de marzo último, secuestraban y mataban gente, y robaban bancos con el objetivo de pedir rescates o directamente para eliminar rivales políticos representativos de todas las actividades del país y para financiar sus tropelías y que, además, buscaban derrocar al gobierno constitucional que fue elegido democráticamente.
El recientemente fallecido politólogo italiano Giovanni Sartori nos ilustraba que había una necesidad de un esfuerzo de la idea esencial de que la democracia se define a partir de la opinión pública. Y en este sentido la solución pasa en primer lugar por la existencia de una multiplicidad de voces. Opiniones diversas, puntos de vista diferentes. La pluralidad como antídoto de cualquier riesgo monopólico en el manejo y en el control de los relatos políticos y, como en el caso, en la coyuntural hegemonía de un partido en la conformación numérica de una Legislatura. Remataba: “La presencia misma de una contra opinión es lo único que impide el surgimiento de una dictadura”.
La “memoria” que quieren imponer “por ley”, se bastardea por sí misma, porque sustrae la Historia de la luz de la Razón y de la Verdad. Se ha cedido a la desmesura en un hecho en el que la cordura aconsejaba medida o cautela. La Historia, no la memoria selectiva y maniquea, no debe ser operada como si fuera una copa presta a saturarse y vaciarse sucesivamente del contenido que cada época provoca, de acuerdo a ideologías y a relatos amañados que la falsifican para así engañar a postreras generaciones de argentinos sobre los sucesos ocurridos en los años setenta del siglo pasado.
Es que el mismo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, vía su secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, informó en noviembre de 2015 que las víctimas de desapariciones forzadas eran 7019 y 1613 las de asesinatos, totalizando 8631 víctimas. Entonces, hay un falseamiento interesado del número de tales. El argumento del “simbolismo”, o de lo “emblemático”, no justifica la mentira. El ex montonero Luis Labragna se adjudicó haber ideado el número de 30.000 desparecidos ex profeso para incluir la represión del terrorismo de los años setenta dentro de los cánones internacionales.de aproximación a un genocidio. ¡No hubo 30.000 “desaparecidos”! ¡Como si fuera menos importante un número menor! ¡Por más que la cifra real también espante!
Tampoco las desapariciones principiaron el 24 de marzo de 1976. El informe denominado “Kirchner- Duhalde” del año 2006 nos ilustra que desde el año 1969 hasta aquel día hubo 642 desapariciones forzadas y 525 ejecuciones sumarias, esto es un subtotal de1167 durante ese período de dictaduras militares y gobiernos democráticos. La mayor parte de los casos se atribuyen a la “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina), fuerza parapolicial que motorizó Perón antes de su muerte.
Verdades y mentiras
La argumentación que el derrocamiento de la viuda de aquel tenía por finalidad la concreción de un modelo económico tendiente a beneficiar a los “grupos concentrados”, en detrimento de los más necesitados socialmente, es un gastado discurso de la izquierda populista. Es cierto que no debió alterarse el orden constitucional. Mas debe recordarse que en los últimos meses del gobierno de Isabel se entrelazaban los datos de la disolución del poder y del auge de la violencia organizada, los que no se resolvieron por método institucional republicano. Sólo la falta de objetividad y el extremismo ideológico pueden relacionar tal derrocamiento con un propósito económico egoísta. De la boca del propio jefe montonero (Firmenich) obtenemos que: “Desde octubre de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, nosotros sabíamos que se gestaba un golpe militar para marzo del año siguiente. No tratamos de impedirlo porque al fin y al cabo formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista”. Ello, como dice el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, es una admisión pública de que la conducción de la “juventud maravillosa” prefería los militares de la dictadura a la represión ilegal de su propio partido y también de que hasta entonces los 70 eran leídos principalmente como una monstruosa interna armada entre “compañeros”. Se trata de una confesión periodística, y por lo tanto algunos kirchneristas folklóricos podrían aducir que es otra mentira de la prensa hegemónica. Hay un problema: el periodista que entrevistó entonces a Firmenich era Gabriel García Márquez, y consta en la página 106 de su libro “Por la libre”.
La Ley provincial debiera vetarse por el Ejecutivo, pero el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, parece desmentir tal aspiración, ya que afirmó: “Tenemos que aceptar los 30.000 porque esa es la posición que plantearon los organismos, que eran las personas más cercanas en tiempo y espacio a lo que estaba pasando en ese momento. Punto. No se discute más” ¿Pero de qué está hablando este neo “imberbe”? ¡Punto, nada!.Yo, como millones de argentinos (y bonaerenses), también estuve cercano “en tiempo y espacio” a los sucesos y he demostrado en otra nota en este diario que la hiperbólica cifra de desaparecidos no se coincide con la realidad histórica.
Pero, igualmente, a qué “organismo” se refiere. A las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini quién, además de tildar de “dictador” al Presidente y de “asesina” a la Gobernadora, el 24 de marzo pasado convocó a la multitud a desconocer la democracia: “ Basta de ser democráticos para ser buenitos. Me cago en los buenos”, vociferó renegando que su “organismo” defienda ya los derechos humanos y sí a Cristina Kirchner “a muerte” partidizando sus protestas. ¡El pañuelo blanco sí se mancha!
O al de las Abuelas de Estela de Carlotto, cuya “coincidencia democrática” que alegan se compatibiliza con sus firmante del documento leído ese día en la Plaza de Mayo que sacraliza las guerrillas marxista (ERP y Cía) y peronista (Montoneros y Cía) y equipara con la peor dictadura de la historia al gobierno nacido en el elecciones libres (con el 51.34% de los votos) hace poco más de un año y sugiere que “el hambre planificada” debe ser resistida mediante una “lucha” sin tregua cuyos métodos ambiguos no lucen ajustados a ninguna regla. En ese documento, que doña Estela aplaudió a rabiar, no había guerrilleros, había, militantes glorificados y la lucha armada no existió, pues los militares construyeron “el denominado enemigo interno para justificar sus crímenes”. No había violencia política alguna, sólo había genocidas que reprimían el pueblo. A propósito, la palabra “violencia” se estampó tres veces, todas referidas a Macri, quien incluso se lo responsabiliza por la violencia doméstica , luego de acusárselo de “misógino”. Aquel recibe, además, once de las doce aplicaciones de las palabras “reprimir” y “represión”, pues para Videla y sus cómplices sólo hay una.
La señora Carlotto, quien se había encontrado en la admirable tarea de recuperar a los nietos, fue afectada por el discurso kirchnerista que logró su captación ideológica haciéndola perder contacto con la causa altruista que representaba. Tanto ella, como la vanguardista Bonafini, que entraban en la Historia durante la guerra, andante la paz se configuran en la historieta.
O al C.E.L.S. (Centro de Estudios Legales y Sociales), dirigido por Horacio Verbitsky, ex tesorero de los Montoneros, sospechado de ser doble agente durante el Proceso, distribuidor de odios y rencores aún internacionalmente.
Libertad de expresión
Volviendo a Giovanni Sartori, el mismo es glosado por el profesor de historia de la Universidad de Bolonia, Loris Zanatta, en el sentido que creía en lo que los populismos de todos los tiempos y lugares se niegan a reconocer: que si bien el debate intelectual debe ser libre, abierto, plural, sin fronteras, la política democrática se basa en el arte del compromiso; es la arena donde la intransigencia se convierte en fanatismo, intolerancia, autoritarismo. Es una distinción clave, una lección valiosa, un enfoque muy secular de la política, opuesto a la inspiración religiosa y maniquea que los populismos pretenden imponerle.
Mientras tanto, me reitero en el sentido que no se debe amordazarse la libertad de expresión, ni limitarse la indagación de la Historia. La Ley Provincial va a contramano de la libre convivencia democrática. Pero, pese a ello, se advierte que se ha encontrado voluntades y temores que hicieron posible su insólita sanción legislativa. En cuanto al proyecto de la ex montonera Garré, recuerdo que la Corte Nacional tiene nueva integración desembarazada ya del lastre de la influencia del ex montonero Esteban Righi, ex Ministro del Interior del gobierno de la Cámpora y ex Procurador de aquella; y si prosperan varios reclamos, entre ellos el de Claudia Rucci, hija del asesinado líder metalúrgico, también los montoneros pueden llegar a ser genocidas, convirtiéndose el tal proyecto en un “boomerang”.
En definitiva, la libertad de expresión y la verdad histórica en la Provincia de Buenos Aires han pasado a ser ilegales. Estamos censurados todos los bonaerenses. Lo dispuso la firma “Derechos Humanos S.A.” conformada por “accionistas” que habiendo perdido la guerra pretenden apoderarse de la paz recurriendo por ello a “posverdades”, es decir a flagrantes mentiras para adulterar realidades y disfrazar sucesos y, de tal modo, adoctrinar espuriamente a juventudes.
(*) Ex juez federal
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