Sin dudas que el mes que terminamos de vivir ha sido de resultados políticos inesperados tanto para el Presidente de la Nación como para la ciudadanía, que ve empeorar su calidad de vida desde hace bastante más tiempo que la llegada de Mauricio Macri a la presidencia.
Durante febrero de 2017 nos enteramos de una sucesión de causas que involucran al presidente, a sus familiares, a sus funcionarios y a ex empleados de las empresas de su familia en negocios con el Estado. A su vez se dio a luz una serie de decisiones políticas que no parecen procurar la mejora de las condiciones de vida de los sectores sociales más postergados.
Correo Argentino; concesión de líneas internas de vuelo a favor de Avianca; reducción de tarifa arancelaria a la empresa Nextel (del Grupo Clarín) por el uso de 4G; licitación para el dictado de cursos de capacitación docente a favor de una empresa estadounidense gerenciada por el hermano de quien contrata; finalización del Fútbol para Todos; incremento de peajes; rebaja en los aumentos a los jubilados. Estos son parte de los temas que fueron apareciendo o fueron detonando durante este mes. En algún caso el gobierno hizo marcha atrás y pidió disculpas, en otros la presión social los obligó a dejar sin efecto esas decisiones; otros temas siguen para adelante y pareciera que no es el bienestar ciudadano el resultado futuro de estas políticas, más bien lo contrario.
En marzo de 1997 Carlos Menem entregó en concesión el Correo Argentino a la Sociedad Macri (Socma). Este fue un claro caso de una empresa estatal entregada a capitales privados que no efectuaron las inversiones necesarias, produjeron desempleo masivo y promovieron la tercerización de servicios precarizando las condiciones laborales. Con un agravante, después del primer año de concesión Correo Argentino S. A. dejó de tributar el canon de 51.6 millones semestrales por el servicio a su cargo. En el punto 3.17 del pliego licitatorio de la privatización del Correo quedaba claro que “el pago del canon es el único punto a considerar para la propuesta económica a los fines de la preadjudicación” de dicha licitación, “siendo obligación de la empresa acreditar el pago en forma anticipada”. Además de no pagar, la empresa quería que el Estado reconozca como inversión la indemnización a 6.000 trabajadores despedidos. En 2003 Néstor Kirchner decide, por estas y otras razones, suspender la concesión del Correo. La empresa tenía para esa fecha una deuda de 296 millones de pesos con el Estado. Más adelante y por divergencias familiares, Franco Macri decide vender todas sus acciones de las empresas del Grupo en la Argentina, distribuyendo el resultado entre sus hijos. Mauricio Macri dice haber distribuido su parte, entre sus propios hijos.
En todos los casos, sea quien fuere el propietario de lo que queda de Correo Argentino S. A., es muy claro que no puede un funcionario de tercer orden hacer un acuerdo con dicha empresa sobre todo si los términos del mismo son desventajosos para el Estado y muy benévolos con la empresa, a la que ni siquiera se le pidió que retirara una demanda diez veces mayor que había hecho contra el Estado por el mismo tema.
Por su parte, Cambiemos en el gobierno ha expresado firmemente su voluntad de promover la competencia del servicio de vuelos internos en Argentina privatizando rutas nacionales, al mejor estilo de la política de Cielos Abiertos implementada por Carlos Menem en los 90. Hoy por hoy ese servicio es prestado casi con exclusividad por nuestra línea de bandera, Aerolíneas Argentinas. Los vuelos internos en la mayoría de los países del mundo se prestan por empresas nacionales o de capital del país. En nuestro caso, la primera licitación aprobada dará en concesión más de veinte rutas a la empresa colombiana de aviación Avianca. Lo no tan claro es que, justo Avianca compró hace menos de un año todas las acciones de MacAir Fly S.A. (la empresa aérea de la familia Macri). La persona responsable de la compañía resultante de la fusión es la misma que dirigía MacAir. Es probable que este tipo de operaciones cumpla con procedimientos formales (les recuerdo que cuando los empleados de Aerolíneas Argentinas descansaban en el Hotel Alto Calafate aparentemente también se cumplían los procedimientos administrativos).
El año pasado el Grupo Clarín compró las acciones de la empresa Nextel, esa compañía ya no tiene usuarios telefónicos, pero con esa adquisición la empresa toma posición en el negocio de las empresas que pueden dar el servicio de cuádruple play, es decir: telefonía, internet, televisión y transmisión de datos. Al día de hoy esa empresa no abona el mismo canon que sus competidoras por el permiso de uso de la onda de 4G.
Esteban Bullrich, vecino de la localidad de Agustina, es el ministro de Educación y Deportes de la Nación. Gabriel Sánchez Zinny fue designado por Bullrich como Director del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET). Este instituto tiene entre sus misiones la de elaborar y poner en práctica las políticas de capacitación docente. Desde el arribo de estos funcionarios se firmó un convenio con la empresa norteamericana Internet Media Services (IMS) para llevar adelante actividades de interés común en el área de Educación y en la formación de Recursos Humanos en Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC).
Les transcribo los propósitos vertidos al respecto por IMS en su propio sitio de internet: “Con este convenio, IMS busca facilitar la formación profesional en Marketing y Publicidad Digital y en las Plataformas Móviles de Publicidad Nativa en toda la región. El programa “IMS Education” hoy contiene Certificaciones en Twitter, Foursquare, Waze, Spotify, LinkedIn, Vevo, EA, media Programática, y otras por venir como Snapchat, etc“.
Con este convenio el Estado Argentino pone en manos de una empresa con cero experiencia en temas de educación la responsabilidad de capacitar docentes y alumnos; abandona, a su vez, la posibilidad de elaborar sus propias políticas de capacitación, y como agravante persiste la lógica de hacer negocios con familiares y amigos. El director de Marketing de IMS no es otro que Ignacio Sánchez Zinny, hermano de Gabriel, director del INET.
Parecería oportuno verificar la validez de esa sentencia tan argentina que dice “tal persona es rica, yo lo voto porque no va a robar en la función púbica porque ya está hecho”. La evidencia va en otro sentido.
Nadie del Gobierno salió a justificar el último incremento de los peajes en las autopistas metropolitanas. Por enésima vez las personas que se trasladan en esa zona se ven obligados a aceptar un incremento de sus gastos y no ven como contraparte la justificación del mismo. Es un argumento perimido el que defiende el aumento del peaje como medida para desalentar el incremento del tránsito en el centro porteño. Los peajes fueron instalados hace alrededor de 30 años con la idea de pagar la inversión en la construcción de las autopistas. Tres décadas después los concesionarios siguen siendo privados en su mayoría, y no queda muy claro que su responsabilidad vaya más allá del mantenimiento de calzadas y espacios verdes, costo de la energía, seguridad y salarios del personal de cabinas. Cada vez que hay obras de gran envergadura es el Estado quien paga la inversión. La buena noticia es que el ministro Dietrich parece haber desistido, digo parece, de avanzar con un Programa de extensión de casi el 100% de las rutas aranceladas. El mismo pretendía imponer un importe de hasta 5 dólares más I.V.A. cada 80 km., lo que llevaría a un costo de alrededor de 800 pesos, sólo en peajes, en un viaje en auto entre Buenos Aires y Resistencia, por ejemplo.
Este mes se comunicó el decreto por el cual el Estado nacional deja de realizar los aportes para la continuidad del Programa Fútbol para Todos. Si bien es ampliamente discutible la finalidad, la cantidad del aporte, la utilización de esos fondos por parte de la AFA y de algunos clubes de fútbol, el propio presidente de los argentinos había prometido en campaña no terminar este programa sino hasta 2019, año en el que concluiría.
En febrero también nos enteramos que el Anses había decidido cambiar el coeficiente de cálculo de la actualización de los haberes jubilatorios, si bien parece ínfima la diferencia (unos veinte pesos mensuales para las jubilaciones más bajas) se vislumbra una política rigurosa y de ajuste a los derechos de los que menos tienen y enciende una luz mucho más potente para iluminar los errores cometidos desde el Estado en favor de los intereses personales de las empresas de Mauricio Macri y sus funcionarios.
Me gustaría terminar esta nota escribiendo que el Presidente argentino está muy ocupado en torcer este devenir político, que lo desacredita frente a una sociedad que no está viviendo bien y que lo eligió en su momento para transparentar el accionar del Estado, aclarar los datos oficiales, terminar con el capitalismo de amigos, mejorar la difícil vida de los adultos mayores, etc., entre decenas de temas más.
Pero no. Hoy, el presidente Macri al igual que: entre navidad de 2015 y el 4 de enero de 2016 en Villa La Angostura; el último día de la visita de Obama en 2016 en la Estancia del Magnate Joe Lewis; otros 4 días de marzo más otros 3 días en agosto de 2016 en el Cumelén Country Club de Villa la Angostura; otros 3 días en octubre del mismo año en Tandil; además de los 4 días del fin de semana largo de diciembre en Córdoba; y los 14 días que estuvo en Villa la Angostura para pasar Navidad y Año Nuevo; y 4 días a partir de 27 de enero de este año en Chapadmalal, con un día de escala en Villa La Angostura para festejar su cumpleaños; y como estos últimos 4 días de febrero, el presidente Mauricio Macri está de vacaciones.
Silvio Scasso
Licenciado en Ciencias
Políticas. Dirigente del
Frente Renovador
de Junín.
DNI 20914403
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