Un Estado que no sirve

Se los trató de manera separada, como si cada uno no estuviese relacionado con el otro, como si cada uno respondiese a una problemática propia, abordable y solucionable desde conceptos técnicos o específicos.
Y no es que ocurra exactamente lo contrario, solo que los tres temas reflejan una realidad de la Argentina que resulta una contradicción en sí misma: la ineficiencia y la ineficacia de un Estado gigantesco e inútil.
Conviene hacer una aclaración antes de proseguir con el tema: cuando se habla de un Estado inútil, la referencia es el bien común. No así determinados intereses sectoriales que se ven ampliamente beneficiados de esa anomia estatal. Llámense sectores políticos, gremiales, empresariales, profesionales u organizaciones sociales. Grupos de la cultura y del deporte. En definitiva, intereses corporativos que siempre postergan el interés general.
Volvamos a los tres temas de la actualidad. Son ellos: la imputabilidad de los menores; el accionar en materia de prevención y de combate de las catástrofes naturales y la utilización del espacio público para manifestar en desmedro del resto de los usuarios.
En ninguno de los tres, el Estado argentino logra hacer pie. Y es casi imposible que lo logre después de tantos años de corrupción y desidia. No obstante, debe intentarse, al menos para avanzar en la dirección correcta.

Menores
Seguramente como producto del impacto que generó la muerte de un menor perpetrada por otro en pleno acto delictivo, fue que la sociedad argentina abordó nuevamente la cuestión de la imputabilidad de los menores.
Probablemente, si no se producen hechos delictivos similares, la cuestión quede olvidada momentáneamente. Así ocurre desde hace años. Se la retoma, espasmódicamente, cuando se verifica algún episodio. Y se la deja de lado al poco tiempo.
Pero además, el tema es politizado –en un sentido electoralista del término- de manera inmediata. Poco importan los argumentos. Importan más las acusaciones.
Sí se lo quiere imponer, es demagogia punitiva. Si se lo rechaza, es demagogia garantista. Todo parece quedar reducido a los votos que obtengo si lo propongo o si lo rechazo.
El Gobierno abrió el juego con una prudente invitación al debate. Lo hizo a través del ministro de Justicia, Carlos Garavano. Fue prudente pero fue tardía. Hace un año que Cambiemos administra el país y el flagelo de la inseguridad no decae.
A esta altura del partido, el debate debió estar saldado. En cambio, recién comenzó y, para colmo, en año electoral ¿Por qué dejó pasar un año? Sin respuesta.
A esa característica correspondió la respuesta de la aliada del Frente Renovador, Margarita Stolbizer. Hizo del tema una cuestión partidista y electoralista. Lo descalificó antes de comenzar a discutirlo.
¿Y su nuevo socio, Sergio Massa? No solo hizo mutis por el foro, luego de reclamar a viva voz, la baja de la edad imputable durante la pasada campaña electoral, sino que ordenó a toda la tropa a no contradecir a su nueva aliada ¿Y el debate? Bien gracias.
A todo esto, se oponen los k. Cierto que se enrolaron hace tiempo en un garantismo que les permite decir que la culpa de todo es de la sociedad, del campo, de las multinacionales, del imperialismo yanqui y de los medios de comunicación hegemónicos.
Nunca de ellos. Ni cuando por boca de su “jefa” elogiaron a los “barras bravas subidos a los para avalanchas”. Ni cuando formaron el “vatayón militante”, aquel eventual grupo de choque, al que, para pertenecer, había que cumplir con un requisito insoslayable: haber sido sentenciado a penas de privación de libertad por haber cometido delitos.
Todo el mundo parece aferrado a posturas dogmáticas con escasa atención del problema y con más que escasa preocupación por el ciudadano común que es la víctima potencial –y real- de los delitos.
Quizás la única que recogió el guante con un sentido actualizado del problema fue la controvertida diputada nacional Elisa Carrió. Su argumento a favor de la reducción de la edad para la imputabilidad fue actual, no dogmático, ni histórico.
Para Carrió, gran parte de los adolescentes que delinquen, lo hacen como mano de obra de organizaciones criminales. Nadie objetó el argumento. Tampoco nadie se hizo eco.
¿Es posible soslayar una realidad como la que vivimos? ¿Es posible ignorar el desastre que causa, entre los adolescentes, el consumo del “paco”?  ¿Es posible mirar para el costado para no ver las “cocinas” que pululan sobre todo en el Gran Buenos Aires?
Echar culpas sobre las injusticias sociales resulta por demás hipócrita. Es la excusa para no hacer nada. Anillo al dedo para policías y jueces, en particular aquellos que lucran con el delito.
Pero también hace falta echar una mirada sobre la superpoblación carcelaria. Sobre los institutos de menores. Sobre las consecuencias reales, no jurídicas o sociológicas, de la rebaja de la imputabilidad.
Temas todos, sobre los que el Estado está ausente y, así, los ciudadanos comunes continúan casi inermes frente el delito.
Con todo, buena la iniciativa del debate. Más vale tarde que nunca.

Catástrofes
¿Es posible evitar las catástrofes naturales? Desde ya que no. Siempre es posible que la naturaleza supere cualquier defensa. Si es posible, en cambio, disminuir el impacto de sus consecuencias.
O porque las obras que deben llevarse a cabo para minimizar los daños ya fueron realizadas. O porque existe un protocolo de combate al fuego o al agua que permite actuar rápidamente. O porque se cuenta con todos los elementos para actuar prontamente ante la catástrofe.
En todo ello está –o debería estar- involucrado el Estado. Mediante legislación, mediante acción o mediante control.
Vamos por la positiva. Hoy ya nadie habla de los desbordes del arroyo Maldonado o del Riachuelo en la ciudad de Buenos Aires o en los partidos aledaños de la provincia de Buenos Aires ¿Por qué? Porque las obras se hicieron.
Claro, siempre es posible que una lluvia record genere una inundación. Pero debe ser una lluvia record. Y un record no se bate todos los días. Por eso es un record.
Nadie sabe exactamente la verdad de lo ocurrido en el sudoeste bonaerense, el norte rionegrino y gran parte del territorio de La Pampa. No obstante, los datos parciales muestran que solo un milagro hubiese atenuado las consecuencias del fuego.
Todo el mundo está de acuerdo que la sequía junto con los rayos caídos en la Navidad, dieron marco para los incendios que aún se registran en la zona.
Pero a poco de avanzar, encontramos que la compra de 26 aviones hidrantes que Cristina Kirchner anunció con bombos y platillos en la Navidad del 2012, nunca se llevó a cabo. Es más, nunca fue formalizada la correspondiente licitación.
Pero también encontramos versiones contradictorias sobre la conveniencia o no de utilizar –si se hubiesen comprado- aviones hidrantes ante la falta de pistas y el escaso radio de acción dada la necesidad inmediata de recarga de agua.
Quienes sostienen la hipótesis, afirman que lo óptimo es el trazado de cortafuegos –superficies en extremo limpias de vegetación- que impiden la extensión de los incendios.
Existen cortafuegos naturales como un río. Otros artificiales, como una ruta, aunque no son pocas las veces que un fuego la salta. El cortafuego óptimo se ubica en los 50 metros libres de vegetación. Al parecer, el protocolo actual habla de 8 metros.
¿Y los costos de mantenimiento, en zonas boscosas? Sin respuesta.
Tampoco parece estar determinada la jurisdicción. Bomberos de Buenos Aires no pudieron ingresar durante horas para combatir el fuego en La Pampa porque no estaba acordada la correspondiente autorización ¿Por qué frente a las catástrofes no se establece una jurisdicción única? A resolver por el Estado.
Piquetes
Finalmente debió actuar el presidente Macri. Le dijo al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que ya no debe hacerse el distraído frente a los piquetes que asolan la ciudad sin ton ni son, la enorme mayoría de los cuales son protagonizados por un par de decenas de personas que hacen la vida imposible a decenas de miles.
En los últimos tiempos, Rodríguez Larreta justificaba su inmovilismo en dos excusas de escaso convencimiento. Que aún no estaba formada la policía de la ciudad de Buenos Aires y que el protocolo de la ministra Patricia Bullrich no era aplicable.
Pero Macri reaccionó. Lo hizo recién cuando vio que sus guarismos caían en las encuestas y cuando una de las razones de esa caída era el pulular de cortes piqueteros. Piqueteros que recibieron promesas de 30.000 millones de pesos a cambio de… nada. O si, de no participar de eventuales –no se produjeron- saqueos a fin de año.
¿Y la ley? No. Desde ya que no está para ser cumplida. Nadie goza de la garantía constitucional de la libre circulación. A nadie se le aplica las penas previstas por el Código Penal por interrumpir sin autorización esa libre circulación.
Estado ausente que le dicen. No es nuevo. Más vale es bastante viejo. Atizado por un kirchnerismo que alentaba cortes como el de Gualeguaychú y desde entonces miles, hasta hoy cuando hace falta recordarle a un gobernante que debe hacer cumplir las leyes.

Economía
Mientras tanto, en Economía, con nuevo ministro de Hacienda, comunicamos. Sí, insólito, el nuevo ministro Nicolás Dujovne, habló durante una semana a casi un promedio de dos entrevistas diarias. Las primeras, a solo un par de horas de haber tomado posesión de su oficina.
No fue un inicio auspicioso. Dujovne nos quiere convencer que asume para contener el gasto público y la inflación y las primeras decisiones responden a… exactamente lo contrario.
Algunas, como los aumentos de precios, escapan a su órbita. Desde prepagas hasta autopistas, desde estacionamiento en vía pública hasta naftas, indican que las expectativas inflacionarias –si bien menores en intensidad- continúan vivitas y coleando.
Otras no. Por ejemplo, el giro de 25 mil millones de pesos para la provincia de Buenos Aires. Al parecer, porque no está muy claro, 10 mil millones consisten en una condonación de deuda de la provincia con el Estado nacional. El resto es para obra pública, tampoco se sabe muy bien si es para nueva o para aquella en ejecución.
Como sea son 25.000 millones que salen del haber y van al debe. La cosa no queda ahí, el resto de los gobernadores, algunos más y muchos menos, protestaron contra el “privilegio” bonaerense. Se los calmó, diciendo que habrá para todos ¿Y el gasto público contenido?
Lo de los gobernadores es surrealista. La provincia de Buenos Aires cedió puntos de su correspondiente coparticipación federal de impuestos a los inicios de la recuperación de la democracia. Luego cedió, también a las provincias, casi todo –inflación mediante- el monto del impuesto a las ganancias destinado al Fondo de Reparación Histórica del Conurbano bonaerense.
Y ahora todos chillan cuando el Estado nacional socorre a Buenos Aires que recibe menos de la mitad de cuanto recauda para la Nación. En fin…
Pero además está la obra pública. La gran apuesta –junto a la división peronista y al desprestigio K- de Macri para ganar las elecciones de medio tiempo en octubre próximo. Claro que obra pública es gasto público con emisión monetaria sin respaldo o con endeudamiento, puesto que resulta impensable aumentar la actual voracidad fiscal.
Se hace difícil pues imaginar una reducción del gasto público, previsto en un altísimo 4,2 por ciento del Producto Bruto Interno, para este año, año electoral.
Dujovne dice que no obstante lo logrará a partir de eliminar gastos superfluos como organismos de la administración pública, además de alguna reducción de subsidios. Para lo segundo, conviene recordar que se trata de año electoral. Para lo primero, empezó mal, ahora en lugar de un ministerio de Hacienda y Finanzas, hay dos ministerios, uno de Hacienda y otro de Finanzas. Ampliamos gastos.

Política
Y por fin comenzó el año electoral. El por fin viene a colación de la verificación del calendario.
Es que gran parte de cuanto se hizo el año anterior fue hecho en función del año electoral… que venía. Ahora, al menos, ahí está.
Todos se mueven ya al compás de candidaturas. Desde la cooptación de dirigentes –intendentes- del peronismo bonaerense hasta la identificación de quienes deciden avanzar en política desde el oficialismo con candidaturas.
Una máxima parece quedar establecida para Cambiemos: aquel funcionario del Ejecutivo que pretenda disputar una gobernación en el 2019, debe dar la batalla legislativa ahora.
Como táctica no parece mala. Implica trabajar con todo ya, en el distrito, para tener acceso a una candidatura mayor después.
Los tiempos se adelantan. Enero para escarceos, advertencias y pretensiones. Febrero para determinar espacios. Marzo para llenar casilleros con nombres y apellidos. Abril, campaña a todo vapor.
Pero no importa. Después viene el año 2018, cuando prepararemos al 2019, año electoral. Y asi...