Debates sobre la inseguridad

La cantidad de homicidios en ocasión de robo ocurridos en los que va del año en el Conurbano bonaerense, La Plata y zonas de influencia nos ha colocado nuevamente en una situación de alerta.
A eso debemos agregar las marchas por mayor seguridad realizadas en Santa Fe y Rosario, que provocaron un impacto nacional. Las permanentes interpelaciones públicas a las que son sometidos los responsables del área de seguridad, tanto nacional como provincial y municipal, parecen no causar ningún efecto para apaciguar a los ciudadanos de bien, que se ven sometidos a tal situación de zozobra. Discutir si la culpa la tiene la corrupción policial, el abolicionismo judicial o la connivencia política, es como preguntarse qué nació primero, si el el huevo o la gallina.
José Ortega y Gasset conoció a la Argentina en época de crisis. Su mandato “¡Argentinos, a las cosas!” suponía un diagnóstico que aún tiene vigencia: el fondo de descontento y tristeza de los argentinos, su sensación de ambiciones frustradas por anticipado, la búsqueda de modelos antes que de soluciones propias, les impedía usar a fondo su excepcional capacidad. La solución es combatir el delito con todo el rigor que permite la Ley, respetando los derechos constitucionales. No hay más vueltas. El delito no debe ser “regulado”, como parecería que intentan hacer las fuerzas de seguridad. Basta de buscar permanentemente excusas. Eso sólo demuestra mediocridad para enfrentar nuestros problemas como sociedad organizada.
Este “estado de anomia” nos lleva a estar al borde de un “estado fallido”. El problema no se soluciona con parches ni sólo persiguiendo a un sector del delito organizado. Esto merece un ataque frontal desde todos los sectores de la administración, con un objetivo común que no es otro que recuperar la tranquilidad perdida.
Con concentraciones aquí y allá, con reunión en centros de fomento o en plena calle, ¿qué logros se han conseguido? Sólo se escuchan promesas y más promesas. Es hora de que los funcionarios se coloquen en la piel del vecino, de la víctima, y que no usen los medios que el Estado les otorga tan solo para su propia seguridad, o bien para organizar foros para contener a las víctimas. Basta. No debemos tapar el pozo después de que cae el niño sino antes. El Estado ha perdido la capacidad anticipatoria, por complicidad o por desconocimiento. Muchos países del mundo han pasado por esta situación y han tenido retorno. Otros, sin embargo, vemos cómo se desangran diariamente. Para comenzar, debería colocarse el engranaje adecuado en la maquinaria. A nadie se le ocurriría dejarse operar el corazón por un ingeniero sino por un médico.
Nuestra sociedad adolece de muchas cosas que apañan sus virtudes pero parecería normal ver que la opinión es más importante que el conocimiento.
Nadie puede prevenir delictualmente, investigar judicialmente, contener socialmente y/o legislar adecuadamente sobre un tema que desconoce. Sin embargo, eso parece ser lo común. Y que cada cual lleve agua para su molino político, mientras la sangre de los ciudadanos de bien corre por las calles.  

(*) Licenciado en Seguridad.