Una protesta visible, callejera, ruidosa y otra intramuros, silenciosa, de perfil bajo, debió soportar el Gobierno en los últimos días. La primera llegó a modo de advertencia de sectores sindicales y políticos que no disimulan su malestar con el presidente Macri. La segunda se corporizó en las quejas de los empresarios que no sienten que la economía esté en camino de la reactivación.
En medio de ese juego de pinzas, que por cierto no es coordinado pero que en el fondo provoca el efecto de achicar el margen de maniobra del Gobierno, la gestión de Cambiemos se anotó un punto a favor que podría marcar el camino para lo que viene: puso en marcha un acuerdo multisectorial contra el narcotráfico, como una política de Estado por encima del espíritu faccioso.
Para conseguirlo, tuvo que transitar cuatro meses de farragosas negociaciones, pero finalmente logró la firma del pacto, con el visto bueno de gobernadores de todos los signos partidarios, líderes de oposición y la Corte Suprema de Justicia. Ese sendero podría aplicarse también al terreno de la economía, pero hay marcadas diferencias en el seno del Gabinete nacional.
Por caso, Alfonso Prat Gay viene promoviendo el “pacto social” desde comienzos de año, pero hasta ahora el Presidente se mostró reacio a convocarlo. El ministro de Hacienda ya no oculta los encontronazos que tiene con el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, y descarga alguna impotencia en el ala tecnocrática del Gobierno, que no es afín a la negociación política. Sin embargo, ese sector de la administración de Cambiemos empezó a asimilar los golpes por los errores que cometió en el primer semestre.
La central obrera reunificada empezará a aumentar la presión hasta la reunión del Comité Central Confederal que está agendada para el 23 de septiembre. Ese día, de acuerdo al estado de las conversaciones con el Gobierno, el triunvirato cegetista daría a conocer un plan de lucha contra el rumbo económico. La pelota está picando ahora en el campo gubernamental.
El costo de mantener el piloto automático lo enfrentaría a una situación mucho más complicada que la que supuso la marcha federal de las dos CTA el último viernes. La protesta de las centrales alternativas fue importante, aunque ni por asomo se podría equiparar a la imagen de un país paralizado por una huelga general. El sindicalismo peronista tiene ese poder y no lo malgasta.
Confusión
Algunos movimientos recientes de la dirigencia oficialista provocaron confusión, como la convocatoria del intendente Valenzuela a Chiche Duhalde y a la ex ministra Susana Decibe para colaborar con programas del distrito. La pregunta surge sola: ¿El Gobierno no sabe cómo relacionarse y con quién del peronismo no kirchnerista?
La misma pregunta se hacen los radicales y los “lilitos”, socios vitales del PRO en la coalición gubernamental. Sobre todo, en momentos en que el posicionamiento de Margarita Stolbizer comienza a disputarle al oficialismo la prédica anticorrupción, que tantos dividendos le dio en la elección pasada, le sigue dando ahora y que tiene a Elisa Carrió como su abanderada histórica.
Pero con su libro “Yo acuso” y las denuncias en las causas Hotesur y Los Sauces, es Stolbizer quien está llevando a Cristina Kirchner a un terreno desfavorable, la pone a la defensiva y provoca que la ex presidenta muestre su peor cara: la de una líder que busca abiertamente que al Gobierno le vaya mal. En su entorno la justifican: “¿Qué quieren que haga? ¡Se está defendiendo!”, exclaman.
En la misma línea, sostienen que si mermara lo que definen como un “acoso judicial” contra la ex presidenta, sería de esperar que ella “baje un cambio” y se corra de la oposición destructiva. Pero por lo visto hasta ahora, no es factible que suceda una cosa ni la otra. Por eso en el kirchnerismo se preparan para que otro de sus dirigentes vaya preso como López, Jaime y Lázaro Báez.
Sin embargo, no esperan que el detenido sea Julio de Vido porque el ex ministro de Planificación anudó acuerdos con decenas de empresarios durante los 12 años que estuvo en el poder. En ese punto, advierten que los jueces federales no avanzaron sobre hombres de negocios, tal como lo hizo la Justicia de Brasil, lo que provocó una crisis generalizada y derivó en la destitución de Dilma.
Adentro y afuera
Las expectativas que despierta el Gobierno argentino en el exterior no se corresponden, sin embargo, con las dudas que existen fronteras adentro sobre la marcha de la economía. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro Cabrera las sintieron en carne propia en el acto por el Día de la Industria, en la UIA, donde se multiplicaron las advertencias sobre el impacto de la recesión.
La réplica oficial no hizo esperar: varios ministros salieron a afirmar que la inflación se está desacelerando y a exhibir algún indicio de reactivación. Por caso, señalaron que creció la venta de cemento por primera vez en un año, a caballo del regreso de la obra pública, a la que el Gobierno apuesta especialmente para que el crecimiento económico eche a rodar en los próximos meses.
En el calendario gubernamental figura resaltado el segundo trimestre de 2017. Para ese momento, en la Casa Rosada esperan que la recuperación no sea constatada solamente por los indicadores macroeconómicos sino que se sienta en el aparato productivo, comercial y las familias. Como todo tiene que ver con todo, ese período coincidirá con el cierre de listas para las elecciones legislativas.
Aunque ese objetivo podría asimilarse a otros pronósticos gubernamentales que salieron fallidos.
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL
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