Cuando en las clases, sean en las academias de formación policial o en la universidad, doy el art.34 del Código Penal, el cual permite la defensa personal en circunstancias determinadas, siempre se producen largos debates, con distintos criterios éticos morales.
Cómo no recordar el caso de Baby Etchecopar y su hijo. En estos días, en nuestra ciudad, también se estará debatiendo, a través de un juicio por jurados, un hecho con estas características.
Ahora el caso del médico Lino Villar Cataldo vuelve a poner en agenda el debate sobre cuándo se considera que una persona se defendió legítimamente.
Este es un debate histórico. A pesar de que existe una normativa concreta y definida al respecto, el ejercicio de la legítima defensa suele generar peligros y traer consecuencias que no son las deseadas en un Estado democrático, fundamentalmente cuando en ellas se involucran armas de fuego.
¿Sirve de protección que tengamos en casa un arma de fuego? Yo digo que no. Las armas están fabricadas para matar, no para salvar vidas. Por más que para el hombre el uso sea de protección, la mujer lo sufre en forma directa (cuando es la víctima, por ejemplo, de un femicidio) o indirecta, cuando pierde a un familiar que fue baleado.
En la Argentina hay alrededor de 1.500.000 armas legalmente adquiridas. Muchos sienten que tener un arma les da más seguridad. Sin embargo, ha sido comprobado en numerosos estudios que las armas de fuego aumentan los índices de violencia dentro de la sociedad, además de que incrementan el riesgo de morir o salir herido en una situación de delito.
Pero quiero, en esta oportunidad, transmitir mi experiencia como director de Asistencia a la Víctima en la anterior gestión municipal, para decir que las veces que tuvimos que intervenir en hechos como estos, siempre encontramos víctimas en ambos lados. A los que tuvieron que esgrimir la defensa personal, la vida les cambió para siempre, ya nada fue igual, sensaciones de temor, pánico y mudanza. Un verdadero calvario.
Si de verdad queremos que las víctimas no se transformen en victimarios, debemos exigirle al Estado que se haga cargo de una política de desarme -ausente desde hace años- y que no otorgue el monopolio de la violencia a la ciudadanía. El Gobierno no debe responder dando su parecido, sino con políticas públicas.
ENFOQUE
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