Algunas formalidades se siguen cumpliendo. Una de ellas es la de presentar en tiempo y forma el proyecto de ley de Presupuesto nacional no más allá del 15 de setiembre del año anterior, el más importante de los 37 pasos que, en esta ocasión, detalló la resolución 207/15 del ministerio de Economía del 8 de abril.
La elaboración de un presupuesto demanda por lo menos seis meses de trabajos y consultas entre departamentos, direcciones generales y nacionales, subsecretarías, secretarías y ministerios de toda la administración central y los organismos descentralizados.
El 16 de abril se constituyó el Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), integrado por cinco subsecretarios y nueve directores, que cuatro días después inició las consultas con todas las áreas de la administración nacional, en las que se les informa a los responsables la proyección de gastos para el año próximo.
En un plazo de veinticinco días, las reparticiones correspondientes debieron presentar, además, las proyecciones de las variables macroeconómicas (comercio exterior, PBI, inflación, paridad cambiaria) y de los recursos tributarios y de la seguridad social hasta 2018.
Interrogantes
Ahí es, precisamente, cuando comienzan los problemas. ¿Cómo pretender que en abril de 2015 alguien sepa cuánto necesitará gastar en diciembre de 2016, o cuál será la recaudación del IVA dentro de tres años? La proyección es difícil en tiempos de estabilidad, no pasa de una adivinanza en épocas de inflación y es imposible de formular ante un recambio presidencial.
A veces, ni siquiera hace falta un cambio de gobierno. Por ejemplo, la ley de Presupuesto 2015 no tenía previsto que en enero se creara la Agencia Federal de Inteligencia, así como la de 2014 un Ministerio de Cultura.
Algunas formalidades se siguen cumpliendo. El problema es que, vaciadas de contenido, terminan siendo una farsa.
Por otra parte, al compás de la inflación y la falta de ajustes en los mínimos no imponibles de Ganancias y Bienes Personales, las proyecciones de ingresos siempre son inferiores a las reales. Algunos mal pensados aseguran que la subestimación es premeditada.
Agujeros negros
Hay agujeros negros que van más allá de modificaciones en el gabinete. Hace seis años que en marzo y setiembre hay ajustes en las jubilaciones dispuestos por la ley de Movilidad, pero en la de Presupuesto no se prevé un centavo de aumento, al igual que en las paritarias con los diferentes gremios del sector público.
No se trata de diferencias pequeñas. Por el contrario, el sistema previsional representa la tercera parte de los créditos presupuestarios. La ley de Presupuesto no contempla esos aumentos y sin embargo, los salarios públicos se incrementan y las jubilaciones y pensiones se ajustan semestralmente.
Esa anomalía se subsana a través de la intromisión del Poder Ejecutivo en una facultad del Legislativo con los decretos de necesidad y urgencia. Fue también con un DNU que se autorizó la emisión de bonos para el pago al Club de París y la indemnización a Repsol en 2014. Para que quede claro que no se trata de casos excepcionales, desde 2003 al presente la cantidad de DNU y decisiones administrativas que modificaron leyes de Presupuesto supera los 1.300 casos. Y los montos acumulados en ese período equivalen a casi tres presupuestos extra... o mejor dicho post-puestos, ya que no fueron más que la convalidación de gastos ya realizados.
Y por si faltara algo, diputados y senadores votarán una ley de Presupuesto sin saber si se prorrogará o no la de Emergencia Económica. En una cena realizada durante el reciente Seminario Nacional de Presupuesto Público en Mar del Plata, un experimentado contador celebraba su jubilación contando anécdotas luego de casi seis décadas de trabajo en la elaboración de presupuestos para diferentes jurisdicciones. Con una mezcla de ironía e inocultable indignación, sintetizó su parecer acerca de cómo se fue degradando el cumplimiento de la que solía denominarse ley de leyes.“Tendrían que hacerla directamente con tres artículos”, le comentó a este cronista. “Artículo uno: gasten todo lo que quieran; artículo dos: recauden todo lo que quieran; artículo tres: váyanse a la...”
Algunas formalidades se siguen cumpliendo. El problema es que, vaciadas de contenido, terminan siendo una farsa.<
(*) Columnista de Economía
ANÁLISIS
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