El fiscal federal Franco Picardi pidió al Ministerio de Seguridad Nacional que incorpore a la demanda por sedición que presentó a raíz de los incidentes en la marcha de jubilados el miércoles último evidencias relativas a las acusaciones formuladas.
Por ejemplo, como los registros de llamadas completos a la línea 134 vinculadas a la supuesta presencia de barra bravas en el Congreso Nacional y toda documentación y/o información disponible Picardi abrió una investigación en base a la denuncia que presentó el funcionario Fernando Soto por mandato de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, luego que el juez federal Sebastián Casanello le delegó la causa, informaron fuentes judiciales.
En ese sentido, en un dictamen firmado en la tarde del viernes, el fiscal requirió al Ministerio que aporte diferentes elementos de prueba con los que contaría. Además, solicitó que aporte "informaciones y/o documentaciones correspondientes, referidas a los "supuestos grupos movilizados que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas", como se menciona en la denuncia. En concreto aquellas evidencias " en las que se hayan registrado las aludidas agresiones a las fuerzas policiales, mediante empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego".
La fiscalía reclama además "registros y/o informaciones que posea en torno a las afirmaciones realizadas respecto de que el "principal organizador de la violenta movilización del día miércoles pasado habría sido Leandro Capriotti".
"En este sentido, también toda otra documentación y/o información disponible en torno a los siguientes postulados expuestos: "Los principales grupos de barras bravas partieron desde las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires". Picardi pidió al Ministerio la documentación y/o información que posea sobre la actuación de esos grupos y los "actos de violencia de extrema gravedad" por los cuales se los denuncia.
Qué dice el Gobierno
En la presentación del Gobierno se asegura que "la violencia ejercida fue premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos), armas de fuego, clavos de tipo "miguelito" para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones".
"Me refiero, en concreto, a que se aporten los diversos materiales que se afirman como disponibles en la denuncia presentada, que darían cuenta de tales hechos, a los fines de evaluar la plataforma fáctica denunciada conforme las cualidades del caso", concluyó la fiscalía al librar oficio al Ministerio de Seguridad.
La denuncia es por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada.
Acusación y respuesta
El Gobierno Nacional había criticado la decisión de la jueza porteña Karina Giselle Andrade de liberar a los 114 detenidos por los efectivos de seguridad durante la protesta de los jubilados que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso, donde se registraron episodios de violencia.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de cuestionar a través de sus redes sociales el fallo emitido durante la madrugada del jueves, tras asegurar que la Justicia "de la puerta giratoria" es "responsable directa de la inseguridad en la Argentina".
"La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad", sostuvo el funcionario desde su cuenta de X. En la misma línea, amplió: "La Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices".
Qué dijo la jueza
La jueza Karina Andrade, quien actuó como garante del control judicial de las detenciones durante los incidentes en la marcha de hinchas y jubilados el pasado miércoles en el Congreso, justificó su fallo argumentando que las fuerzas de seguridad no proporcionaron información suficiente sobre las detenciones.
Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. "Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución", afirmó.
La jueza señaló que las fuerzas de seguridad omitieron detalles clave: "No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo". A su vez, criticó que las detenciones se informaron con frases genéricas como "misma situación" o "mismo lugar", sin especificar delitos graves como portación de armas o incendio de bienes públicos.
Por otro lado, la magistrada se defendió de las críticas del Gobierno nacional y la administración de Jorge Macri que en clara violación de la división de poderes cuestionaron su accionar, con amenazas de investigar su conducta ante el Consejo de la Magistratura. Andrade evitó responder directamente, pero advirtió: "Cuando se dicen esas cosas, se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra a los jueces". Y aclaró que su decisión no impide que el Ministerio Público Fiscal continúe investigando a los liberados.
¿Y las pruebas?
"Me refiero, en concreto, a que se aporten los diversos materiales que se afirman como disponibles en la denuncia presentada, que darían cuenta de tales hechos, a los fines de evaluar la plataforma fáctica denunciada conforme las cualidades del caso", reclamó la fiscalía al librar oficio al Ministerio de Seguridad.
Sin denuncias
La jueza señaló que las fuerzas de seguridad omitieron detalles clave:
"No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones". A su vez, criticó que las detenciones se informaron con frases genéricas como "misma situación", sin especificar delitos graves como portación de armas.
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