El Gobierno de Javier Milei no investigará si hubo delito en el escándalo de la criptomoneda $Libra que involucra al Presidente, sino que, a través de la Oficina Anticorrupción (OA) -un organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia- y de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) -creada específicamente para este caso-, se limitará a “recabar la información” de distintos organismos públicos “con el fin de colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”, según se lee en el artículo 2 del decreto presidencial 114/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial.
Al respecto, altas fuentes de la Casa Rosada ampliaron que la OA solo “observará” si Milei (o algún otro funcionario) incumplió la ley de Ética en la Función Pública cuando el pasado 14 de febrero promovió en sus redes sociales la criptomoneda cuya difusión provocó un pico casi inmediato en la cotización del activo, para desplomarse a los pocos minutos, dejando un tendal de personas con pérdidas millonarias y unos pocos que alcanzaron a huir con sus ganancias.
“Es importante que se entiendan las competencias. La tarea de investigar si hubo delito es del fiscal federal que lleva la causa en Comodoro Py. La OA observa el cumplimiento de la Ley de Ética Pública y emite dictamen en función de eso. Mientras que la nueva UTI va a recopilar información y a juntar papeles para elevarla a la Justicia. No va a emitir opinión”, aclararon en Balcarce 50.
El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en su habitual conferencia de prensa que “la UTI va a recabar información y a colaborar con el Poder Judicial.
No tiene el mote de investigadora”, pese a que el nombre mismo de la flamante unidad (que será disuelta tras este caso) alude a “tareas de investigación”. Además, el decreto de ayer instruye a la OA a iniciar “las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción efectuando, en su caso, las pertinentes denuncias”.
La recién creada UTI estará bajo la órbita del ministro de Juticia, Mariano Cúneo Libarona, quien designó al frente del organismo a su mano derecha y jefa de Gabinete del ministerio, María Florencia Zicavo.
Según fuentes oficiales, Zicavo trabajó como sumariante en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Además, es coautora del libro “Régimen Migratorio y de Ciudadanía Argentino”. Entre sus tareas a cargo de la UTI estarán las de requerir (y remitir a la Justicia) información a todos los funcionarios, órganos y organismos del sector público nacional, de la ciudad de Buenos Aires y de estados u organismos extranjeros; recibir y gestionar los requerimientos de la Justicia con respecto al caso $Libra; y denunciar “cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos relevados”.
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