Un sorpresivo giro en la causa YPF podría librar al Estado argentino de pagar la deuda millonaria a la que fue sentenciado por la estatización de la petrolera. Es que la jueza estadounidense Loretta Preska, quien sentenció a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares al fondo Burford, ahora abrió una consulta en la causa a partir de una denuncia realizada por una ONG que podría llevarla a revertir su fallo.
Para esto, ambas partes tendrán tiempo hasta este martes 25 de febrero para presentar sus descargos correspondientes ante el tribunal norteamericano.
La presentación realizada por la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA) denuncia que en 2008 “la familia Kirchner obligó a Repsol a vender un 25% de YPF a la familia Eskenazi”, la cual después de la nacionalización no pudo afrontar el pago de los préstamos tomados para ingresar a YPF y las empresas del grupo Petersen quebraron en España.
Según el escrito presentado ante la jueza, la familia Eskenazi celebró luego un acuerdo con Burford y Eton Park para financiar y proseguir el costoso reclamo judicial, “y finalmente dividir la indemnización de más de 16.100 millones de dólares”.
Fernando Irazu, abogado de la fundación, cuestionó que este accionar “sea garantizado, en última instancia, mediante un fallo judicial de los Estados Unidos”; de ahí el pedido de nulidad del fallo.
Ante esta presentación, la jueza Loretta Preska decidió abrir consulta a las partes, que tendrán hasta mañana para responder.
Esta fecha límite fue tomada por miembros de la Coalición Cívica ARI, quienes instaron al Gobierno a no demorar la presentación. En ese sentido, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, escribió en sus redes sociales: “Gracias a la presentación de la ONG Republican Action for Argentina y a la denuncia de Elisa Carrió y la Coalición Cívica, que el juez Ariel Lijo mantiene cajoneada desde hace años sobre el vaciamiento de YPF, la jueza Loretta Preska podría revocar su fallo contra la Argentina por 16.000 millones de dólares”.
“Es fundamental que el Gobierno nacional actúe con responsabilidad y presente una respuesta antes del 25 de febrero. Está en juego la defensa del patrimonio de los argentinos frente a la corrupción y la desidia”, advirtió el diputado.
Por su parte, la también diputada nacional de la Coalición Cívica ARI, Marcela Campagnoli, se sumó a las declaraciones de su compañero de bloque. “Esperemos que el gobierno de Javier Milei e YPF contesten antes que venza el plazo que les dio la jueza Loretta Preska para el 25 de febrero”, instó la legisladora a las partes.
“Si lo hacen, tengo fundadas esperanzas de que se revoque el fallo contra Argentina. Lo que significaría un ahorro de casi 17.000 millones de dólares”, añadió Campagnoli.
Por último la legisladora hizo foco en la denuncia previa hecha por Carrió y apuntó contra el juez Ariel Lijo, candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema: “La presentación en Estados Unidos se basó, como dice la nota, en la denuncia del 2006 de Elisa Carrió sobre el vaciamiento de YPF y el informe de la UIF del 2018 a cargo de Mariano Federici, y desnuda la inoperancia del juez Lijo”.
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