El escándalo por la criptomoneda $Libra, que empezó el viernes con una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de la red social X y que derivó en un pedido de juicio político que en las próximas horas impulsará el kirchnerismo en el Congreso, escaló también hasta la Justicia Federal, donde ya dan cuenta de al menos 112 denuncias penales contra el mandatario.
Las presentaciones apuntan al mensaje con el que Milei, desde sus redes, promocionó la criptomoneda (desconocida hasta entonces), afirmando que “se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. El texto dirigido a a sus 3,8 millones de seguidores iba acompañado del enlace a la página web del proyecto y el contrato del token para aquellos que quisiesen poner sus ahorros allí. En solo media hora, después de la palabra presidencial, el valor de $Libra pasó de cero a 4.000 millones de dólares, según algunos analistas. Muchos creyeron que el valor de la cripto crecería mucho gracias a la recomendación presidencial.
Y así ocurrió al principio. Hasta que súbitamente se derrumbó. El resultado: $Libra ganó millones de dólares en pocos minutos, los mismos que tardó en desplomarse para dejar un tendal de pérdidas.
Milei después borró el mensaje, negando vinculación alguna con el proyecto y aclarando que no estaba interiorizado de la maniobra por la que unos pocos (los creadores de $Libra) se habrían llevado entre 70 y 100 millones de dólares, que es lo que perdieron otros muchos. Nada de eso habría ocurrido sin la participación del presidente, ya que nadie conocía a $Libra ni a la empresa detrás de ella.
Esa es la hipótesis que une a las 112 denuncias contra el mandatario. De esas presentaciones, 111 se cursaron de manera digital en diferentes juzgados. Solo una se hizo en forma presencial en una comisaría porteña; ya fue aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, quien deberá determinar si Milei incurrió o no en algún tipo de delito al promocionar la criptomoneda de la polémica.
Una de las demandas la impulsó el expresidente de la Juventud Radical de la ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá, quien advirtió sobre una presunta “estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y delitos financieros”.
Otra fue presentada por Jonatan Baldiviezo, abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya, abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías; María Eva Koutsovitis, ingeniera fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; y por Claudio Lozano, economista presidente de Unidad Popular y exdirector del Banco Nación.
“Asociación ilícita”
En este caso, los denunciantes acusaron a Milei de haber formado parte “de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $Libra, que afectó en simultáneo a más de 40 mil personas con pérdidas de más de 4 mil millones de dólares”.
Entre el centenar de presentaciones aparece también una realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien defiende a la expresidenta Cristina Kirchner en algunas de las causas que enfrenta en la Justicia.
Además de alcanzar al presidente, la denuncia de Dalbón apunta a otros integrantes del Poder Ejecutivo como Karina Milei y Manuel Adorni. A su vez, menciona a empresarios como Mauricio Novelli, asesor del presidente; Julian Peh, fundador y dueño de la compañía Kip Protocol; y Hayden Davis, empresario, fundador y dueño de Kelsier Ventures.
Como se dijo, antes habrá que probar si la publicación del jefe de Estado constituye delito. Abogados como Jorge Grispo consideran que no, que si bien “la publicación de un tuit en el que Milei menciona una criptomoneda puede ser políticamente cuestionable por la oposición, buscando un claro rédito político, no constituye una infracción penal” y que “el derecho a expresarse libremente es un principio fundamental consagrado en la Constitución, y el hecho de ocupar la Presidencia no anula esta prerrogativa”.
En cambio, el abogado Daniel Kiper se centró en la responsabilidad penal de las expresiones en las redes para advertir que “pueden convertirse, en el peor de los casos, en una vía para la difamación, el hostigamiento e incluso la comisión de delitos”, y aseguró que “un mensaje en redes sociales puede ser delictivo si cumple con los elementos típicos de una figura penal”.
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