El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien puso la firma a la eliminación de una veintena de normas vinculadas a Agricultura. “Resulta indispensable alinear las políticas de regulación de las actividades vinculadas a la agricultura, ganadería y pesca, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos en relación al Estado Nacional, los productores, los exportadores e importadores”.
Esta frase forma parte de los considerandos de la resolución 1129/2024 que dio a conocer este martes el Ministerio de Economía de la Nación y que constituye una continuidad de la política de desregulación aplicada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En este caso, el ministro Luis Caputo puso la firma a la eliminación de otras 19 normativas que se sancionaron entre 2020 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, y cuando fueron ministros o secretarios de Agricultura, Luis Basterra, Julián Domínguez y Juan José Bahillo.
Entre estas regulaciones que se derogaron, una de las más importantes es la Resolución Conjunta 3, del 19 de abril de 2021 de los ex Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Allí, la administración kirchnerista había dispuesto la obligación de que todas las exportaciones de carnes registraran una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), que constituía una traba al libre comercio exterior. Precisamente, fue una idea que se puso en marcha para evitar que grandes volúmenes se exportaran, aumentara la oferta en el mercado interno y no aumentaran los precios.
En tanto, también se dio fin a uno de los fideicomisos que supo generar amplia polémica: el denominado “aceitero”, que tenía como objetivo que las empresas agroexportadoras vendieran al mercado doméstico aceite de girasol con un valor más económico.
Por otro lado, aunque fue solo una declaración de objetivos que nunca se trasladó a ningún programa en la práctica, también se derogó este martes la resolución 216 del 11 de octubre de 2020, en la que se había creado la “Iniciativa 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres”. Además, se dejó sin efecto la resolución 228 de 2020 de Agricultura que había creado la Unidad de Transversalización de Perspectiva de Género, con el objetivo de “conformar una instancia de gestión que permita el tratamiento de dicha temática desde diversos ámbitos a los fines de promover la igualdad de géneros”.
Por último, otras resoluciones importantes que quedaron en el camino son las que habían creado el Programa Lanar, para compensar a productores ovinos de la Patagonia; y la que también compensaba a productores aviares por los mayores costos que significó en su momento el “dólar soja”.
COMENTARIOS