“Silencio positivo”, un paso para “agilizar” la administración pública

Ya rige en la administración nacional el “silencio positivo”, un cambio en el paradigma, para el gobierno libertario, en la gestión estatal que abarcará a unos 500 trámites. Mediante esta nueva disposición, cuando un ciudadano cumple con todos los requisitos formales de un trámite reglado y pasa 60 días sin recibir respuesta del Estado, el formulario se dará por aprobado automáticamente.

Se trata de un “cambio de cosmovisión grande” señalaron desde el Estado, ya que históricamente se aplicaba el silencio negativo, es decir que la falta de respuesta era tomada como un rechazo.

Tal como se determinó en la Ley Bases (donde está incluida la normativa), esta modificación entró en vigencia el viernes 1 de noviembre, a partir de la publicación del Decreto 971/24 que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En esta primera instancia solo se aplicará en los organismos centralizados y a partir de diciembre se extenderá para los descentralizados.

“Dimos un paso trascendental en la aplicación del silencio positivo en los actos administrativos”, celebró al respecto el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger quien estuvo al frente de esta medida y explicó: “A partir de la promulgación de la ley hicimos un relevamiento de trámites a los que aplicaría este criterio los que luego fueron validados por la Secretaria de Planeamiento Normativo a cargo de María Ibarzabal”.

”El proceso de recopilación sigue, así como la revisión de cada uno de estos trámites para su eventual derogación. El ejercicio nos reveló infinidad de obligaciones que el Estado imponía cuya existencia desconocíamos”, indicó el funcionario nacional.

APLICACIÓN Y MONITOREO

Con la implementación de esta medida se espera que se agilicen ciertos trámites logrando así una administración pública más activa con respecto a los tiempos de espera en la que el ciudadano tenga noción de cuanto demorará su solicitud.

Es que con la norma del silencio negativo los tiempos se dilataban al extremo debido a que la administración podía postergar las decisiones por tiempo indeterminado. Ahora, de esta manera, la gestión pública no tendrá posibilidad de aplazar los tiempos ya que la indefinición y falta de respuesta será señal de que el trámite fue aprobado.

De todos modos, vale señalar que pasado los 60 días sin respuestas el trámite estará aprobado pero no oficializado. Para eso el solicitante deberá pedir un certificado de silencio administrativo, documento que la administración tendrá un periodo de 15 días más para entregar luego de haber verificado que el ciudadano cumpla con los requisitos y así evitar fallas en el sistema del silencio positivo.

Por otro lado, desde el Ejecutivo advirtieron que implementarán una etapa de monitoreo para verificar el funcionamiento y ver si es necesario practicar algún ajuste. Se trata de una medida que contempla cierta flexibilidad por lo que no descartan que tras el monitoreo puedan incorporarse trámites que por el momento fueron exceptuados.

EN QUÉ TRÁMITES SE APLICARÁ

El silencio administrativo positivo no se aplicará en todos los trámites sino en aquellos que cumplan con ciertas condiciones como ser procedimientos reglados, tener requisitos objetivos y no den lugar a la discrecionalidad administrativa.

En ese sentido, en el cuerpo del decreto firmado por el presidente de la nación, se adjuntó un anexo con los trámites que serán contemplados por esta nueva normativa y los que no.

Entre los que sí se aplicará el régimen de silencio positivo se encuentran el registro de actores de doblaje, la solicitud de baja o suspensión de la actividad de guía de parques nacionales, la autorización para el uso de la Marca País tanto en actividades comerciales como de promoción, la exportación o importación de restos paleontológicos y el registro de productoras o agencias científicas, entre otros.

En tanto que algunos de los trámites que quedaron afuera del silencio positivo son aquellos que requieren la modificación de datos del registro de bases de datos públicos, solicitud de reconocimiento como refugiados, el visado de planos de mensura, el reconocimiento institucional de las poblaciones rurales y la autorización para uso de fuego en áreas protegidas.

Por último, vale remarcar que las administraciones de otros países ya han aplicado medidas similares a estas. En Chile, por ejemplo, adoptó un sistema de silencio positivo acotado solo a algunos trámites específicos.

Mientras que en Francia en un primer momento aplicaron un esquema mucho más amplio que derivó en una serie de conflictos administrativos que llevaron a la revisión y readecuación de su alcance.

La experiencia de ambos países sirvieron de ejemplo a la hora de redactar la normativa que se aplicará en todo el territorio nacional.