La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, aseguró que el Hospital Laura Bonaparte ingresó a un “proceso de reestructuración” que estará en manos de “un equipo interdisciplinario” formado por directivos del hospital, profesionales de ese centro nacional de referencia para la atención de problemas de salud mental y adicciones y de funcionarios del propio ministerio encabezado por Mario Lugones.
“Así como está el hospital es inviable”, destacó Loccisano y reveló que la decisión de los profundos cambios que se realizarán surgen de una auditoría de abril de 2023 que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en la que revelaba que se “incumplía con la Ley de Salud Mental y el derecho de los pacientes”.
La funcionaria, que habló ante un grupo de periodistas, negó el cierre del Laura Bonaparte, una idea que había sido difundida por fuentes del propio Poder Ejecutivo la semana pasada y afirmó que hay abierta una instancia de diálogo con los trabajadores que profundizaron las mediadas de fuerza “contra el cierre del Bonaparte”, mantienen “la permanencia” dentro de las instalaciones, e impulsada por ATE, preparan “una movilización” para este jueves 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental.
Para ejemplificar el desmanejo, que según La Libertad Avanza ocurre en el Bonaparte, dijo que si se calcula la inversión diaria del nosocomio con la cantidad de pacientes que asisten -unos 20 internados de las 60 camas disponibles- y unas 200 o 300 consultas externas, el valor de cada una de ellas oscila entre los $100.000 y $120.000.
Entre las principales definiciones, la viceministra de Salud destacó: “En primer lugar el Ministerio de Salud no dispuso la interrupción del funcionamiento del Hospital de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte”.
“Llegamos a esta decisión por varias cuestiones. La primera, un informe de la SIGEN que detectó dos situaciones críticas: uno tiene que ver con el incumplimiento de la Ley de Salud Mental y el otro con el incumplimiento de la Ley de Protección de los Derechos de los Pacientes”.
Sobre estos dos puntos, la viceministra aclaró: “El primero está relacionado con el hallazgo de pacientes con tratamientos médicos prescritos sin intervención médica. Por lo menos sin intervención médica documentada. No se encuentra el profesional que prescribió el tratamiento”.
La segunda situación revelada por el informe de la SIGEN, publicado en abril de 2024 y realizado en 2023, fue la violación a los derechos del paciente. Sobre ese punto, la funcionaria explicó que: “No se custodiaban los datos de los pacientes. Las historias clínicas presentaban muchas deficiencias. Estaba relacionada con la falta de antecedentes de los pacientes y de los profesionales que tomaban las decisiones sobre esos pacientes. Faltaban firmas de los médicos o directamente no estaba el nombre del profesional”.
Para Loccisano, en las dos observaciones de la SIGEN, estaba cuestionada también “la calidad de atención de los pacientes”. Bajo la mira están otros hospitales cuyo funcionamiento habría sido cuestionado por auditorías anteriores. Desde la cartera de Salud también se aseguró que se detectó “una alta ineficiencia en la utilización de los recursos públicos”. Sobre estos puntos, la viceministra puntualizó: Sobre 60 camas de internación, el promedio de uso de camas es inferior a 20.
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