A pesar de las críticas que generó el decreto que limita el acceso a la información pública –a las que se sumó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, mediante u comunicado- y a pesar de que el propio Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijera en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados que podría “haber una revisión” a la norma, desde el Gobierno nacional aseguraron hoy que no se aplicarán las modificaciones prometidas ante el Congreso.
Así lo aseguró en su habitual conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni. "Se trata de que el acceso a la información pública sirva para eso y no destinar más recursos de lo que se requieren para que la sociedad esté informada", justificó al respecto.
En su defensa del decreto del Gobierno que altera los parámetros de accesos a la información pública, Adorni apeló a ironías y le pegó por elevación al anterior gobierno: "Ese es el espíritu de la ley: que todos podamos acceder a la información del Gobierno, pero que esto no vaya en contra de la privacidad de los funcionarios. Hemos recibido durante este gestión pedidos -que se han multiplicado por 10- donde nos han preguntado qué marca de té tomamos, qué raza y color de mascotas tenemos, si nuestras mascotas son felices, cosa que no tiene por qué importar", desarrolló.
Y agregó: "Nos preguntaron si el doctor (Alberto Fernández) cursó la Ley Micaela, cuántas materias dicta en la UBA. Queremos terminar con esto de consumir mucho recurso público y que no hace a que la gente esté enterada de lo que pasa".
A través del Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó el artículo 1° de la Ley N° 27.275 en lo que mencionaron como "buena fe", y establecieron que "la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación".
Para aplicar los cambios, modificaron el concepto y alcance de lo que se conoce como "información Pública" al asegurar que no se entenderá como información pública a "aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria".
Los cuestionamientos de ADEPA
Ante esta novedad, ADEPA fue una de las voces que se alzó contra este decreto. La entidad que nuclea al grueso de las instituciones periodísticas del país considera que las excepciones incluidas en el decreto son demasiado amplias y vagas, lo que podría permitir a los funcionarios negar el acceso a la información pública bajo pretextos como “daños y perjuicios” o "interés público".
Argumenta además que estas restricciones podrían afectar el respeto a los principios establecidos por la ley, así como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia. ADEPA también destacó que uno de los cambios más preocupantes es la redefinición de “información pública” y “documento”, lo que podría limitar aún más el acceso a la información.
Justificación estadística
Hacia el cierre de su habitual conferencia de prensa, Adorni detalló con estadísticas la actitud del Gobierno frente a la información pública: "Somos de los primeros que vamos a defender la transparencia, la honestidad y que estén enterados de todo. En 2020 se recibieron 57 pedidos, en el 2022 95 y en 2023 65 y hasta agosto 558. Esto no va en contra de la información, simplemente tratar de ordenar esto que se pregunten cosas que no hacen a la utilización de fondos y a la honestidad del funcionario y que concentra muchos recursos para atender este tipo de cuestiones. Incluso no se han recibido judicialización ni amparos por ningunos de estas respuestas", sostuvo además.
Por su parte, el funcionario planteó que se harán aclaraciones en caso de ser necesario, y explicó los dichos del titular de ministros en el Congreso: "Francos dijo que estamos dispuestos de hacer cualquier modificación en una ley o de cosas que estén mal, pero no es este el caso. No quita que haya una aclaración adicional".
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