Los dos candidatos a jueces de la Corte Suprema que propuso el Presidente ya hicieron las respectivas audiencias de defensa de sus postulaciones en la Comisión de Acuerdos del Senado nacional pero los dictámenes con sus pliegos, que deben ser elevados al recinto para su tratamiento, quedaron trabados por los vaivenes de una negociación que asoma complicada para el Gobierno.
Con apenas siete senadores propios (desde el jueves último uno tiene monobloque), La Libertad Avanza necesita de los votos de la oposición para lograr que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla sean designados en el máximo tribunal. Esa situación de debilidad objetiva obliga al oficialismo a tener que aceptar un “retruco” permanente de los opositores, sobre todo del pero-kirchnerismo, que ostenta 33 de las 72 bancas senatoriales.
BUSCANDO VENTAJAS
Javier Milei se plantó en la premisa de que deben ser votados ambos candidatos “sí o sí”. Sabe que, más allá de alguna declaración que relativizó el apoyo, el PJ respaldará el pliego de Lijo, un juez tan polémico que resulta prácticamente imposible encontrar antecedentes de una controversia tan grande alrededor de una postulación como sucede con él. Pero el jefe de Estado ya se dio cuenta de que el peronismo, por aquella supremacía numérica, quiere sacar alguna tajada más a cambio de poner las firmas en el dictamen de comisión y de levantar la mano en el recinto.
El razonamiento sería: los dos queremos a Lijo; vos no tenés los votos y yo sí, ¿qué más puedo lograr a cambio como para hacer valer esa ventaja?
La semana que pasó estuvo plagada de versiones. Una decía que el kirchnerismo pretende bajar la postulación de García Mansilla -que asumiría recién en diciembre, al jubilarse el juez Juan Carlos Maqueda- e impulsar en su lugar a un candidato más afín al espacio. Es que entre el decano de Derecho de la Universidad Austral y la tropa leal a Cristina Kirchner hay un abismo ideológico. Sin dar nombres, los K juegan con la idea de que ese sillón debería ser para una mujer. Una tesis que también respaldan desde otros sectores políticos, aún con cero cercanía al Instituto Patria. Ejemplo: en ese sentido, que resalta la cuestión de género, se ha expresado la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El aparente encono del peronismo con García Mansilla se percibió en la audiencia donde el letrado defendió su postulación. Los senadores de ese espacio tuvieron un particular protagonismo incisivo contra el candidato, que respondió siempre con aplomo. Esa actitud de los PJ, sin embargo, estuvo ausente cuando debió comparecer el polémico Lijo quien, por el contrario, fue receptor de varios centros del cuestionario kirchnerista.
UN ACUERDO MÁS AMPLIO
La otra versión que circuló es que, a cambio de votar a Lijo y a García Mansilla, como quiere el Gobierno, el kirchnerismo propone un acuerdo más amplio, siempre con la idea de sacarle ventaja a su situación de fuerza dominante en el recinto: apurar una ampliación de la Corte Suprema -no queda claro a cuántos miembros; hoy son cinco- y discutir también otros cargos importantes, como el Procurador General de la Nación, actualmente vacante, y sobre todo unos 140 cargos en la Justicia Federal que deben ser cubiertos. Se sabe: ese fuero, y la tendencia a su colonización, siempre ha sido una debilidad para el peronismo.
Básicamente este tironeo entre los libertarios y el justicialismo sobre todo K es lo que hasta ahora deja en una nebulosa la cuestión de los jueces supremos. El resto de la oposición, los llamados dialoguistas, miran y esperan. Pretenden que salte a la vista el acuerdo entre el gobierno y el PJ o, si se quiere, entre Milei y Cristina. La idea de que eso está en camino incluso fue blanqueada por dos senadores ligados a la ex Vice: Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti. Esta última fue quien tiró sobre la mesa la carta de la ampliación de la Corte.
El diálogo, en efecto, existe y se da vía terceros: entre el influyente asesor del Presidente, Santiago Caputo (según dijo García Mansilla fue quien le ofreció la candidatura a la Corte aún sin tener un cargo real, dejando así pintado al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona), y el senador Eduardo “Wado” de Pedro, delegado de Cristina para las operaciones judiciales. Es de su extrema confianza. El periodista Marcelo Bonelli contó incluso que la exmandataria lo estaría pensando como eventual ministro del máximo tribunal ampliado. Suena osadísimo. Wado desmintió ese dato el viernes pasado. Pero no el acuerdo en marcha. Lo dicho: la oposición no peronista asiste cautelosa a todo esto.
Mauricio Macri, líder del PRO, ya se expresó en contra de la designación de Lijo. No queda claro si todos los senadores amarillos avalarán esa posición. El radicalismo decidió prolongar definiciones públicas sobre apoyos a los dos candidatos hasta no tener más claro cómo viene el acuerdo que se negocia entre LLA y el PJ.
Pero, en verdad, actuó tácticamente a favor del juez de Comodoro Py: para muchos ya pasó al olvido pero hace unos diez días, imprevistamente, la UCR desplazó de la comisión de Acuerdos del Senado a un legislador que había avisado que no avalaría la designación de Lijo (Pablo Blanco) y lo reemplazó por otro que sí lo respaldará (Eduardo Vischi). Una firma asegurada para el pliego, llegado el caso. Se necesitan 9 de 17 integrantes de la comisión de Acuerdos.
Así, todo parece indicar que la mayoría de los radicales terminarán votando a favor de Lijo (las excepciones podrían ser el mencionado Blanco y la santafesina Carolina Losada), sumándose de esta forma a los que pagarán el costo político del respaldarlo públicamente. Parece que prima su influencia: es que se trata de un juez con muchas terminales en la UCR, en especial varias cercanas al titular del partido, justamente el senador Martín Lousteau.
Tal vez la exigencia del gobierno de apurar al Senado con aquello de “los dos jueces o ninguno” (que traducido sería que el PJ se trague el sapo de García Mansilla a cambio de conseguir al que realmente pretende, Lijo) encierre para el Gobierno cierta idea de que Milei pagará menos costo ante la sociedad porque el currículum impecable del académico de la Austral actuaría como una suerte de contra peso. Opinable.
Pasó medio desapercibido, pero en la semana el ministro Cúneo Libarona confirmó en un reportaje en TN que el nombre del polémico Lijo fue llevado al Presidente por el actual juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, enemistado con sus pares del máximo tribunal desde que constituyeron una mayoría que le quitó el enorme poder con el que conducía el cuerpo cuando era presidente del mismo.
Así, cobra cierta verosimilitud la versión de que Lorenzetti, además del nombre, le llevó a Milei la idea de la posible conformación de una suerte de Corte adicta, de una mayoría proclive a avalar cuestiones sensibles para el oficialismo, que remite inevitablemente a aquel tribunal de la “mayoría automática” del menemismo. Historia circular.
Los antecedentes cuestionables del juez Lijo
Cuando se habla de pagar costo político se alude a lo que puede implicar negativamente una decisión en términos de opinión pública. En este caso, sentar en el escalón más alto de la Justicia a una persona polémica como Ariel Lijo, que es del sistema pero con antecedentes cuestionables. Algunos ejemplos de eso:
-La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó los expedientes disponibles en el Observatorio de Corrupción del Centro de Información Judicial que depende de la Corte Suprema. Los datos reflejan que Lijo tuvo a su cargo 89 expedientes de corrupción en sus 20 años como juez federal. De ese total, 63 están catalogados como “gcerrados”h. Fueron elevados a juicio o los imputados fueron sobreseídos o se les dictó la falta de mérito.
Las 26 causas restantes continúan abiertas. La mitad de esos casos (o sea, 13) llevan más de 10 años de duración y otros 12 tienen entre 7 y 9 años de iniciados. En términos absolutos, es el juez que menos causas de corrupción elevó a juicio. Además, de las 8 causas bajo la órbita de Lijo en la que uno de los imputados era un presidente o ex presidente, sólo una llegó a juicio: el Caso Siemens. Pero sólo fueron procesados empresarios e intermediarios, no funcionarios.
“gComo resultado de este análisis, se observa que la gestión de Lijo ha sido, cuanto menos, inefectiva”h, señala la ACIJ.
-El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que impugó la candidatura de Lijo, analizó las estadísticas de los últimos 3 años que están disponibles de la Justicia Federal porteña:
2010, 2011 y 2012 (por cierto, una vergüenza). Concluyó que de los 12 juzgados federales de Comodoro Py, el de Lijo es el de menor “gtasa de resolución de casos”h, entendida como la relación entre causas ingresadas y las elevadas a juicio o sobreseídas. También, señala que, según datos de una auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura de 1998 a 2016, el de Lijo es el juzgado con más demoras en causas de corrupción: el 22,2% de los casos (en trámite o resueltos) registran 6 o más años de duración.
-De los 8 jueces actuales de Comodoro Py (son 12 juzgados pero hay 4 vacantes), Lijo es el tercer juez que más denuncias recibió, tanto en términos absolutos como relativos (denuncias por año). Son un total de 32. De esas, 16 fueron desestimadas in limine (apenas presentadas), 11 fueron desestimadas, 2 archivadas por el paso del tiempo y 3 permanecen abiertas.
-En 2018, Elisa Carrió lo denunció penalmente por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. También incluyó a su hermano Alfredo, operador judicial, al ex camarista Eduardo Freiler, al ex ministro Julio de Vido y a su ex secretario José María Olazagasti. El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a todos y el fiscal Franco Picardi no apeló el cierre de la investigación, por lo que quedó firme el sobreseimiento. Una de las curiosidades de este expediente es que los hermanos Lijo fueron patrocinados por un importante estudio jurídico: el de Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia.
-De acuerdo con su última declaración jurada, presentada en 2023, Lijo posee bienes inmuebles por un valor fiscal de $ 10,3 millones. Es un lote en Hudson, partido de Berazategui, adquirido en 2010, y una serie de mejoras realizadas sobre este mismo inmueble desde 2011 en adelante. Declaró ahorros por 11 millones de pesos y 40 mil dólares. E informó una deuda hipotecaria con el Banco Provincia por 378 mil pesos. Pero vive en un departamento en un barrio acomodado de la CABA, que sería propiedad del kirchnerista platense Carlos Bettini.
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