La causa por espionaje ilegal, a través de escuchas telefónicas realizadas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, está a punto de diluirse en los tribunales de Comodoro Py. Pero antes de que eso sucediera, se presentó en el fuero federal un abogado de la SIDE y pidió conocer el estado procesal de la causa que involucra al actual presidente del PRO.
El letrado Ignacio Damián González, que acompañó el escrito con el poder de representación de la agencia que controla políticamente Santiago Caputo, a través de Sergio Neiffert, dijo al juez “que teniendo un interés legítimo en conocer el estado procesal de dichos actuados, solicito tenga a bien relacionar el domicilio electrónico del suscrito con la causa de marras”. La causa no tiene movimientos relevantes desde hace meses, pero por algún motivo, el Poder Ejecutivo se interesó en el proceso, pese a que no es parte.
El pedido fue presentado después de que la Cámara de Diputados de la Nación votara en contra del DNU que le otorgaba a la central de inteligencia 100 mil millones de pesos para gastos.
Veinte diputados votaron en contra del decreto, cuatro a favor y dos se abstuvieron. Quienes responden a Macri dijeron que no a la ampliación de recursos de la agencia de inteligencia.
¿La presentación del abogado de González fue rechazada por el juez Sebastián Ramos -que cubre en este momento a Marcelo Martínez de Giorgi, magistrado de la causa, que está de licencia.
El escrito de Ramos dice: “En cuanto a lo solicitado por el apoderado de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), toda vez que dicho organismo no reviste carácter de parte y que además, tampoco se encuentra justificado su concreto interés en conocer el estado de estos actuados -y de las causas conexas-, no ha lugar”.
La respuesta se produjo dos días después del rechazo del Congreso al DNU de Javier Milei.
Esta interferencia del gobierno libertario en la causa se da en un contexto de extrema tensión entre Mauricio Macri y Santiago Caputo. El expresidente afirmó en público que el asesor de Javier Milei es un problema para la alianza entre Pro y La Libertad Avanza.
Esta semana además, fue confirmado Martín Lousteau al frente de la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia en el Senado
Encima acompañado de los kirchneristas Leopoldo Moreau y Oscar Parrilli. Fue un golpe tanto para Macri como para el propio Javier Milei y su favorito, Santiago Caputo.
LA CAUSA DEL ESPIONAJE ILEGAL
El proceso comenzó con denuncias presentadas por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en 2020. La denuncia apuntaba a las gestiones de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la AFI, y señalaba que en esa época se habían realizado tareas de inteligencia ilegal como seguimientos, interceptaciones de comunicaciones, y recopilación de información sobre personas vinculadas tanto al oficialismo como a la oposición, jueces y periodistas, entre otros.
El primer juez en tomar el caso fue Federico Villena, de Lomas de Zamora, pero fue apartado de la causa. Y pasó al platense Juan Pablo Auge en el mismo distrito.
Luego se incorporaron dos causas (la del Instituto Patria y la del resto de las tareas de espionaje) a un expediente principal que fue trasladado al Juzgado Federal Nº 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Martínez de Giorgi.
Este movimiento tuvo convalidación por parte de la Corte Suprema.
La Cámara de Casación Penal dejó firmes, en ese año, los procesamientos de un grupo de exespías y confirmó la falta de mérito dictada a Gustavo Arribas. Majdalani, por otra parte, quedó procesada pero no por infringir la ley de inteligencia, sino por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Después, el Tribunal Oral Federal (TOF) número cinco dispuso en abril pasado el sobreseimiento de todos los imputados por haber espiado a opositores, empresarios y familiares.
Mahiques y otros dos jueces de similar sintonía, Javier Carbajo y Daniel Petrone, deben resolver qué pasará con el expediente.
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