La Cámara de Diputados retomó ayer el debate de los proyectos de ley para bajar la edad de imputabilidad.
En un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, se expusieron los aspectos centrales de las distintas propuestas. Por caso, Ricardo López Murphy, de Encuentro Federal, defendió su texto para reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, advirtiendo que solo dos países de Latinoamérica (Argentina y Cuba) sostienen regímenes penales de minoridad con un piso de responsabilidad penal en los 16 años. El economista sostuvo que “no es verdad que se busque bajar la edad de imputabilidad para poner presos a los menores” y aclaró: “Al contrario, lo que se busca es que el Estado pueda intervenir y contener al menor que se encuentra en conflicto con la ley”. Para López Murphy, los menores de entre 14 y 16 años “no pueden ser sometidos a un régimen asimilable al del adulto, pero tampoco quedar sin la posibilidad de proteger la seguridad pública”. A su turno, Diego Santilli (PRO), aludió a su propuesta para que los menores sean imputables a partir de los 15. Agregó que, “según cifras del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, el año pasado hubo 23.846 causas penales iniciadas contra menores” y que se registraron “casi 200 homicidios en los que están involucrados menores de 15 años, lo que representa un aumento de más del 8% respecto del 2022”.
Reinserción
Por su parte, Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica (CC), expuso sobre el proyecto que plantea reducir el piso de la responsabilidad penal a los 14 años, pero aclaró que “no hay evidencia que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad”. Campagnoli sumó un informe de jueces penales bonaerenses, según el cual durante 2023 “solo el 2,2% de los delitos fueron cometidos por menores” y se preguntó si realmente “vale la pena cambiar todo un sistema por un porcentaje tan menor”.
El proyecto de la CC establece dos meses de prisión preventiva, apuntando a la “reinserción y no a la mera privación de la libertad como el proyecto del oficialismo”, que plantea la imputabilidad desde los 13 y establece una pena máxima de 20 años para los menores de 18. Desde la UCR, Roxana Reyes justificó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad porque, a su entender, la “falta de responsabilidad penal” en menores de 16 “no solo afecta la victima y a la sociedad sino también a estos chicos que pueden empezar tempranamente una carrera criminal”.
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