Convencido de que el sistema de salud está “quebrado” y que urge “reordenarlo” o, directamente, “refundarlo”, el Gobierno nacional analiza empezar a cobrar la atención médica a extranjeros no residentes en hospitales públicos y limitar la entrega de medicamentos de alto costo.
Según versiones oficiales, la idea, que empuja el ministerio a cargo de Mario Russo, podría tomar forma de proyecto de ley en los próximos días. Y va en línea con la decisión que siguieron Salta, Mendoza y Santa Cruz.
La medida choca, en cambio, con el rechazo de la administración bonaerense, que a través del ministro Nicolás Kreplak cuestionó: “Las provincias y el Ministerio de Salud nacional que hacen alarde y marketing por esta situación solo alimentan el odio, la tensión y la xenofobia en hospitales y centros de salud”, reprobó desde las redes sociales el titular de la cartera sanitaria del gobierno de Axel Kicillof apenas trascendió la noticia.
Porcentaje menor
Mientras Kreplak consideró “grave” la propuesta libertaria y aseguró que la atención a personas extranjeras que no residen en nuestro país es menor al 1 por ciento, su par nacional le apuntó en declaraciones periodísticas al “enorme despilfarro de recursos” que, según advirtió, encontró en la cartera que conduce.
E incluyó como parte de ese derroche los gastos del Estado para asistir a los pacientes que no viven en el país. Destacó, en ese sentido, que “ahora Salta, Neuquén y Mendoza empiezan a cobrarle a extranjeros y esto ocurre por un cambio cultural. Es cierto que algunos nos juzgan como insensibles, pero las provincias empiezan a ordenarse también.
Celebro que la provincia de Buenos Aires empiece a comprar medicamentos oncológicos, y que además lo anuncien. Entonces el concepto es redefinir y priorizar las políticas de salud de cada jurisdicción”, anticipó Russo sobre su plan para reordenar el área.
“Hoy el sistema de salud está quebrado y nosotros vinimos a refundarlo”, sentenció, en línea con un diagnóstico que, con matices, comparten distintos sectores políticos.
El plan nacional
A tono con el mantra presidencial de que “no hay plata”, en Salud proponen avanzar con más gestión privada y desregulaciones. Incluso, estarían evaluando un posible traspaso de los hospitales nacionales a la órbita de las provincias y quitarle subsidios al sector privado para lograr una asignación “más eficiente de los recursos con el foco puesto en la demanda”. Es decir, en los beneficiarios.
En el área que encabeza Russo, aseguran, pretenden que el ministerio asuma una función rectora, brindando lineamientos a las carteras sanitarias de cada jurisdicción, para lo que será necesaria una “redefinición de competencias con las provincias”.
Se buscaría así emular al modelo estadounidense, donde funciona un Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) encargado de regular guías específicas para los procedimientos de atención médica y cobertura.
El ministro de Salud de la Nación tendría en la mira además los medicamentos de alto costo o para cuidados paliativos que se autorizan por amparos judiciales, como así también los gastos vinculados a servicios por discapacidad, como transporte y educación integradora que termina pagando la cartera sanitaria.
Al respecto, el propio Russo admitió semanas atrás que si el sistema “no explota” es porque “desde Nación pagamos los medicamentos de alto costo, las vacunas o tratamientos caros, como los trasplantes. Entonces, viene una nueva etapa. El Ministerio de Salud no es una ONG benéfica, nosotros debemos ser vectores para ir ordenando el sistema con el financiamiento adecuado, con prioridades”, dijo.
Y que para eso trabajarán en sistematizar información sobre consumo de medicamentos, perfiles de quienes lo reciben y sus patologías, entre otros puntos.
Y, si bien defienden el programa Remediar, que distribuye medicamentos, afirman desconocer por completo quién los consume: “No sabemos quién toma qué cosa”, argumentan.
En las provincias
El cobro a extranjeros no residentes que se atiendan en hospitales públicos ya se implementa en provincias como Salta, Mendoza y Santa Cruz. Además, otras como Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Córdoba estudian medidas similares y algunas ya han enviado proyectos de ley a las respectivas legislaturas. En Mendoza, el sistema comenzó a regir a principios de este mes, mientras que trascendió que en Salta la implementación de la medida redujo significativamente la atención médica a extranjeros y en Santa Cruz esperan aliviar el déficit financiero.
En las antípodas de esa posición se ubica la administración bonaerense, donde el ministro Kreplak, como se dijo, tachó el intento de cobrar la salud pública a extranjeros como “grave”. Según se explayó en su cuenta de X (antes Twitter), el ministro de la cartera sanitaria provincial aseguró que “la tasa de extranjeros no residentes que atendemos es menor al 1%”, y enseguida sentó posición: “Quienes trabajamos a diario en salud no diferenciamos por dónde nació nuestro paciente, sino por la gravedad y necesidad. Por suerte estos irresponsables no se ocupan de atender, lo hacemos las provincias”.
Ejemplificó, en ese sentido, que “la cantidad de personas nacidas vivas extranjeras no residentes en todo el país es del 0,03%, mientras que en Jujuy -provincia fronteriza- es del 0,44%. En internaciones, es del 0,8% en PBA y 0,04 en CABA. Realmente insignificante para el funcionamiento del sistema”.
Para Kreplak, “detrás de estas ‘decisiones’ hay una profunda intensión de distraer del ajuste feroz, generar títulos e imponer un concepto que lejos está de la realidad”, aseveró el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y concluyó: “El derecho es para todos y todas, garantizando más y mejor salud para quien lo requiera sin importar dónde vive”.
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