Entre enero y julio de este año, los recursos totales enviados por la Nación a las provincias (coparticipación, leyes especiales y transferencias no automáticas) son unos $5,2 billones menos que el año pasado, según datos de la consultora Politikon Chaco. En el caso de la coparticipación, la baja real acumulada es del 13,1% en los primeros siete meses del año. Los giros por fuera se derrumbaron un 90% promedio
Número más o menos, esto es lo que plantearon al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los gobernadores del Pro y del radicalismo, que se concurrieron la semana pasada al Salón de los Escudos de la Casa Rosada.
Pero hubo un tema que hizo más ruido y que generó una áspera discusión, sobre todo en aquellas provincias que no transfirieron su sistema jubilatorio a la Nación y lo continúan administrando en sus provincias.
Desde la asunción de Javier Milei no se transfirió ni un peso a las cajas de jubilación no transferidas, punto que integró la hoja de reclamos de los gobernadores. Son 13 en total: Formosa, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En esa reunión, los reclamos por el tema de la deuda de Nación con las cajas jubilatorias provinciales los hicieron los mandatarios Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Ignacio Torres de Chubut y Rogelio de Entre Ríos. Sus cajas no fueron transferidas a la Nación.
Durante el encuentro, se planteó la posibilidad de que la Nación pague esta deuda con la emisión de un bono. “La solución Caputo para estos casos suele ser la ‘salida Cammesa’”, ironizó un mandatario de la región centro, en referencia a que el ministro le pagó la deuda a la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista con un bono en dólares a 2038, con una quita implícita del 50 por ciento.
LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA PREVISIONAL
El miércoles 27 de marzo el Gobierno nacional resolvió, a través del Decreto N° 280/2024, suspender la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que había prorrogado para todo 2024 en el mes de enero, que disponían el modo en que la ANSES debía liquidar los fondos destinados a cubrir el déficit de las cajas previsionales de 13 provincias.
En la década de 1990, tras la privatización del sistema jubilatorio nacional, el Gobierno acordó con 11 provincias absorber sus regímenes jubilatorios provinciales. En 1999, en tanto, comenzó a financiar el déficit de las cajas previsionales del resto de las jurisdicciones.
En 2024 el gobierno de Javier Milei no cumplió con el giro de fondos previstos en la prórroga del Presupuesto 2023. Esto originó un nuevo conflicto con los gobernadores.
El sistema de jubilaciones de la Argentina se encuentra muy fragmentado. Por un lado está el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre a la mayoría de los trabajadores registrados y es administrado por la ANSES. Pero también existen sistemas provinciales, que nuclean a empleados públicos de las provincias y los municipios; esquemas previsionales con normativa propia, como el del personal de las fuerzas armadas y de seguridad; y cajas profesionales, como la de los abogados o los médicos.
En 1993 el Gobierno privatizó el sistema previsional y cambió el mecanismo de sistema de reparto (vigente nuevamente a partir de 2008, y a través del cual los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, financian las jubilaciones) por el de capitalización (por el que cada trabajador acumula sus ahorros previsionales en cuentas individuales que pueden ser gestionadas por administradoras privadas, las AFJP).
Luego de estos cambios, la Nación y las provincias firmaron un nuevo Pacto Federal por el cual el Gobierno nacional se comprometía a absorber las cajas de jubilación provinciales. Es decir que los jubilados de las provincias que adhirieron a ese acuerdo y los empleados en actividad que se jubilaran en el futuro pasaron a cobrar sus haberes (y a realizar sus aportes, en el caso de los activos) a través de la ANSES, con las mismas condiciones y requisitos que los jubilados nacionales.
Siguiendo este acuerdo, entre 1994 y 1997, 11 jurisdicciones transfirieron a la ANSES sus cajas previsionales: Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Y en 1999 se firmó un nuevo acuerdo entre la Nación y las provincias que, entre otras cosas, obligó al gobierno federal a cubrir los déficits de los sistemas previsionales de las provincias .
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