El chavismo venezolano exigió ayer el retiro de todo el personal diplomático de la Argentina y otros seis países de la región que desconocieron formalmente el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela, que el domingo proclamaron ganador a Nicolás Maduro por un tercer mandato hasta 2031, en medio de denuncias de fraude y una creciente presión internacional.
El quiebre con Venezuela llegó luego de que el propio presidente, Javier Milei, saliera a rechazar los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), que le dieron la victoria al líder bolivariano con un 51.20% de los votos, contra el 44% del opositor Edmundo González Urrutia (ver aparte). Y después de que la Cancillería que encabeza Diana Mondino emitiera un comunicado condenando “enérgicamente el accionar del presidente Maduro que ha despreciado una vez más la voluntad del pueblo venezolano de vivir en una Venezuela libre, próspera y democrática”. A la par, instruyeron al Encargado de Negocios en Caracas a “no participar del acto de proclamación de la candidatura oficialista” e hicieron “un llamado a la comunidad internacional en su conjunto para que se desconozca el fraudulento resultado de estas elecciones”.
En línea con la postura presidencial, Mondino ratificó en redes sociales que “la Argentina no será cómplice del fraude en Venezuela y bajo ninguna circunstancia reconocemos el resultado. Maduro: abra las actas”, reclamó.
El mensaje de la Canciller sucedió a la reunión virtual que mantuvo con sus pares de la región: Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú (que anunció el retiro de su embajador en Caracas), República Dominicana y Uruguay. Junto a esos ocho países, Argentina firmó un comunicado conjunto en el que expresó su “profunda preocupación” por el proceso electoral del domingo y exigió “la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes que aseguren el respeto de la voluntad del pueblo venezolano que participó masiva y pacíficamente”. A tono con el reclamo de la oposición a Maduro, remarcaron que “el conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas”. Además, anticiparon que solicitarán “una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular, enmarcada en la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia en nuestra región”.
Brasil, que no suscribió al documento, saludó el “carácter pacífico” de elecciones en Venezuela, pero se manifestó expectante a la espera de los datos detallados del CNE, “desglosados por mesa de votación, paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado electoral”.
En tanto que Chile se expresó con una postura similar a la argentina. En ese sentido, el presidente Gabriel Boric advirtió que su gobierno no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable” y señaló que los datos que publicó el CNE “son difíciles de creer”, por lo que exigió “total transparencia de las actas y el proceso”, y que “veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”.
La réplica chavista no se hizo esperar. A la par que se intensificaban los cuestionamientos de los países de la región al triunfo de Maduro, el canciller venezolano Yvan Gil publicó en redes sociales un comunicado exigiendo el retiro de todo el personal diplomático de la Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay en Caracas. También anunció el retiro de las misiones diplomáticas de estos países. Lo hizo al expresar “su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones” de este grupo de gobiernos a los que consideró “de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, que pretenden desconocer los resultados electorales” que proclamaron ganador a Maduro. El breve texto cierra con una advertencia, anticipando que el Gobierno venezolano “se reserva todas las acciones legales y políticas para “hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación”.
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