El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick decidió este lunes que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, tiene que informar en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará el derecho a la alimentación de las personas que concurren a comedores populares.
“Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”, dice el fallo.
La resolución se refiere a la cautelar que emitió su colega, Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.
Ese magistrado sostuvo además que “el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes. Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras”.
Para el Gobierno, la resolución del juez Lara Correa “reconoce el trabajo que se viene realizando” desde el Ministerio de Capital Humano. “Los argumentos por los cuales el juez hizo lugar a la medida podrían ser utilizados para rechazarla. Se validó la implementación actual de los planes y programas y se admite que las medidas tomadas por la gestión anterior deben ser revisados, auditados y reestructurados, como así también reconoce la ejecución presupuestaria de los programas vigentes”, dijeron en ese momento desde la cartera que conduce Pettovello.
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