En respuesta a los últimos dichos del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien acusó a su par argentino Javier Milei de ser “un malparido nazi fascista”, el Gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, expresó: “El respeto por los derechos humanos no depende de la buena voluntad de un presidente autoritario ni de su séquito de obsecuentes”. En el mismo sentido, apuntó que espera que en el país caribeño “se respete el proceso electoral y la integridad de todas las personas participantes” en los comicios que se realizarán el domingo que viene.
Adorni recordó, además, los principales puntos del comunicado que el viernes Argentina había firmado junto a Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay sobre el proceso electoral venezolano. La Cancillería, a cargo de Diana Mondino, había anunciado el regreso de Argentina a la denuncia hecha en 2018 en la que se pedía a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, para que se investigara al régimen de Caracas por la sistemática violación de derechos humanos. Esa denuncia la había retirado Alberto Fernández en marzo de 2021.
“En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021. Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”, anunció el viernes el ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado.
Allí también se exige “el inmediato cese del hostigamiento, persecución y represión contra activistas políticos y sociales de la oposición, así como la liberación de todos los presos políticos. De igual forma, exigimos al gobierno de Venezuela el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Derecho Internacional, en particular en lo que respecta a la emisión de salvoconductos para miembros de la campaña opositora asilados en la sede diplomática de la República Argentina en Caracas”.
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