Técnicamente, la Legislatura está en receso. Hasta los primeros días de agosto no se prevé que retome la actividad en coincidencia con las vacaciones de invierno. En ambas cámaras funcionan guardias a la espera del proyecto que anunció Axel Kicillof para crear una suerte de régimen de promoción para que no se le escape a la Provincia la millonaria inversión que proyecta realizar junto a YPF la empresa Petronas con el objetivo de instalar una plan de licuefacción. Por ahora, la iniciativa no ingresó.
La oposición aguarda los lineamientos de esa iniciativa con la que Kicillof busca salir de una encerrona política. El Gobernador no quiere adherir al régimen de incentivo a las inversiones (RIGI) que empuja el gobierno nacional y que YPF juzga clave para que Bahía Blanca sea elegida como el lugar de instalación de la planta que se encargará de transformar en líquido el gas que llega de Vaca Muerta. Propone, en cambio, una suerte de RIGI bonaerense con amplios beneficios impositivos para la firma de capitales malayos.
La provincia de Río Negro surge como competidora de Buenos Aires. Ya adhirió al RIGI nacional y pelea por quedarse con una inversión que demandaría unos 40 mil millones de dólares y que, se estima, podría generar 14 mil puestos de trabajo.
“Vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que se pueda concretar esta inversión en Bahía Blanca”, expresó Kicillof al anunciar que enviará un proyecto a la Legislatura.
Desde la provincia patagónica salieron a criticar el “dogmatismo” kirchnerista al apuntar al rechazo de Kicillof a adherir al RIGI nacional y afirman que ofrecen mejores condiciones a la empresa para que se radique en la zona de Punta Colorada.
Movimientos
En forma paralela, mientras se aguarda que llegue el proyecto del gobierno bonaerense, en la Legislatura se empezaron a mover algunas fichas. Por caso, los senadores Marcelo Daletto y el libertario disidente Carlos Kickuchi, presentaron un proyecto propio de RIGI provincial.
“Nuestra propuesta es otorgar beneficios a las nuevas inversiones, cuyos proyectos garanticen una inversión mínima de 10 millones de dólares o una generación mínima de 100 empleos directos. Los beneficios tributarios previstos reducen en un 100% los impuestos provinciales como IIBB, sellos, inmobiliarios y automotores los primeros 15 años de su desarrollo, y el 50% de los 15 a los 30”, dijo Daletto, de la bancada UCR-Cambio Federal.
“Ampliamos los beneficios ofreciendo un sistema que elimine todos los trámites burocráticos de permisos cumpliendo con la normativa vigente a través de una ´Declaración de Responsabilidad´, donde el proyecto inversor garantiza el cumplimiento de todas las normas, acompañando certificación de profesionales, mientras que el Estado municipal y provincial controlan que sea así. Este sistema lo implementan otras jurisdicciones y es la solución para terminar con todas las ventanillas que traban la inversión privada”, añadió Kikuchi. Así, persiguen el objetivo de que los permisos que necesita la empresa no se traben en distintos organismos.
Por estas horas, pese al rechazo de algunos sectores (PRO y libertarios oficiales) al RIGI bonaerense, se cree que el proyecto de Kicillof que aún no se conoce, acaso con algunas modificaciones, se terminará aprobando. Más allá de que toda la oposición considera que la Provincia debería adherir el régimen de promoción nacional.
En distintos sectores de la oposición creen que existe escaso margen para no avalarlo. “No va a ser por nuestra responsabilidad que Petronas finalmente decida no instalarse en la Provincia”, argumentan. Algo similar, aunque con otro destinatario, piensan en el gobierno bonaerense. “Milei va a tener que poner la cara y explicar por qué la inversión no se hará en Buenos Aires”, señalan. De ahí, el anunciado proyecto de RIGI bonaerense que aún no ingresó a la Legislatura.
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