La asunción de Federico Sturzenegger al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado viene con una reforma educativa bajo el brazo. Un paquete de medidas que van desde tomar un examen integrador obligatorio al terminar la Secundaria y la incorporación de la evaluación docente cada cinco años en el terreno escolar hasta la posibilidad de sumar pruebas de ingreso y cobrar arancel a extranjeros en las universidades.
Se trata, en ambos casos, de propuestas que ya el Gobierno había incluido en la versión original de la Ley Bases, que fueron eliminadas a pedido de la oposición, pero sobre las que ahora la Casa Rosada pretende volver a la carga.
Así lo confirmó el propio Sturzenegger apenas asumió: “Será, probablemente, una de las reformas más importantes de los últimos 50 años”, enfatizó y anticipó que la idea es incluir “la obligación de tomar un examen cuando la gente termina el secundario. Se trata de un examen integrador que cambia los incentivos de todo el mundo. En los países que lo implementaron, los resultados en las pruebas PISA aumentan un 10%” y que lo que se busca es “cambiar los incentivos”. La nota de ese examen, dijo, puede servir para “insertarse en el mercado laboral”.
Según confirmaron en la Secretaría de Educación de la Nación, todo quedaría plasmado en un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso y que retomará los puntos que integraban el título VII, capítulo dos, de la primera versión de la Ley Bases.
Evaluación permanente
Entre otras cuestiones, la propuesta oficial modifica el artículo 95 de la Ley de Educación Nacional (LEN) sobre la evaluación del sistema educativo para impulsar un examen integrador obligatorio en el último año de la secundaria.
La Ley Ómnibus establecía que “al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”. Si bien la calificación será “confidencial”, la norma prevé que “el alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado”.
El Gobierno planteará reescribir el artículo 97 de la LEN, que refiere a la difusión de los resultados de las evaluaciones estandarizadas. En este punto, la Ley Bases original quitaba el mandato de “evitar cualquier forma de estigmatización” al difundir los datos y agregaba que “los padres y los docentes tendrán acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos y alumnos”.
La idea, admitió Sturzenegger, es que los padres accedan a información sobre la calidad de la escuela de sus hijos. “No es con ánimo de castigar a nadie, sino para identificar dónde tenemos un problema y dónde desplegar más recursos. Los padres recibirán de manera privada las notas de evaluación de su hijo y las notas promedio de su colegio, de su ciudad, de su provincia y del país”, subrayó el ministro.
Universidades
Entre los planes del gobierno de Javier Milei aparece también el de reflotar el arancelamiento universitario para extranjeros sin residencia, manteniendo la gratuidad de los estudios de grado en las universidades estatales para “todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”.
El capítulo universitario del borrador de la ley en ciernes incluye además la posibilidad de que las casas de estudios tomen un examen de ingreso como alternativa a un curso de nivelación, aunque se aclara que estos mecanismos no deben tener un “carácter selectivo excluyente”. Cabe recordar aquí que la Ley 27.204 sobre Educación Superior del año 2015 eliminó los exámenes de ingreso en las universidades por los considerarlos “restrictivos”. Esto explica, por ejemplo, que una facultad como la de Ciencias Médicas de La Plata haya pasado de un promedio de 330 inscriptos por año (cuando todavía regía la prueba de ingreso) a unos 8 mil en el ciclo 2024, siendo más de la mitad de ellos estudiantes extranjeros provenientes de países en los que no se accede a la universidad sin antes rendir y aprobar un examen.
En el plano universitario, la ley educativa que prepara Milei dispone a su vez evaluaciones externas de las instituciones de educación superior dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (para las universidades públicas) o del reconocimiento provisorio (para las universidades privadas). La evaluación externa seguirá estando a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y se repetirá cada 10 años (actualmente la Ley de Educación Superior establece una evaluación cada 6 años).
Otro párrafo del texto normativo habla de “determinar principios básicos para la asignación de recursos de las universidades”, un tema especialmente conflictivo para el Gobierno que en abril pasado debió hacer frente a una masiva marcha impulsada por el sector académico, con reclamos centrados en el presupuesto y una recomposición salarial para los trabajadores todavía no resuelta.
“Elevar la vara”
La ley sobre la que echará mano Sturzenegger hará foco además en otro tema que desvela a Milei y que tiene que ver con la formación de los maestros. Ya el mandatario se había referido al tema semanas atrás, al lanzar el Plan de Alfabetización en San Juan, y después, al firmar el Pacto de Mayo en Tucumán, cuando repasó los pobres resultados escolares (7 de cada 10 chicos argentinos no comprenden lo que leen, advirtió). Habló entonces de “elevar la vara y recuperar el espíritu de exigencia con los docentes.
En ese sentido, el proyecto oficial apunta a evaluar a los maestros cada cinco años. Al respecto, la Ley Ómnibus planteaba que “la evaluación periódica será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país” y especificaba que la evaluación continua requerirá “revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada cinco años”. El nuevo borrador ya no alude a la toma de un examen para quienes se incorporen a la docencia, pero prevé “que los profesionales que ingresen a la docencia completen un ciclo pedagógico”.
Más reformas
Por otro lado, sería intención del Gobierno agregar un artículo para “garantizar una educación libre de proselitismo y adoctrinamiento”, inspirado en el artículo 33 de la Ley de Educación Superior, que “vela por la pluralidad de ideas en los procesos de enseñanza”.
Ecos de la pandemia y de la era digital se reflejan en el paquete de reformas que impulsa el oficialismo y que prevé “liberar restricciones en cuanto a la educación a distancia para el ciclo orientado de nivel secundario”, habilitando la “enseñanza híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario” (es decir, a partir de cuarto grado), aunque se aclara que será “de forma adicional a la educación presencial obligatoria”.
Es decir, no “como alternativa a la educación presencial”, tal como establecía la primera Ley Ómnibus.
El ambicioso proyecto educativo del Gobierno también promueve cambios en la Ley N° 26.759 de Cooperadoras Escolares para “incentivar a las instituciones escolares a la recaudación de fondos con el consentimiento de las autoridades, así como la recepción de contribuciones de particulares y empresas”.
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