El Gobierno se daría el puntapié inicial de la primera privatización en la era Milei, con una empresa que no estaba en los planes de nadie y que ni siquiera integró el listado de la Ley Bases.
Se trata de la metalúrgica IMP SA, una histórica firma mendocina fundada por la familia Pescarmona que fue estatizada por el Gobierno de Alberto Fernández a raíz de una severa crisis financiera que no fue solucionada.
En 2021, el Estado Nacional desembolsó 15 millones de dólares para hacerse cargo del 63,7% de las acciones de la compañía, mientras que la provincia de Mendoza puso 5 millones para quedarse con el 21%.
La solución nunca agradó a las autoridades mendocinas, pero terminaron aceptándola por el peso simbólico que tiene en la provincia y para proteger los 700 puestos de trabajo de alta capacitación. La cuestión es que las grandes obras que estaban planificadas para que IMPSA se convierta en una proveedora clave de insumos de mucho valor agregado como turbinas hidroeléctricas jamás se realizaron. En consecuencia, la empresa siguió arrojando una fuerte pérdida operativa mensual que superaría el millón de dólares, según Forbes.
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