Una nueva crisis interna estalló en el Gobierno. Esta vez en el seno de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo supersensible que depende del Ministerio de Justicia, encargado de realizar investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a partir del intercambio de información de inteligencia financiera con el resto de los países del mundo.
Santiago Caputo, el asesor del presidente Javier Milei, le pidió la renuncia al vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio, un abogado especialista en compliance, transparencia, prevención del lavado de dinero, profesor de la Universidad Austra, de acuerdo a un informe que brindó el diario La Nación.
Allegados a Caputo dijeron que él no había mandado pedir la renuncia del funcionario, sino que Tessio se había alejado por “razones personales”, que esas fuentes relacionan con que el salario estatal de los funcionarios es varias veces menor a lo que percibirían en la actividad privada.
De todos modos, la ley de la UIF es clara al mencionar que si un funcionario del organismo deja el cargo, por dos años no puede asesorar a quienes son los sujetos obligados a reportar maniobras sospechosas; con lo que si ese fue el motivo del alejamiento, equivaldría a que como abogado Tessio se obligó a dejar de asesorar empresas en compliance y lavado, y dedicarse, de mínima, a otras ramas del derecho, como divorcios o asuntos laborales.
En estos momentos, la Argentina está siendo evaluada en el Grupo de Acción Financiera Internacional. En marzo, el equipo evaluador, integrado por representantes designados por seis diferentes países, uno del Banco Mundial, tres representantes de las secretarías ejecutivas de esa entidad y uno del Gafilat, visitó la Argentina durante 20 días para elaborar un informe.
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