Subsidios recibidos por parte del Estado, facturas apócrifas, gastos simulados, empresas “fantasmas”, son piezas del rompecabezas que construyen parte de la acusación contra los dirigentes de la Asociación Civil Polo Obrero. El mayor caudal de fondos lo manejaron desde 2020 a 2022 durante la gestión de Alberto Fernández. Más de 360 millones de pesos que fueron rendidos con irregularidades y el manejo de los mismos están bajo sospecha.
El juez federal Sebastián Casanello inició esta semana una ronda de indagatorias a diferentes dirigentes del Polo Obrero. La última de las citaciones es la de Eduardo Belliboni, principal referente de dicho espacio. Su declaración el 26 de junio, cerrará esta primera etapa de la investigación que tiene imputaciones por extorsión, coacción y fraude.
Todas las operaciones investigadas en este expediente penal, en el que interviene el fiscal Gerardo Pollicita, incluyen fondos públicos que se giraban a las diversas organizaciones sociales, tras la firma de convenios con el extinto Ministerio de Desarrollo Social.
Según se determinó en la causa, en el período comprendido entre junio de 2020 y diciembre de 2022, la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. firmaron cinco convenios por una suma global de 361.087.500 pesos. El dinero que recibían vía transferencia bancaria, era para la administración del programa social Potenciar Trabajo.
El Polo Obrero como la Cooperativa se habían constituido en unidades de gestión y debían garantizar que los beneficiarios finales, siempre personas en estado de vulnerabilidad, reciban el dinero correspondiente al Potenciar Trabajo. Dentro de las obligaciones asumidas por las organizaciones sociales, estaba la de rendir los gastos comprometidos.
Es en este punto donde el juzgado a cargo de Casanello, detectó una importante cantidad de irregularidades que se convierten en una imputación formal, es decir, acciones que configuran un delito y por los cuales los dirigentes sociales deberán responder en instancia de indagatoria.
Una parte significativa de los fondos públicos, se administraron de “forma indebida”, sostiene la acusación formulada en el marco de las indagatorias. A la hora de determinar el fraude atribuido a los integrantes del Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor, el juez Casanello indicó que se utilizó una importante cantidad de facturas apócrifas que posibilitaron simular gastos que nunca se hicieron.
Usar facturas “truchas” para rendir gastos que no se concretaron, fue uno de los circuitos que la Justicia le atribuye al Polo Obrero, para desviar fondos. Esto funcionó con múltiples vías y la finalidad de hacerse de esos fondos que debían terminar únicamente, en manos de los beneficiarios de planes sociales, fue el “sostenimiento y financiamiento” de actividad político-partidaria.
En juego hay más de 361 millones de pesos que en un importante porcentaje, el juez federal Casanello concluyó se manejaron indebidamente. Cuando los fondos se rindieron se observaron diversas irregularidades. La acusación habla de un “engaño al Estado” porque todo se hizo con fondos públicos.
Las facturas apócrifas se emitieron, en una gran mayoría, a nombre de dos empresas: Coxtex SA y Ediciones e Impresiones Rumbos SRL. La primera de ellas fue declarada por la Afip como una usina de facturas truchas, sin sede social ni comercial. La segunda carecía igual de una sede real para su funcionamiento.
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