La “modernización laboral” que impulsa el gobierno de Javier Milei quedó más cerca de convertirse en ley, aunque la duda en estas horas es si la Cámara de Diputados avalará los cambios que incorporó el Senado. Ante la insistencia de la CGT en cuestionar algunos artículos de la Ley Bases, se espera un debate en la oposición dialoguista para definir su postura: ¿mantendrá el diputado Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, su rol de operador político del sindicalismo?
El legislador rionegrino fue el principal artífice de que, en abril pasado, se eliminaran 42 artículos de la versión original de la Ley Bases que irritaban a la dirigencia sindical. Así, el proyecto que trató Diputados tuvo sólo 17 de los 58 artículos de la reforma laboral que promovía originariamente la Casa Rosada. Con las modificaciones quedó a salvo la “caja sindical” porque se quitó del texto la limitación a las cuotas solidarias, clave del financiamiento de los gremios con los aportes de todos los trabajadores, no sólo de los afiliados, y se suprimieron la limitación de la huelga en servicios esenciales como la educación; la modificación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la penalización de las asambleas que se convierten en paros encubiertos, entre otros puntos.
En contacto permanente con la dirigencia gremial, la consigna que enarboló Pichetto ante sus pares para facilitar la sanción de la Ley Bases en Diputados fue muy clara: “No incluir nada que afecte a la CGT”.
Aun así, la cúpula cegetista objetó artículos que se salvaron de la poda como, por ejemplo, el que crea la figura del “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 5 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo y otro que incluye el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”, pero no establece una “reparación integral” de la cesantía y “no determina la reinstalación” del trabajador.
El problema para los diputados que buscan congraciarse con la CGT es que el Senado incorporó en la iniciativa modificaciones que volvieron a poner en alerta al sindicalismo. Uno de los agregados votados en la Cámara Alta, propuesto por los senadores de la UCR, es la penalización de los bloqueos sindicales al considerarlos “grave injuria laboral”.
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