El Gobierno nacional aceptó ayer mantener como empresas públicas a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y la Radio y Televisión Pública, sostener la moratoria previsional y activar las obras públicas que se realizaron hasta en un 80 por ciento, en el marco de las últimas negociaciones por la Ley Bases que se extendieron hasta minutos antes del inicio de la sesión.
También se incluyeron nuevos organismos que no se podrán disolver como la Comisión de Energía Atómica y los entes vinculados a la cultura, así como el financiamiento para cumplir del Plan Nacional de Ciencia 2030. Y también antes de la votación incluyeron modificaciones en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En primer lugar, acota el régimen de incentivo a cinco sectores: agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología. La redacción anterior hablaba vagamente de inversiones “en cualquier sector”. Y obligan ahora a las empresas a un un porcentaje del 20 % a la contratación de proveedores locales.
En el recinto, el senador libertario Bartolomé Abdala anunció los cambios que se impulsarán en la discusión en particular de la ley Bases que eran reclamados por los bloques dialoguistas, ya que el oficialismo corría riesgo de perder la votación de estos artículos.
Con los números ajustadísimos para la votación en general tras la rebelión de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los enviados del Gobierno, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, debieron afinar el lápiz para tratar de sofocar los focos de rebeldía que amenazaban con arrebatarle al Gobierno las facultades delegadas, corazón de la iniciativa.
El esfuerzo oficialista estuvo destinado a tratar de sostener la amplia delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo que concede el proyecto y, tal vez lo más importante para la administración de Javier Milei, las medidas centrales del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
En el caso de las privatizaciones, no solo se le iban a caer la de Aerolíneas Argentinas y RTA, sino también las de Enarsa e Intercargo. De esta manera, el Gobierno solo podrá promover privatizaciones, concesiones o Programas de Propiedad Participada de Enarsa, Intercambio, Aysa, Trenes, Vialidad Nacional, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica Argentina, y el complejo de Yacimientos Carboníferos Fiscales.
Moratoria y obras públicas
Otro punto en el oficialismo debió ceder es en el tema jubilatorio, donde viene sufriendo varios traspiés, primero en la Cámara de Diputados que aprobó una ley para definir un nuevo esquema de actualización de los haberes, y ahora a pedido de la senadora cordobesa Alejandra Vigo que pidió la eliminación del capítulo de previsional.
De esta manera, se mantendrá la moratoria anticipada que permite hacer un plan de pagos para comprar aportes para llegar hasta los 30 años, y se elimina el mecanismo para jubilarse cobrando una prestación proporcional menor al haber mínimo.
La derogación de la moratoria anticipada implicaba que 9 de cada 10 mujeres no podría jubilarse a los 60 años y debería esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM, en caso de no contar con aportes, o un retiro proporcional, en caso de contar con aportes por menos de 30 años en total. En junio la PUAM es de 165.507,24 pesos.
El artículo 226 de la ley Bases derogaba la moratoria previsional, sancionada en marzo del año pasado bajo la Ley N° 27.705. Y establecía un nuevo sistema para reemplazarla.
El artículo 227 contemplaba: “Créase la Prestación de Retiro Proporcional, para aquellas personas que hubieran alcanzado los sesenta y cinco (65) años de edad y que no cumplan con el requisito previsto en el artículo 19 Inciso “c” de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones”.
El Gobierno también accedió a incluir un artículo para que se terminen las obras públicas que estuvieran ejecutadas en un 80 por ciento o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción. Fija que “en caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el que deberá ser aprobado por la autoridad competente y contratista en razón de la materia y deberá ser suscrito dentro de los 90 días de publicada la ley”.
El oficialismo aceptó también incluir a otros organismos que no se podrán fusionar o eliminar como aquellos vinculados a la cultura, y colocar a la Comisión de Energía Atómica y establecer que se garantizará el financiamiento del Plan Nacional de Ciencia 2030 sancionado el año pasado.
En el caso del RIGI, el oficialismo señaló que se busca morigerar el procedimiento para la aprobación de los Proyectos de Vehículos Únicos (VPU), con el objeto de evitar que por “cuestiones de estricto rigorismo formal se rechacen proyectos o la administración incumpla plazos de por si, muy exiguos”.
Los cambios de último momento se extenderán al proyecto de reforma fiscal, en el que se sumarán modificaciones en el régimen de blanqueo de activos y en la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.
Todo indica que el oficialismo no conseguirá los votos para sostener el gravamen y que la iniciativa volverá a Diputados en segunda revisión sin una de las cláusulas pedida por varios gobernadores, ávidos por conseguir recursos para financiarse ante la decisión del Gobierno de cerrar el grifo.
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