En la Argentina ya hay cinco demandas colectivas contra el Estado argentino y los laboratorios fabricantes de las vacunas contra el Covid-19. Todos son por presuntos daños y perjuicios ocasionados por las inoculaciones. Además, hay otras presentaciones en preparación. A esas se suma la única demanda individual, que es la radicada en el Juzgado Federal de Río Cuarto por una mujer contra la Anmat y AstraZeneca, ya que fue diagnosticada de síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia tras recibir una dosis de esa marca como tercera en 2022.
En los tribunales en lo contencioso de la ciudad de Buenos Aires están las presentaciones caratuladas “Abrego, Eva Margarita y otros”; “Acosta López, Gloria Catalina y otros”; “Almada, Orlando Leoncio y otros”; “Antunes de Souza, Marisa y otros” y “Ardiles, María Eugenia y otros”. En el tema trabaja un grupo de una decena de abogados y 15 médicos de diferentes puntos del país.
Miguel Iannolfi, uno de los abogados patrocinantes de las demandas colectivas, explicó a la periodista Gabriela Origlia de La Nación que vienen trabajando con “centenares” de casos desde hace más de dos años y que en las presentaciones están alcanzados el Poder Ejecutivo Nacional y los laboratorios Richmond Sacif (productor de la vacuna Sputnik V y CanSino); Pfizer; AstraZeneca; Raffo (Moderna); Serum Institute de India (productor de la vacuna Covishield) y el Instituto de Productos Biológicos de Beijing de China (Sinopharm).
Hasta el momento el único laboratorio que se expidió formalmente sobre el tema fue AstraZéneca: ”No realizamos comentarios sobre litigios en curso. Extendemos nuestra más profunda solidaridad con cualquier persona que haya perdido a un ser querido o haya informado problemas de salud. La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad y las autoridades reguladoras cuentan con estándares claros y estrictos para garantizar el uso seguro de todos los medicamentos, incluidas las vacunas. A partir del conjunto de pruebas obtenidas en ensayos clínicos y datos del mundo real, se ha demostrado continuamente que la vacuna AstraZeneca-Oxford tiene un perfil de seguridad aceptable y los reguladores afirman sistemáticamente que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de posibles efectos secundarios extremadamente raros”.
Entre los problemas de salud diagnosticados más frecuentemente y relacionados potencialmente con la vacunación, el abogado mencionó pericarditis, miocarditis, trombosis, ictus, pérdida de la visión, dolores en las articulaciones, ACV, Guillain Barré, muerte súbita, enfermedades autoinmunes y problemas dermatológicos severos.
En las demandas, además se plantea la “inconstitucionalidad” del artículo 4 de la ley 27.573 por el que se facultó al Poder Ejecutivo a incluir en los contratos de compras de vacunas “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de vacunas.
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