Reunidos frente al Congreso, dirigentes piqueteros de distintas agrupaciones calificaron como un “ataque” y una “persecución política” los 27 allanamientos dispuestos hoy por la Cámara Federal porteña en una causa que investiga a referentes sociales acusados por el Gobierno de haber extorsionado a beneficiarios de planes para que acudieran a marchas o entregaran parte de los ingresos que cobraban del Estado.
“Esta es una causa contra las organizaciones que estamos luchando contra el Gobierno porque ha abandonado a su suerte a las personas que tenían la necesidad de ir a un comedor social”, inició Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, rodeado por dirigentes de la UTEP, Coordinadora por el Cambio Social y Frente de Lucha. “Estamos frente a un Gobierno que quiere destruir la organización popular”, enfatizó, para advertir que las organizaciones sociales se van a defender “en todos los terrenos”.
“Lo que quieren quebrar acá es ese tejido social que hay en los barrios, de organización comunitaria, que es lo que frena el narcotráfico. Porque no solo quieren darle el blanqueo al narcotráfico, sino también quieren quebrar a las organizaciones comunitarias y religiosas, a las ONG”, denunció Charly Fernández, del Frente de organizaciones en Lucha (FOL), en alusión al blanqueo que impulsa el Gobierno en el Senado y que ya fue aprobado en Diputados junto a los proyectos de Ley Bases y la reforma fiscal.
En los operativos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y dinero en efectivo, relató una fuente oficial que trabaja en el caso. Las abogadas de las organizaciones piqueteras denunciaron que algunos allanamientos fueron ilegales porque comenzaron cuando aún era de noche, que se sustrajeron elementos que no eran requeridos y que se produjeron en medio de violencia policial. Recordaron, además, que el juez de la causa, Sebastián Casanello, había desaconsejado los allanamientos.
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