En el escándalo de los seguros, Alberto Fernández se encuentra inhibido, se ordenó el levantamiento fiscal y bancario sobre sus cuentas, los llamados de sus líneas telefónicas están bajo análisis y su patrimonio está bajo la lupa por la fiscalía antilavado Procelac, pero nunca se presentó en la causa para interesarse por el expediente. Hasta ahora: este jueves, el juez Julián Ercolini le pidió que designe abogado defensor.
La causa sobre los contratos que Nación Seguros firmó con Anses utilizando intermediarios, se convirtió en un gran rompecabezas. Se sumaron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la sospechosa intervención de 25 brokers, y una cifra de 3.453.302.777 pesos que al tipo de cambio del momento, representan 17 millones de dólares en concepto de comisiones erogadas de fondos públicos.
El ex presidente cuenta con dos imputaciones en esta investigación. La carátula detalla los presuntos delitos que habría cometido: abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.
Pese a las acusaciones que el Ministerio Público Fiscal le adjudicó bajo el grado de sospecha, Alberto Fernández nunca se presentó en el expediente. Ni siquiera cuando se ordenó una inhibición general de bienes sobre él apeló la decisión.
La observación la realizó la Cámara Federal porteña cuando otros imputados apelaron la medida cautelar de Ercolini. En función de esta situación, el magistrado envió un oficio para que la División Operaciones Federales de la Policía Federal notifique a Fernández de las medidas dispuestas y se le pidió que designe abogado defensor. Fuentes judiciales señalaron que, posiblemente, el hecho de que el expresidente no se haya presentado en el expediente donde cuenta con una doble imputación es porque “desconoce esta decisión de que pesa sobre él una sospecha respecto a la maniobra bajo investigación”.
Hasta el momento no apeló ninguna de las medidas que el juzgado dictó sobre su patrimonio y otras acciones a través de las cuales se busca clarificar el entramado bajo investigación.
En esta etapa de la pesquisa se encuentran bajo estudio documentos firmados por representantes de distintos organismos del Estado que dan cuenta sobre la designación de intermediarios en la toma de seguros de forma previa a la firma del cuestionado Decreto de Fernández que impuso al Estado Nacional la contratación exclusiva de Nación Seguros. Esta a su vez, habilitó la participación de intermediarios.
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