A lo largo de 240 artículos y 162 páginas, La Ley Bases que aprobó la Cámara de Diputados y que ahora debe debatir el Senado impulsa un ambicioso paquete de reformas. Muchas de ellas polémicas, como el capítulo que declara la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, otorgándole al presidente, Javier Milei, facultades para legislar en esos rubros.
Es uno de los puntos más controversiales y fue causal del naufragio del proyecto original en febrero, tras lo cual volvió a la Cámara Baja con modificaciones.
La oposición cuestiona que, también en su versión actual, implica otorgarle “la suma del poder público” al Ejecutivo y advierte que le permitiría modificar o eliminar las competencias, funciones y cantidad de empleados de organismos como el Conicet o el Instituto de Cine (Incaa), entre muchos otros. Los bloques cercanos al oficialismo, por su parte, aclaran que los gobiernos anteriores también recibieron facultades similares.
Por otro lado, el proyecto habilita al Presidente a iniciar el proceso de privatización de más de una decena de empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos, y varias compañías de comunicaciones, transporte y energía. Esto incluye la privatización parcial de Nucleoeléctrica, a cargo de las centrales nucleares del país. En su versión original, la ley contemplaba la posibilidad de privatizar cerca de 40 empresas.
En otro orden, el llamado “Régimen de incentivo a las grandes inversiones” (RIGI), incluido en la norma, busca promover la llegada de capitales extranjeros con beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios. Es otra de las medidas que generó controversia en varios sectores. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), por ejemplo, señalaron que la medida excluye a las pequeñas y medianas empresas y perjudica a la industria nacional, mientras el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió que el régimen es “una puerta de acceso” para “capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas”.
Otro punto conflictivo tiene que ver con la reforma laboral que extiende el período de prueba de tres a seis meses e incluso hasta un año; condona multas a empresas con trabajadores no registrados y plantea la implemetación de un fondo de cese laboral que reemplaza al actual régimen de indemnizaciones.
Por último, el paquete fiscal restituye el impuesto a las Ganancias para trabajadores con ingresos superiores a $1,8 millones ($2,2 millones en el caso de los casados con hijos). El gravamen había sido derogado en 2023 con el aval del Congreso y el respaldo del entonces diputado Milei.
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