Lejos de la extensa versión original que fracasó en febrero, la Ley Bases que desde ayer debate la Cámara de Diputados se reduce a un texto bastante más acotado, con reforma laboral (también limitada) y paquete fiscal incluidos. Con 232 artículos (más otros 112 de medidas fiscales), el proyecto propone declarar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.
En el ámbito laboral, los cambios (consensuados con la oposición y con guiños al sindicalismo) extienden el período de prueba (de los actuales 3 meses) a 6 y 8 meses. Se eliminan las multas por trabajo no registrado y se crea un fondo de cese laboral (opcional por convenio colectivo, al estilo UOCRA) para indemnizaciones.
Por otro lado, se agrega un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (iguales o superiores a u$s 200 millones) con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
En materia de privatizaciones, el Gobierno accedió a eliminar al Banco Nación de este listado, pero mantiene sujetas a privatización total a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U. También quedaron sujetas a privatización o concesión AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. La Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) solo pueden volverse mixtas, con control del Estado.
Además, se faculta al Ejecutivo a disponer la disolución total o parcial, fusión, escisión, modificación o transferencia de organismos de la administración central o descentralizada del Estado. Pero a pedido de la oposición se escribió un listado de organismos “intocables”. Allí aparecen, entre otros, el Conicet, el Incaa, el Incucai y el Inta. También el Ejecutivo podrá intervenir por el plazo de un año organismos descentralizados con exclusión de las universidades nacionales, organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo y Ministerio Público.
En el orden fiscal, se deroga la moratoria previsional que permitía jubilarse a personas que no cumplieran con los años de aporte. Pero a pedido de la UCR se crea una prestación de retiro que permitirá que quienes no cumplan con los 30 años de aporte, al llegar a los 65 años de edad, puedan cobrar un proporcional por los años que aportaron. Se restituirá a su vez el impuesto a las Ganancias para sueldos de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. Para lo que resta del año, el ajuste por inflación será trimestral (en septiembre) y después, cada seis meses.
El Monotributo, en tanto, actualizará los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%. El ingreso tope anual sería de $ 68 millones, con la novedad de que será para actividades de comercio y servicios por igual.
Por otro lado, se prevé un blanqueo para regularizar activos no declarados por hasta US$ 100.000 y aparecen cambios en Bienes Personales, con una baja del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y una disminución en las alícuotas.
COMENTARIOS