Argentina tiene un sistema jubilatorio con amplia cobertura ya que, de la mano de sucesivas moratorias, los números oficiales indican que aproximadamente entre el 90% y 95% de los adultos mayores cobra algún tipo de jubilación o pensión.
Pero esa remuneración no solo es una de las más bajas de Latinoamérica, porque en algunos casos apenas supera los 150 dólares si no se tienen en cuenta los bonos que sirven como refuerzo, el nudo gordiano del sistema es hoy la escasez de aportantes por jubilados.
En Argentina hay 1,6 aportantes por cada pasivo, cuando los expertos sostienen que se necesitan al menos 3,3 aportantes por jubilado para que el sistema sea sustentable.
En nuestro país funciona un régimen de reparto que consiste en que los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, financien las jubilaciones. A esto se le suman otros fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro nacional.
De acuerdo a la consultora Mercer, que mide el nivel de sostenibilidad del sistema jubilatorio en 37 países que representan dos tercios de la población mundial, Argentina se encuentra en el anteúltimo puesto mundial, solo antes que Tailandia.
El índice de adecuación mide los beneficios, ahorro y soporte fiscal de cada sistema; el índice de sostenibilidad calcula la cobertura, el total de activos contribuciones, deuda gubernamental y crecimiento económico; la integridad estima las regulaciones y costos operativos, entre otras variables.
De acuerdo al último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el déficit del sistema previsional es crónico. El desequilibrio radica en que por cada jubilado hay en promedio 1,6 trabajadores activos aportando al sistema de Anses, cuando debería haber 3,3 aportantes por cada pasivo para que las jubilaciones puedan ser sostenidas por los aportes de los trabajadores.
En otras palabras, para sostener a los jubilados actuales deberían aumentar en un 102% los trabajadores registrados. Por eso, actualmente el sistema previsional se financia con parte de la recaudación impositiva.
Parte de los recursos fiscales generados por el IVA, Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Créditos y Débitos, como así también de los tributos a los cigarrillos y combustibles, son transferidos a Anses para financiar el déficit de la caja.
De modo tal que $40 de cada 100 pesos que Anses paga en concepto de jubilaciones proviene de la recaudación de estos impuestos, según un informe privado. Esto trae aparejado otro problema, asociado a que el principal financiamiento del déficit depende de un sistema impositivo regresivo.
Es decir, el tributo impacta sobre la actividad económica y no sobre los patrimonios. Y si la actividad aumenta, crece la recaudación, pero cuando decrece también caen los recursos fiscales.
Actualmente hay 5,5 millones de jubilados, de los cuales el 61,4% ingresó por una moratoria (es decir, no contaba con la cantidad de años de aportes suficientes). En tanto, existen 10,3 millones de aportantes que con su contribución cubren el 55% de los gastos previsionales: por lo tanto, los fondos restantes provienen del Tesoro nacional.
En el país, actualmente, hay 7 millones de adultos mayores que reciben un haber jubilatorio o pensión por los aportes hechos por el cónyuge fallecido. De esa cantidad, 5.417.890 son jubilados y 1.638.617 pensionados, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Los beneficiarios del sistema previsional son hoy el doble de los que había en 2001. Cerca del 95% de las personas mayores cuenta con algún ingreso previsional, lo que convierte al país en uno de los de mayor cobertura en Sudamérica.
Los jubilados y pensionados hoy tienen condiciones de vida críticas con un sistema de jubilación de reparto con al menos dos problemáticas claves: el actual mercado laboral se encuentra en un 37% en la informalidad (generando que los aportes para pagar las jubilaciones sean cada vez menos) y hay una fórmula de movilidad que no sigue a la inflación, por lo cual se requiere de bonos permanentes que han achatado el nivel de ingreso real de todos los jubilados.
Con datos de septiembre de 2023, si se compara la jubilación de nuestro país en relación con demás países de Latinoamérica, se observa que en Uruguay es de U$S446; en Bolivia, U$S298; en Perú, U$S255; y en Ecuador, U$S225. Por lo que nuestro país se ubica casi en el final de la lista con U$S154 para septiembre 2023. Pero si se contabilizara sin bono, solo estaría un escalón arriba de Venezuela, que hoy tiene una jubilación de U$S5,8.
En términos reales, hace más de una década que el jubilado pierde contra la inflación. Solo los bonos que no se asignan a todos los jubilados -sino a los de la mínima- son los que sostienen la diferencia.
De acuerdo a una canasta que elabora CEYSAC (Centro de educación, servicios y asesoramiento al consumidor), la jubilación con bono solo alcanza a cubrir productos de consumo masivo, pero no así los servicios básicos para el hogar y los gastos de consumo para el hogar. Es decir, con la jubilación y la fórmula de movilidad actual no se cubre una canasta básica y con el bono queda apenas cerca de la línea de pobreza, revela Focus Market.
La situación de los jubilados es muy frágil. Al analizarla en una serie histórica, una jubilación mínima hoy compra 2,52 de una canasta básica. Pero si se calculara sin el bono, esta alcanzaría tan solo el 1,96, lo que significa que con una jubilación mínima un jubilado estaría apenas sobre la línea de indigencia. En cambio, en el 2016 con una jubilación mínima se accedía a 3,7 canastas básicas.
Al final de su vida activa, un jubilado no puede en nuestro país, con su derecho ganado a lo largo de sus años de trabajo y aporte, convertirse en un pasivo plenamente. Luego de trabajar más de 30 o 40 años, tiene que destinar horas de su tiempo a buscar algún trabajo.
De acuerdo al INDEC, la población de más de 65 años destina al menos 5 horas de su día a trabajar, lo cual coincide con la falta de ingresos jubilatorios para cubrir la canasta básica. Si no trabajara, caería en la indigencia o en la pobreza.
El actual sistema jubilatorio se encuentra quebrado y con problemas sin resolver. Si continúa vigente una fórmula de movilidad que no tenga entre su principal componente a la inflación, será muy difícil que los jubilados puedan estar por sobre la línea de pobreza y el achicamiento de la pirámide, por el cual los que más aportaron cobran menos en términos reales y sin bonos.
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