Con su publicación en el Boletín Oficial el Gobierno oficializaría hoy la reglamentación del capítulo del mega DNU que desregula el sistema de obras sociales, adelantaron fuentes oficiales.
La norma, que busca que los trabajadores puedan optar libremente por los servicios de las prestadoras que administran los sindicatos o las prepagas, no sólo puso en alerta a la CGT sino a las empresas de medicina privada que advierten que podrían recurrir a la Justicia para frenar los cambios o bien aumentar las cuotas para solventar los mayores costos que les demandará el financiamiento del sistema solidario de salud.
Ocurre que la normativa plantea que las empresas de medicina prepaga “se encuentran obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) por el total de la cuota que reciben”, lo que implica para ellas afrontar mayores erogaciones.
En principio, la reforma obligaría a las firmas de medicina privada a aportar un 20% de lo que recaudan de sus clientes al FSR. Hasta ahora ese fondo solo se nutría del 15% de los aportes y contribuciones que trabajadores y empleadores aportaban a las obras sociales sindicales, recursos que administra la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Desde hace meses los gremios alertan que un 90% de esos recursos se destinan para atender los servicios para discapacitados -fueron unos $57 mil millones en enero- relegando el financiamiento de los tratamientos de alta complejidad y medicamentos de alto costo, para los que originalmente fueron destinados.
Aunque se cree que en principio los cambios reglamentarios afectarían a las obras sociales más chicas pero no al grueso del sistema, aún así la nueva imposición podría tener rápidos efectos sobre las cuentas de las prepagas. “Hoy no aportan al Fondo, y por eso pueden pedir un amparo por considerar que se les fija un nuevo impuesto por decreto”, explicaron fuentes del sector.
Opción de elegir prestador
Como señalaron ayer voceros del Gobierno nacional, la intención de la norma es que los trabajadores tengan la libertad de derivar sus aportes desde el inicio de su contratación a la obra social o medicina prepaga que decidan.
“Durante décadas esto no pudo ser así ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba la actividad o el sindicato al que pertenecían, así que esto les va a dar mucha más libertad en virtud de que puedan elegir la obra social que consideren mejor, con mejores servicios, o lo que consideren la mejor atención”, explicaron ayer voceros del Gobierno nacional.
El objetivo de la administración libertaria es que los trabajadores no se vean obligados a permanecer durante todo un año a la obra social asignada por rama, sino que cuenten con la opción de elegir los prestadores que consideren al comenzar un nuevo empleo sin intermediación.
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