Ocurrió ya con las provincias y ahora puede extenderse al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense: el gobierno nacional está evaluando la posibilidad de quitar los subsidios al transporte de colectivos que circula entre ambas jurisdicciones.
Mientras la relación con los gobernadores de varios distritos es cada vez más tensa por los recortes en los envíos de fondos, en la Casa Rosada la información fue confirmada por uno de los funcionarios cercanos al presidente Javier Milei. La semana pasada una medida similar provocó que en ciudades como Córdoba Capital el boleto aumentara el sábado un 105%, llegando a los $ 700. Lo mismo pasaría en otros distritos del Interior.
“Puede haber quita de subsidios, aunque todavía no sabemos cómo ni cuándo”, aseguró la misma fuente. Tampoco se animaron a pronosticar cuál sería el incremento en las tarifas, si la iniciativa avanza. Las cámaras del sector, en tanto, aseguran que los fondos que deben recibir de las arcas estatales actualmente están frenados por el ministerio de Economía del cual depende la secretaría de Transporte. Describen la situación que atraviesan como “muy preocupante” y no descartan una reducción de servicios porque no pueden afrontar los costos.
Si el Gobierno adopta esta decisión sería un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores y se enmarca dentro del plan de recortes desde Nación hacia las provincias. La idea primaria era la de reducir las subvenciones al transporte en un 35% aproximadamente durante el primer año de gestión mileista.
Durante 2023 los subsidios, de acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, alcanzaron unos $951.987 millones con un incremento del 4,2% respecto al año anterior en términos reales. Unos $479.216 millones, casi la mitad, fueron destinados al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT). Ese fondo fiduciario creado en 2001, figura en la lista de los que posiblemente Milei elimine próximamente por decreto porque los considera “cajas negras de la política” debido a la falta de controles de parte del Estado.
El miércoles 14 de febrero las cinco cámaras empresarias de la región metropolitana (AAETA, CETUBA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA) le enviaron una carta al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, en la que expusieron sus dificultades operativas.
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