La línea telefónica 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad de la Nación para denunciar presiones dentro de las organizaciones sociales para entregar parte del monto de un plan social a cambio de mantenerlo, o extorsiones para participar de marchas como la que encabezará este miércoles la CGT en el marco de un paro general, recibió en un mes 57.300 llamados. Dentro de ese universo, 30 movimientos sociales quedaron mencionados en 3515 denuncias. En un informe de la cartera que conduce Patricia Bullrich, se menciona un caso de la zona de Guernica (partido de Presidente Perón, en el sur del conurbano bonaerense), en el que una beneficiaria del plan Potenciar Trabajo denuncia que una referente de un movimiento social le pedía una transferencia, que varió entre los $5000 y los $10.000, para mantener el beneficio.
Esa denunciante también afirmó que fue dada de baja en noviembre del año pasado y aportó el número de cuenta de la persona a la que debía transferirle el dinero (realizaba pagos por ella y por su marido, que también recibía un plan social).
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